EL IPAB TRANSFIRIÓ 7,786 INMUEBLES AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS (SAE) Y PRESENTA IRREGULARIDADES DE MAS DE 10 MIL MILLONES DE PESOS: ES PRECISO QUE LA COMISION DE VIGILANCIA CITE A COMPARECER A LUIS MIGUEL ÁLVAREZ, DIRECTOR DEL SAE
Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo
Nuevamente se observan graves irregularidades en la venta de cartera y bienes inmuebles del IPAB y de acuerdo con información del Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, recientemente entregado por la Auditoria Superior de la Federación, se observa que durante 2005 y de manera; prácticamente “silenciosa” el IPAB transfirió aproximadamente 7,786 inmuebles al Sistema de Administración de Bienes Asegurados, entre los cuales y en muchos casos los valores de catastro y avaluó asentados en las escrituras de compra venta son superiores en 10 mil 919 millones de pesos al valor en el que fueron rematados por el SAE, esto quiere decir que el SAE vendió estos bienes inmuebles por debajo de su valor de mercado por lo que nuevamente se observa que en materia de venta de activos y de cartera, estas instituciones violaron la ley, y dañan las finanzas públicas, al evitar que se reduzca el costo del rescate bancario por medio de la venta de activos.
Por ello la ASF concluye que: “no se obtuvieron las mejores condiciones económicas, y por lo tanto se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal”.
De manera adicional se observa que en el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB no se refleja el saldo real de 7,284 bienes inmuebles, ya que registraba un total de 7,767 inmuebles, por lo que se desprende que existe una diferencia de 483 inmuebles, que no aparecen o se encuentran extraviados.
Es importante mencionar que las normas o disposiciones de ley que rigen a la venta de activos en el SAE son mucho mas “laxas” que las que rigen para el IPAB, por ello la transferencia de estos bienes inmuebles debió de haberse hecho con absoluta transparencia, ya que lo que se ha generado en el SAE, es prácticamente una venta de garage, por medio de la cual, personas que estén impedidas por ley para comprar cartera o bienes de manos del IPAB, o personas influyentes que fueron rescatadas por el Fobaproa, estén readquiriendo sus bienes de manos del SAE a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real.
Más aún, la propia Junta de Gobierno del SAE a la fecha, no tiene establecidos lineamientos generales para la enajenación de los bienes, que permitan evaluar las propuestas y determinar la adjudicación de los bienes de acuerdo con su naturaleza.
Por ello, es preciso que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer y a dar una explicación detallada del proceso de venta de activos al Director del SAE, ya que esta venta de garage podría originar hasta lavado de dinero.
En el IPAB la venta de activos y cartera también ha sido un negocio para ricos e influyentes:
El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, y bajo el amparo del mismo se realizarían todas las operaciones de venta de activos del Instituto.
El objetivo central del Programa era, el de obtener el máximo valor de recuperación posible de los Bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, para reducir lo más posible el costo fiscal del Rescate Bancario.
El propio marco jurídico estableció que las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, o que presentaran cartera vencida o bien que, mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto.
Lo anterior a pesar de contar con cierta lógica (que los grandes deudores no pudieran recomprar sus activos o deudas a precios chatarra) impidió que los pequeños y medianos deudores recompraran sus deudas y el negocio fuera para las Administradoras y Compradoras de Cartera, quiénes han lucrado con la deuda de muchos mexicanos.
A pesar de ello, el objetivo del programa no se ha cumplido, y a la fecha el IPAB ha vendido un total de 325,698 créditos en tan sólo 10 mil 539 millones de pesos, esto es a un valor promedio de 32 mil 258 pesos por crédito, mismos que amparan casas de interés social, casas residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etc, y cuyo valor es muy superior al precio pagado por estas compañías al IPAB.
En una violación flagrante a la propia Ley del IPAB, y con consecuencias adversas para las finanzas públicas, grandes grupos rescatados por el Fobaproa, han podido recomprar sus propiedades a precios irrizorios, de hecho los propios bancos han recomprado a precios de ganga, las carteras que algunas ves le vendieron al gobierno con todo e intereses moratorios.
En otros casos mediante el tráfico de influencias y utilizando información privilegiada miembros de la familia presidencial se han visto beneficiados a través de empresas y prestanombres que han actuado a su favor; tal es el caso de Construcciones Prácticas y los derechos litigiosos para adquirir casas de 3,000 pesos.
Esta situación también ha provocado que gente vinculada con el narcotráfico utilice estos mecanismos para “lavar dinero”, ya que como se ha visto no hay ningún control sobre los supuestos compradores de la cartera, pues el IPAB en todo momento ha negado cualquier información coadyuvando con ello a la falta de transparencia y rendición de cuentas.
Para corroborar lo anterior solo basta recordar que existen bancos como Banorte, (banco que fue rescatado y que tiene pagarés de fobaproa) que aparecen como “compradores” de bienes subastados por el IPAB, también aparecen grupos económicos como Bachoco quien fue rescatado por el Fobaproa y ahora se beneficia con la “compra de activos vendidos por el IPAB” que consisten en 7 inmuebles ubicados en Puebla, hay que recordar que grupo Bachoco en dónde la familia Bours aparece como accionista perteneció al “barzón de los ricos” quiénes se beneficiaron a través de la UCABE de jugosas reestructuraciones y quebrantos de sus deudas que fueron a parar a la panza del Fobaproa.
También figuran personajes políticos, lideres síndicales o apellidos de prominentes empresarios como es el caso de: Patricia Olamendi, Gilda R. Bours, Marcos Giacaman (hermano del Subgobernador del Banco de México) entre otros,
De esta lista de “compradores de activos” destaca el denominado “Consorcio Panista” representado por Wadi Amar ShabShab e Isabel López Castellanos”, a quienes se enajenaron 2 inmuebles en Hermosillo Sonora, de hecho el edificio sede actualmente de los senadores panistas, también fue adquirido a por Diego Fernández, de manos del IPAB.
Todos recordamos todavía el caso de CINTRA y Mexicana de Aviación, es decir este tipo de operaciones y las personas físicas y morales que se han beneficiado con estas subastas explican en buena medida las razones por las cuales la venta de activos del IPAB ha sido un rotundo fracaso para las finanzas públicas y para los contribuyentes, y un jugoso negocio para los bancos y para los influyentes.
Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo
Nuevamente se observan graves irregularidades en la venta de cartera y bienes inmuebles del IPAB y de acuerdo con información del Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, recientemente entregado por la Auditoria Superior de la Federación, se observa que durante 2005 y de manera; prácticamente “silenciosa” el IPAB transfirió aproximadamente 7,786 inmuebles al Sistema de Administración de Bienes Asegurados, entre los cuales y en muchos casos los valores de catastro y avaluó asentados en las escrituras de compra venta son superiores en 10 mil 919 millones de pesos al valor en el que fueron rematados por el SAE, esto quiere decir que el SAE vendió estos bienes inmuebles por debajo de su valor de mercado por lo que nuevamente se observa que en materia de venta de activos y de cartera, estas instituciones violaron la ley, y dañan las finanzas públicas, al evitar que se reduzca el costo del rescate bancario por medio de la venta de activos.
Por ello la ASF concluye que: “no se obtuvieron las mejores condiciones económicas, y por lo tanto se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal”.
De manera adicional se observa que en el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB no se refleja el saldo real de 7,284 bienes inmuebles, ya que registraba un total de 7,767 inmuebles, por lo que se desprende que existe una diferencia de 483 inmuebles, que no aparecen o se encuentran extraviados.
Es importante mencionar que las normas o disposiciones de ley que rigen a la venta de activos en el SAE son mucho mas “laxas” que las que rigen para el IPAB, por ello la transferencia de estos bienes inmuebles debió de haberse hecho con absoluta transparencia, ya que lo que se ha generado en el SAE, es prácticamente una venta de garage, por medio de la cual, personas que estén impedidas por ley para comprar cartera o bienes de manos del IPAB, o personas influyentes que fueron rescatadas por el Fobaproa, estén readquiriendo sus bienes de manos del SAE a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real.
Más aún, la propia Junta de Gobierno del SAE a la fecha, no tiene establecidos lineamientos generales para la enajenación de los bienes, que permitan evaluar las propuestas y determinar la adjudicación de los bienes de acuerdo con su naturaleza.
Por ello, es preciso que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer y a dar una explicación detallada del proceso de venta de activos al Director del SAE, ya que esta venta de garage podría originar hasta lavado de dinero.
En el IPAB la venta de activos y cartera también ha sido un negocio para ricos e influyentes:
El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, y bajo el amparo del mismo se realizarían todas las operaciones de venta de activos del Instituto.
El objetivo central del Programa era, el de obtener el máximo valor de recuperación posible de los Bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, para reducir lo más posible el costo fiscal del Rescate Bancario.
El propio marco jurídico estableció que las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, o que presentaran cartera vencida o bien que, mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto.
Lo anterior a pesar de contar con cierta lógica (que los grandes deudores no pudieran recomprar sus activos o deudas a precios chatarra) impidió que los pequeños y medianos deudores recompraran sus deudas y el negocio fuera para las Administradoras y Compradoras de Cartera, quiénes han lucrado con la deuda de muchos mexicanos.
A pesar de ello, el objetivo del programa no se ha cumplido, y a la fecha el IPAB ha vendido un total de 325,698 créditos en tan sólo 10 mil 539 millones de pesos, esto es a un valor promedio de 32 mil 258 pesos por crédito, mismos que amparan casas de interés social, casas residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etc, y cuyo valor es muy superior al precio pagado por estas compañías al IPAB.
En una violación flagrante a la propia Ley del IPAB, y con consecuencias adversas para las finanzas públicas, grandes grupos rescatados por el Fobaproa, han podido recomprar sus propiedades a precios irrizorios, de hecho los propios bancos han recomprado a precios de ganga, las carteras que algunas ves le vendieron al gobierno con todo e intereses moratorios.
En otros casos mediante el tráfico de influencias y utilizando información privilegiada miembros de la familia presidencial se han visto beneficiados a través de empresas y prestanombres que han actuado a su favor; tal es el caso de Construcciones Prácticas y los derechos litigiosos para adquirir casas de 3,000 pesos.
Esta situación también ha provocado que gente vinculada con el narcotráfico utilice estos mecanismos para “lavar dinero”, ya que como se ha visto no hay ningún control sobre los supuestos compradores de la cartera, pues el IPAB en todo momento ha negado cualquier información coadyuvando con ello a la falta de transparencia y rendición de cuentas.
Para corroborar lo anterior solo basta recordar que existen bancos como Banorte, (banco que fue rescatado y que tiene pagarés de fobaproa) que aparecen como “compradores” de bienes subastados por el IPAB, también aparecen grupos económicos como Bachoco quien fue rescatado por el Fobaproa y ahora se beneficia con la “compra de activos vendidos por el IPAB” que consisten en 7 inmuebles ubicados en Puebla, hay que recordar que grupo Bachoco en dónde la familia Bours aparece como accionista perteneció al “barzón de los ricos” quiénes se beneficiaron a través de la UCABE de jugosas reestructuraciones y quebrantos de sus deudas que fueron a parar a la panza del Fobaproa.
También figuran personajes políticos, lideres síndicales o apellidos de prominentes empresarios como es el caso de: Patricia Olamendi, Gilda R. Bours, Marcos Giacaman (hermano del Subgobernador del Banco de México) entre otros,
De esta lista de “compradores de activos” destaca el denominado “Consorcio Panista” representado por Wadi Amar ShabShab e Isabel López Castellanos”, a quienes se enajenaron 2 inmuebles en Hermosillo Sonora, de hecho el edificio sede actualmente de los senadores panistas, también fue adquirido a por Diego Fernández, de manos del IPAB.
Todos recordamos todavía el caso de CINTRA y Mexicana de Aviación, es decir este tipo de operaciones y las personas físicas y morales que se han beneficiado con estas subastas explican en buena medida las razones por las cuales la venta de activos del IPAB ha sido un rotundo fracaso para las finanzas públicas y para los contribuyentes, y un jugoso negocio para los bancos y para los influyentes.
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