Las reformas a la Ley de los Derechos Humanos que realiza el Congreso del Estado son peligrosas, porque se llevan a cabo "al vapor", tienen incongruencias y presentan grandes carencias que pueden acarrear graves repercusiones, señalan siete organizaciones no gubernamentales y la propia consejera ciudadana de la Codhey
Siete organizaciones no gubernamentales y la propia consejera ciudadana de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) aseveraron ayer que las reformas a la ley del ramo que realiza el Congreso del Estado se llevan a cabo "al vapor", son incongruentes y presentan grandes carencias que pueden tener graves repercusiones en la defensa y protección de los derechos humanos.
Ante esa situación, anunciaron que mañana lunes entregarán una carta al Poder Legislativo, en la que exigen que se detenga el proceso para dictaminar las reformas y se abra, a la vez, un espacio para que la sociedad y organizaciones civiles aporten propuestas para enriquecer el documento.
Al día siguiente, es decir, el martes próximo, acudirán a la sesión pública del pleno para insistir en que las reformas a la Ley de los Derechos Humanos no se hagan de manera unilateral y en los términos actuales, ya que ello representaría un retroceso legal en la defensa de los derechos ciudadanos en Yucatán.
En conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones no gubernamentales resaltaron que tal parece que las reformas planteadas buscan consolidar la impunidad de los funcionarios y autoridades, en vez de fortalecer el marco legal para que los ciudadanos puedan defenderse de los atropellos a sus garantías individuales.
Pusieron como ejemplo de las incongruencias, el hecho de proponer conciliaciones con los agresores de hechos consumados, cuando lo que amerita es aplicar o exigir las sanciones que correspondan.
De igual forma puntualizaron el articulado que otorga cinco días para que responda el agredido, en tanto que a la autoridad, que dispone de todos los recursos materiales, económicos y jurídicos, se le da 10 días para hacerlo, lo que consideraron poco tiempo en el primer caso y demasiado en el segundo.
Los entrevistado añadieron que si no se corrigen esas deficiencias ahora y se permiten las reformas que atentarán contra los derechos humanos, será más difícil después defenderse de las cadenas de abusos en contra de los ciudadanos.
Copias del proyecto de ley ya fueron enviadas a la Comisión Nacional para la Prevención del Delito y a Sensida, con el objeto de que lo conozcan y emitan sus respectivas posturas.
Sostuvieron que las reformas al vapor que realizan los diputados es un trabajo irresponsable, además que de aprobarse en las condiciones planteadas, coarta incluso la libertad de expresión de los propios consejeros miembros de la Codhey.
La carta que entregarán el lunes al Congreso señala lo siguiente:
"Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación en torno a las modificaciones planteadas en el Proyecto de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que, según algunos medios de comunicación, actualmente se encuentra en análisis para ser presentado al pleno y posiblemente aprobada en los próximos días.
"En junio de 2006 el Congreso del Estado y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, convocaron a un foro sobre reformas a la Ley del ramo para que la sociedad civil, desde sus organizaciones, presentara propuestas encaminadas a perfeccionar dicha Ley. En el Foro se expusieron una gran cantidad de ponencias que actualmente no vemos reflejadas en el documento que nos ocupa.
"Las organizaciones aquí representadas, aún cuando es de público reconocimiento nuestro interés y nuestro trabajo en el campo de los derechos humanos, no fuimos convocados de manera previa a conocer el texto o a realizar alguna aportación a las propuestas; podríamos haber hecho extensivas nuestra experiencia y hubiéramos compartido ejemplos exitosos nacionales e internacionales. En cambio, nos hemos enterado de este proyecto a través de los medios de comunicación, por lo que acudimos a la consejera de la Codhey, Olga Moguel, para analizar junto con ella el documento.
"Después de revisar el documento, encontramos incongruencias, carencias, ambigüedades, imprecisiones, y un cúmulo de errores gramaticales que en conjunto dan como resultado una Ley que por sus deficiencias, puede tener graves repercusiones en la defensa y protección de los derechos humanos.
"En conclusión, exhortamos a los diputados de la LVII Legislatura a detener el proceso de dictamen y aprobación de este Proyecto de modificaciones, y en cambio, abrir un espacio de trabajo compartido con ciudadanos y organizaciones civiles involucradas en el trabajo de los derechos humanos, en un proceso que pase por el tamiz de la transparencia, el análisis, la crítica, la congruencia y el compromiso social".
Estuvieron en la conferencia de prensa, Carlos Méndez Benavides, de Oasis San Juan de Dios; José Maldonado, de la Red de Personas Afectadas por VIH; Ligia Vera Gamboa, de Grupo Multisectorial Ciudadano por VIJH-Sida; Socorro Chablé, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Laborales; Amelia Ojeda Sosa y Sandra Peniche Quintal, de la Unidad de Atención Sicológica Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal; Olga Moguel Pereira, consejera de la Codhey; Nancy Walter, de Ciencia Social Alternativa, A.C. y Mirna Navarro, de la Asociación Profesor Santiago Navarro Silva.
Fuente de la info: Rafael Mis Cobá, Por Esto!
Siete organizaciones no gubernamentales y la propia consejera ciudadana de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) aseveraron ayer que las reformas a la ley del ramo que realiza el Congreso del Estado se llevan a cabo "al vapor", son incongruentes y presentan grandes carencias que pueden tener graves repercusiones en la defensa y protección de los derechos humanos.
Ante esa situación, anunciaron que mañana lunes entregarán una carta al Poder Legislativo, en la que exigen que se detenga el proceso para dictaminar las reformas y se abra, a la vez, un espacio para que la sociedad y organizaciones civiles aporten propuestas para enriquecer el documento.
Al día siguiente, es decir, el martes próximo, acudirán a la sesión pública del pleno para insistir en que las reformas a la Ley de los Derechos Humanos no se hagan de manera unilateral y en los términos actuales, ya que ello representaría un retroceso legal en la defensa de los derechos ciudadanos en Yucatán.
En conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones no gubernamentales resaltaron que tal parece que las reformas planteadas buscan consolidar la impunidad de los funcionarios y autoridades, en vez de fortalecer el marco legal para que los ciudadanos puedan defenderse de los atropellos a sus garantías individuales.
Pusieron como ejemplo de las incongruencias, el hecho de proponer conciliaciones con los agresores de hechos consumados, cuando lo que amerita es aplicar o exigir las sanciones que correspondan.
De igual forma puntualizaron el articulado que otorga cinco días para que responda el agredido, en tanto que a la autoridad, que dispone de todos los recursos materiales, económicos y jurídicos, se le da 10 días para hacerlo, lo que consideraron poco tiempo en el primer caso y demasiado en el segundo.
Los entrevistado añadieron que si no se corrigen esas deficiencias ahora y se permiten las reformas que atentarán contra los derechos humanos, será más difícil después defenderse de las cadenas de abusos en contra de los ciudadanos.
Copias del proyecto de ley ya fueron enviadas a la Comisión Nacional para la Prevención del Delito y a Sensida, con el objeto de que lo conozcan y emitan sus respectivas posturas.
Sostuvieron que las reformas al vapor que realizan los diputados es un trabajo irresponsable, además que de aprobarse en las condiciones planteadas, coarta incluso la libertad de expresión de los propios consejeros miembros de la Codhey.
La carta que entregarán el lunes al Congreso señala lo siguiente:
"Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación en torno a las modificaciones planteadas en el Proyecto de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que, según algunos medios de comunicación, actualmente se encuentra en análisis para ser presentado al pleno y posiblemente aprobada en los próximos días.
"En junio de 2006 el Congreso del Estado y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, convocaron a un foro sobre reformas a la Ley del ramo para que la sociedad civil, desde sus organizaciones, presentara propuestas encaminadas a perfeccionar dicha Ley. En el Foro se expusieron una gran cantidad de ponencias que actualmente no vemos reflejadas en el documento que nos ocupa.
"Las organizaciones aquí representadas, aún cuando es de público reconocimiento nuestro interés y nuestro trabajo en el campo de los derechos humanos, no fuimos convocados de manera previa a conocer el texto o a realizar alguna aportación a las propuestas; podríamos haber hecho extensivas nuestra experiencia y hubiéramos compartido ejemplos exitosos nacionales e internacionales. En cambio, nos hemos enterado de este proyecto a través de los medios de comunicación, por lo que acudimos a la consejera de la Codhey, Olga Moguel, para analizar junto con ella el documento.
"Después de revisar el documento, encontramos incongruencias, carencias, ambigüedades, imprecisiones, y un cúmulo de errores gramaticales que en conjunto dan como resultado una Ley que por sus deficiencias, puede tener graves repercusiones en la defensa y protección de los derechos humanos.
"En conclusión, exhortamos a los diputados de la LVII Legislatura a detener el proceso de dictamen y aprobación de este Proyecto de modificaciones, y en cambio, abrir un espacio de trabajo compartido con ciudadanos y organizaciones civiles involucradas en el trabajo de los derechos humanos, en un proceso que pase por el tamiz de la transparencia, el análisis, la crítica, la congruencia y el compromiso social".
Estuvieron en la conferencia de prensa, Carlos Méndez Benavides, de Oasis San Juan de Dios; José Maldonado, de la Red de Personas Afectadas por VIH; Ligia Vera Gamboa, de Grupo Multisectorial Ciudadano por VIJH-Sida; Socorro Chablé, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Laborales; Amelia Ojeda Sosa y Sandra Peniche Quintal, de la Unidad de Atención Sicológica Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal; Olga Moguel Pereira, consejera de la Codhey; Nancy Walter, de Ciencia Social Alternativa, A.C. y Mirna Navarro, de la Asociación Profesor Santiago Navarro Silva.
Fuente de la info: Rafael Mis Cobá, Por Esto!
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