Otra vez el choque de proyectos políticos: las reformas para la despenalización del aborto en el Distrito Federal fueron atacadas por el presidente Felipe Calderón y por su esposa, y finalmente impugnadas ante la Suprema Corte por la Procuraduría General de la República. Se sumó José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno capitalino y la mayoría de los diputados locales confían en que la consejera jurídica Leticia Bonifaz haga valer sus argumentos para bien del Estado laico.
Al defender ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las reformas legales del Distrito Federal para despenalizar el aborto y garantizar la vida de las mujeres que decidan practicarlo, el gobierno capitalino tendrá “que reforzar no sólo la idea del Estado laico, sino casi revivir a Benito Juárez si es necesario”, sostiene Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Marcelo Ebrard.
Y es que tanto al Gobierno del Distrito Federal (GDF) como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) les tocará combatir “la visión de Estado confesional que pretende imponer el gobierno de Felipe Calderón”, señala Víctor Hugo Círigo, presidente del órgano legislativo local.
Entre el 24 y el 25 de mayo pasados la SCJN recibió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal que se aprobaron el 24 de abril y se publicaron dos días después en la Gaceta Oficial capitalina.
En los recursos presentados, la CNDH y la PGR consideran que dichas reformas implican violaciones a los artículos 1, 4, 14, 16, 22, 73, 122, 123 y 133 de la Constitución. La CNDH agregó la presunta trasgresión a los artículos 6 y 24.
En entrevistas por separado, Bonifaz Alfonzo y Círigo Vázquez coinciden en que el gobierno local y la Asamblea Legislativa trabajarán de manera coordinada y con el apoyo de especialistas para defender la despenalización, tal como lo hicieron en la elaboración de las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud que la sustentan.
Ambos funcionarios dicen que durante el trabajo legislativo siempre se consideró la posibilidad de que las reformas fueran impugnadas por el gobierno federal, pero no lo esperaban de José Luis Soberanes.
Leticia Bonifaz considera que la intervención del ombudsman es preocupante “porque está reflejando su propia ideología en un asunto en el que no tomó en cuenta a los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, que aunque no es vinculante, significa que está haciendo las cosas en lo oscurito. Veo muy sospechoso que nadie de ese consejo se pronuncie en estos momentos”.
Desde su nombramiento como presidente de la CNDH, José Luis Soberanes fue cuestionado por su activismo religioso en el Opus Dei. Así está asentado en el diario de debates del Senado, en la parte referente a la sesión ordinaria del 11 de noviembre de 1999, cuando el perredista Mario Saucedo cuestionó que panistas y priistas eligieran a Soberanes para el cargo, pues se identificaba “con la derecha, con esta derecha conservadora, con esta derecha vinculada al Opus Dei”. Y señaló el riesgo de que “en lugar de tener un ombudsman que defienda los derechos humanos, tengamos una especie de inquisidor del Santo Oficio de la Colonia”.
La obra y la sombra
Condecorado por el gobierno de España con la Cruz de Honor de San Raymundo de Peñafort, Soberanes Fernández está incluido en el claustro docente de la Universidad Panamericana (dirigida por el Opus Dei), que el 14 de noviembre de 2006 le entregó un reconocimiento por su labor docente “a pesar de no dedicarse de tiempo completo al magisterio en aulas”, según se señala en la página de internet de dicha universidad.
En febrero de 2000, organizaciones feministas condenaron la participación del ombudsman en un congreso organizado por el Arzobispado de México: Jesucristo, encarnación de Dios, jubileo de la sacralidad de la vida Humana. Soberanes participó con la ponencia El derecho a la vida en los Estados constitucionales modernos.
Ya con Felipe Calderón en el gobierno, la autonomía de Soberanes fue puesta en duda tras las resoluciones que la CNDH emitió sobre la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario y por la represión al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Los señalamientos hacia Soberanes se incrementaron cuando interpuso la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes del Distrito Federal al margen del Consejo Consultivo de la CNDH y casi al mismo tiempo que la PGR, sobre todo porque Calderón y su esposa, Margarita Zavala, se habían pronunciado ya contra la decisión de la mayoría de los legisladores capitalinos.
Y es que para el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, “la lectura política” que surge después de los recursos presentados por la PGR y la CNDH es que corresponden a una decisión que salió “de una oficina de la Presidencia de la República”.
Ante las “deducciones” a que da pie su conducta, dice Círigo, la ALDF solicitó a la contraloría interna de la CNDH que investigue a Soberanes Fernández, porque siendo sus atribuciones “la protección de los derechos humanos, en su decisión de acción de inconstitucionalidad no se compadece de los derechos humanos de las mujeres del DF”.
Sobre el hecho de que no tomó en cuenta al Consejo Consultivo, el pasado 28 de mayo Soberanes declaró en el noticiario radiofónico de Joaquín López Dóriga que se abstuvo de consultar porque en temas como el aborto los consejeros “tienen opiniones divergentes”.
Ante López Dóriga –quien forma parte del Consejo Consultivo, pero no lo aclaró en la entrevista–, Soberanes aseguró que en la decisión personal de interponer una acción de inconstitucionalidad no es uno de “los casos que la ley y el reglamento obliguen” al titular de la CNDH a acudir a los consejeros.
Además del conductor de radio y televisión, forman parte del Consejo Consultivo tres miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Héctor Fix-Zamudio, Miguel Carbonell Sánchez y María Patricia Kurczyn Villalobos); dos miembros del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM (Paulette Dieterlen Struck y Juliana González Valenzuela); el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Fernando Serrano Migallón; el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Ricardo Pozas Horcasitas; la maestra emérita de la Facultad de Psicología de la UNAM, Graciela Rodríguez Ortega, y la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila y actual magistrada presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Miriam Cárdenas Cantú.
En la entrevista con Proceso, Víctor Hugo Círigo subraya que para elaborar las reformas sobre el aborto la ALDF contó con la asesoría de Miguel Carbonell, quien “se excusó de formar parte del equipo de constitucionalistas que van a apoyarnos para enfrentar las acciones de inconstitucionalidad, precisamente porque forma parte del Consejo Consultivo de la CNDH”.
Entre los constitucionalistas que formarían parte del comité de apoyo a la ALDF, añadió, estarán quienes respaldaron desde un principio las reformas, entre ellos Diego Valadés, Lorenzo Córdova y Pedro Salazar, así como Jorge Carpizo y Raúl Carrancá y Rivas.
Círigo Vázquez reconoció que fueron los constitucionalistas consultados quienes “dieron la salida para las reformas, y nos dijeron que no era el lado de la quinta causal, que incluía lo del ‘proyecto de vida’ propuesto por Alternativa Socialdemócrata, sino por la definición de tipificación del delito. En este asunto, la doctora Bonifaz tuvo un papel muy importante porque ella nos acercó con los especialistas”.
Así mismo, sostiene Bonifaz Alfonzo, la PGR y la CNDH “hablan de la discriminación del embrión, pero no se toma en cuenta cuando corre peligro la vida de la mujer, y esa es la clave. Si tú sacas a la mujer del tema del aborto, ¿entonces de qué estamos hablando?”
Indignada, destaca un párrafo en la página 32 de la impugnación de la CNDH: “Consecuentemente, no vemos por ningún lado que el derecho de procreación implique el derecho fundamental de la mujer a la autodeterminación de su cuerpo, mucho menos a una maternidad aislada, esto sin que se considere al padre progenitor”.
La CNDH dice que “en el artículo 4 de la Constitución se estableció el principio de igualdad entre el varón y la mujer junto con el derecho a la procreación”, por lo que, en suma, este derecho “pertenece a la pareja”.
Bonifaz Alfonzo comenta: “José Luis Soberanes niega el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y esa es la clave de toda la lucha feminista, con esos argumentos no hay posibilidad de comunicación”.
“Tengo la experiencia para ganar el caso, pero además cuento con muchos apoyos. Esta lucha es para sentar de una vez por todas las bases de un Estado laico”, resume la jurista...
Fuente: Gloria Leticia Díaz, Proceso 1596.
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