Para los legisladores mexicanos que participaron en la 46 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, debió de ser extraordinariamente incómodo y penoso enterarse por Silvestre Reyes , presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa solicitó formalmente al Congreso estadunidense incrementar la ayuda para el combate al narcotráfico y el crimen organizado, y que lo hizo a espaldas del Congreso de la Unión.
Gracias al muy influyente congresista Reyes –nacido en Canutillo, Texas, exagente de la tan temida como corrupta Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y que, dicho sea de paso, en ninguna de sus dos páginas electrónicas oficiales muestra su apellido paterno--, los legisladores, la opinión publica y publicada nos enteramos que ambos gobiernos trabajan para dotar a México de un símil del fracasado plan Colombia , que permitió a Estados Unidos convertir a este país en su aliado más sólido en Latinoamérica e intervenir directamente en la guerra civil que confronta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez , sellado como está por el escándalo de los vínculos demostrados a varios de sus funcionarios de primer nivel con los grupos paramilitares.
Tras la primicia recibida por los legisladores aztecas en Austin, Texas, las investigaciones periodísticas revelan que desde abril de 2007, en que visitó nuestro país Alberto Gonzáles y John P. Walters , director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca , se alcanzaron los primeros acuerdos para “fortalecer la cooperación antinarcóticos entre los dos países” que incluyó el ofrecimiento de aeronaves, equipo de espionaje y seguimiento, así como cursos de capacitación. Las negociaciones del plan México las documentó The Dallas Morning News a mediados de mayo.
Debe recordarse que el procurador de origen mexicano y que está metido en serios aprietos por decisiones atrabiliarias en contra de varios fiscales, reconoció en Jiutepec, Morelos, el 8 de junio, que su país ya ha dado “entrenamiento a policías y fiscales”.
El autodenominado gobierno de leyes, que ofreció Calderón Hinojosa desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la constancia de mayoría, sólo atinó a lanzar al ruedo a la Secretaría de Relaciones Exteriores con un boletín de prensa con el que hizo los saludos a la bandera : “La cooperación internacional... tiene características propias y responde a las necesidades específicas de nuestro país, sin asumir esquemas aplicados en otras naciones, y se realiza con pleno respeto a la soberanía de México y las disposiciones constitucionales en la materia”.
Si la dependencia que dirige Patricia Espinosa Cantellano reaccionara con apego a los hechos informados por el congresista texano, no se comprendería la secrecía con la que se condujo Calderón, y que poco tiene que ver con las prácticas elementales de ocultar información que sirva a los cárteles de las drogas y al crimen organizado, sino más bien con políticas consistentes de subordinación a los proyectos geoestratégicos del imperio en retroceso continuo, pero imperio al fin, desarrolladas sin condiciones ni ventajas para nuestro país, por los gobiernos de Vicente Fox Quesada –“presidente de todos los mexicanos”, le denominó el michoacano en la convención panista de León, Guanajuato-- y el actual.
Dentro de dos semanas, Felipe de Jesús Calderón se molestará en informar a los otros poderes de la Unión y a los gobernados sobre lo que está negociando en Washington en el mayor de los sigilos y que dentro de dos meses entrará en vigor.
Sería deseable que antes se diera tiempo para revisar la experiencia colombiana, pero sin los lentes ideológicos con los que acostumbra leer la terca realidad que ya lo rebasó.
Fuente: Eduardo Ibarra Aguirre, Machete Arte.
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