Dos netas concretas del asunto de Zongolica, sobre la muerte de doña Ernestina

Y ya ayer publicamos dos notas que siguen balconeando al metiroso de Felipe Calderón Hinojosa, el "presidente constitucional" de México y a un tal Soberanes de los Rechuecos Humanos, van dos que publica el Proceso en su versión 1587:

¡Tenemos coraje!

Regina Martínez

XALAPA, VER.- Las autoridades y los habitantes del municipio de Soledad Atzompa insisten en que Ernestina Ascencio falleció a causa del ultraje de los militares y arremeten contra las autoridades federales porque, dicen, intentan exculpar al Ejército.

El alcalde atzompeño, Javier Pérez Pascuala, critica al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien cambió su postura inicial –de que había elementos para presumir una violación–, ahora sostiene que la anciana de 73 años murió “de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario”.

Lo que ha ocurrido desde el 25 de febrero pasado, cuando fue atacada la anciana “por hombres vestidos de verde” en la comunidad de Tetlatzinga, “nos tiene preocupados y ha aumentado el coraje del pueblo, que ve que no se va a aplicar la justicia”, declara el edil, quien considera falso el argumento del ombudsman Soberanes de que “nuestra hermana se murió de anemia aguda, que no hubo violación y que no tenía fracturas. Eso es una mentira que pretende desviar la realidad de los hechos”.

Irritado por las declaraciones de Soberanes, Pérez Pascuala asegura que el funcionario se está prestando para encubrir al Ejército, pues el procurador general de Justicia del estado, Emeterio López Márquez, así como los médicos del Hospital Regional de Río Blanco, “reconocieron que sí hubo violación”.

“Como indígenas nahuas nos preguntamos: ¿cómo es posible que ahora el doctor Soberanes diga lo contrario. Creemos que está ocultando la verdad y trata de desviar la atención de la opinión pública con el propósito de dejar impune este lamentable crimen”, afirma.

Julio Atenco Vidal, luchador social e integrante del ayuntamiento de Soledad Atzompa, una comunidad enclavada en las faldas de la sierra de Zongolica, dice a Proceso que a principios de marzo todos los miembros del cabildo local se entrevistaron con funcionarios de la CNDH. Ahí, recuerda, “los visitadores Pedro Armendáriz y Francisco Platas nos dijeron que todas las evidencias que habían recabado hasta entonces apuntaban a que los soldados eran los responsables”.

Según él, Armendáriz y Platas expresaron en forma confidencial que, “además de que aceptaban la violación de nuestra hermana, estaban convencidos de que los militares eran los culpables”. De hecho el encuentro fue para que las autoridades municipales aportaran detalles sobre el crimen, el escenario y las circunstancias en que se perpetró el ataque. Todas las evidencias apuntaban hacia el Ejército, según reconocieron los dos visitadores, insiste.

Por eso Julio se molestó cuando oyó al presidente Felipe Calderón cuando dijo que Ernestina Ascencio había fallecido por “gastritis crónica no atendida”. “De inmediato –puntualiza– me comuniqué con Pedro Armendáriz para preguntarle si eso era cierto. La respuesta (del visitador) fue contundente: ‘no sé de dónde habrá sacado la información; la CNDH no ha emitido ninguna información oficial’”.

Le desconcierta que la CNDH haya hecho un buen trabajo en este caso, pero lamenta que los resultados estén escondidos. “Lo que pretende el señor Soberanes –dice– es darle un uso político al trabajo que hizo la institución. Lo está tergiversando para darle sustento a lo dicho por el presidente Calderón”.

Asegura que, desde el principio, las autoridades se contradijeron y cita un ejemplo: el 26 de febrero por la noche, horas después de que Ernestina falleció, el coronel José Soberanes informó “ante más de 300 personas” que cuatro soldados estaban arrestados e iban a ser investigados por ese crimen. Pero al día siguiente, el mismo militar declaró: “La información fue que no había ningún soldado arraigado”; a su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de los hechos y dejó correr la versión de que el autor del homicidio había sido un grupo guerrillero.

A juicio del también director de obras del municipio de Soledad Atzompa, “este crimen tenía como objeto provocar un enfrentamiento entre el pueblo y el Ejército, pues nos tienen estigmatizados como gente violenta, lo cual no es verdad, pero sí es verdad que hay una tradición de lucha organizada desde hace más de una década.

“Pero calcularon mal –precisa–, porque pensaron que este pueblo ‘violento’ iba a enfrentar al Ejército, pero estuvo mal su cálculo porque el pueblo reaccionó con sensatez”.

Los representantes comunales de Tetlatzinga, Atexcatcotl y Huixzila, Rosendo Antonio Dolores, Roberto Antonio Soledad y Pablo Ponce Castro, respectivamente, dicen que de no haber justicia en el caso de Ernestina, la situación se volverá crítica.

Rosendo Antonio asegura que “las mujeres están muy preocupadas y temerosas de salir a trabajar a los campos, porque allá es una costumbre salir a cuidar los borregos… Con lo que le ocurrió a la señora Ernestina, ahora tienen miedo”.

Y su compañero de Atexcatcotl se pregunta: “¿Qué va a suceder en nuestros pueblos indígenas si no hay justicia? Si se les otorga impunidad a los soldados que atacaron a la anciana, nuestra gente puede reaccionar para ya no dejar que el Ejército incursione en nuestro territorio”.

Cadena de complicidades

La controversia generada por las declaraciones del presidente de la CNDH fue aprovechada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán y por el procurador de Justicia, Emeterio López Márquez.

El 28 de marzo, el mandatario estatal emitió un comunicado en el que afirmó: “Si por una parte mi gobierno se opone a señalamientos infundados, por otra parte no dejaremos que haya impunidad si se llega a demostrar que el hecho tiene connotación de un homicidio”. De manera simultánea, el procurador Emeterio López ordenó suspender a los peritos María Catalina Rodríguez Rosas, Pablo Pérez Mendizábal e Ignacio Gutiérrez Vázquez, quienes emitieron los dictámenes relativos a la violación, lesiones y fractura de cráneo que sufrió Ernestina Ascencio. Los tres fueron suspendidos de manera “temporal”.

La procuraduría estatal declaró que los peritos suspendidos “incurrieron en actos y omisiones” al elaborar los dictámenes del expediente de queja 2007/901/2/Q.

–¿Qué tanta validez legal tiene para la procuraduría estatal una recomendación de la CNDH? –pregunta la reportera a la subprocuradora de supervisión y control de la dependencia, Carolina Hernández Pinzón.

–Primero tenemos que ver las actuaciones que realizó la CNDH y, según las pruebas desahogadas, tendremos que analizar cuáles son válidas para nosotros… porque no es un juicio el que se lleva aquí, sino un procedimiento administrativo.

–¿Si la CNDH está hablando de irregularidades, qué va a pasar con los exámenes periciales? ¿Se van a desechar del expediente ministerial?

–No. Son pruebas que se están analizando en el propio expediente y será la Fiscalía Especial la que determine si desecha o no las probanzas. Nosotros no podemos intervenir.

Y esta es una ofensa no solo a los indigenas de aquella región, sino a todo el pueblo de México pero vean esto ahora:

Solapador

José Gil Olmos

Organizaciones de derechos humanos, legis-ladores y académicos establecen hoy uno de los juicios éticos más implacabales que haya recibido José Luis Soberanes en su ya larga gestión como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El detonante: su actuación elusiva ante el caso de la indígena Ernestina Ascensio, presuntamente violada por militares en la sierra de Zongolica. Para esos actores políticos y sociales, tal actitud “vergonzante” confirma que el ombudsman protege al Ejército y privilegia sus propios compromisos con el poder político.

Tibieza ante las autoridades, principalmente las militares, es el reproche que le hacen legisladores, organizaciones civiles y expertos al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, después de que el ombudsman declaró que la indígena Ernestina Ascencio Rosario, presuntamente violada por soldados en la sierra de Zongolica, murió a causa de una úlcera gástrica, como lo anticipó el presidente Felipe Calderón.

La actuación del funcionario ha sido “vergonzante”, tardía y opaca, pues, afirman sus críticos, está ligado a intereses políticos. Además, dicen, el organismo que dirige pasa por una crisis de credibilidad y confianza como no la había tenido desde que fue creada en 1990.

Miguel Sarre, visitador de la CNDH durante las presidencias de Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, señala que el “pecado de origen” de Soberanes –quien ya lleva ocho años al frente de la institución– es la poca claridad que hubo en su designación como titular de la comisión por parte del Senado. Ahora, las impugnaciones se centran en la falta de transparencia con la que maneja los casos, en su negativa a permitir el acceso a los expedientes ya terminados y a su sospechoso acercamiento con las autoridades federales.

Responsable de la organización Proderecho, Sarre observa que Soberanes se ha escudado en una argumentación formal y legalista para no jugar en esta etapa de transición democrática un papel fundamental de mediador en los conflictos sociales y defensor de los derechos humanos.

Puntualiza: “La Comisión tiene una estructura enorme, muchos recursos y muchas capacidades legales, ha tenido la mesa puesta para jugar un papel decisivo y determinante en esta coyuntura política, en la cual se acabó el partido oficial, pero no lo ha hecho”.

Y asegura que cuando trabajó en la CNDH, los casos en los que estaban implicados los militares siempre fueron espinosos. “Cuando decíamos que teníamos que ver algo con la Procuraduría de Justicia Militar nos pedían calma para no abrir todos los frentes al mismo tiempo”. Pero ahora, sostiene, con Soberanes no se toca ni a los militares ni a las otras autoridades.

Complacencia

Para Isabel Uriarte, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la CNDH siempre ha sido renuente a actuar en asuntos en los que están involucrados militares. Desde 1999, además del caso de Ernestina Ascencio, se documentaron otros cinco. Pero la CNDH, afirma, nunca se metió a investigar a fondo en ninguno.

Y pone como ejemplo los casos de las guerrerenses Inés Fernández, de Ayutla de los Libres, y el de Valentina Rosendo Cantú, de Cajitepec. “Las dos mujeres denunciaron ante una autoridad civil y ante la CNDH que fueron violadas por soldados. Lo que hizo la Comisión en un primer momento fue no manifestarse a favor o en contra de la jurisdicción militar para conocer estos casos. Después de cinco meses emitieron una recomendación, pero no se implantaron los mecanismos necesarios para darle a esta recomendación un carácter de ley o por lo menos más fuerza moral. El resultado fue que desafortunadamente la competencia civil fue declinada al orden militar y éstos dijeron que no había responsabilidades y cerraron los casos”.

–¿La CNDH tendría que ser más fuerte y enérgica en estos asuntos?

–Por supuesto. Basta recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU han recomendado en no menos de cinco ocasiones al gobierno mexicano que delimite la competencia militar para investigar y sancionar casos de violaciones a los derechos humanos en donde elementos castrenses, se presume, son responsables.

A su vez, la senadora perredista Rosario Ibarra de Piedra menciona el caso del obispo Raúl Vera, quien ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones e incluso sufrió un atentado a raíz de la denuncia que hizo sobre la violación de militares contra 13 sexoservidoras del municipio de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.

La CNDH “no ha defendido al obispo”, dice doña Rosario, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y hace un recuento de las “omisiones” de Soberanes respecto de los asuntos en que están implicados militares: No sólo se abstiene en el caso de las presuntas violaciones cometidas por soldados; también se mostró complaciente con la gestión del general Rafael Macedo de la Concha en la Procuraduría General de la República durante la primera mitad del gobierno de Vicente Fox, dice la legisladora.

Sobre ese mismo aspecto, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), afirma que cuando Macedo de la Concha fue designado procurador, Soberanes nunca se pronunció, aun cuando sabía que el funcionario foxista había sido responsable de la Procuraduría de Justicia Militar y desde ese cargo dio impunidad a quienes participaron en las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, y de Acteal, Chiapas.

La más rica del mundo

Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos para este año, la CNDH es la institución de derechos humanos que más recursos económicos recibe en el mundo, según el presidente de la organización Fundar, Sergio Aguayo Quezada.

Sin embargo, observa a su vez el maestro Sarre, no hay una correspondencia entre esos recursos y el trabajo de la Comisión. Es más: la labor de la CNDH es “mucho más deficiente” que la de agrupaciones nacionales y extranjeras de derechos humanos, por ejemplo en conflictos como el de Oaxaca, a pesar de que éstas carecen de recursos y, además, son hostilizadas por las autoridades.

“Hay una especie de subejercicio. Más bien parece que lo que está haciendo (la CNDH) es nadar de muertito. No se mete a fondo y de vez en cuando hace algún pronunciamiento llamativo para hacerse notar. Pero uno se pregunta si para eso necesita de un equipo tan grande y de tantos recursos.”

En los últimos seis años el presupuesto de la CNDH se ha incrementado casi en 100%, y actualmente cuenta con un personal de casi mil personas, distribuidas en ocho edificios en la Ciudad de México y otros tantos en otras ciudades del país.

Un análisis de la asociación Fundar destaca que poco más de la mitad del presupuesto del organismo –59%– es destinado a los fines para los que fue creada la comisión: defensa, protección y promoción de los derechos humanos, pero el restante se usa para mantener los inmuebles y para el pago de la nómina. Por ejemplo, los funcionarios de alta jerarquía –presidente, visitadores, directivos, ejecutivos y gerentes– no sólo devengan salarios elevados; también cuentan con dos vehículos, gastos de alimentación, de telefonía celular y de radiolocalización, y con un seguro de gastos médicos mayores, primas quincenales, pago por riesgo de 30% de su salario y otras prestaciones laborales.

Tal es el despilfarro en la CNDH, dice el mismo estudio, que Soberanes tiene un chef particular que le prepara su comida especial. Además de lujos como éste, puede participar con frecuencia en los encuentros organizados por las comisiones locales. En 2003 fue a Puerto Vallarta y al año siguiente visitó, en plan de trabajo, Playa del Carmen. Los gastos hechos con motivo de los dos actos se elevaron a 15.5 millones de pesos.

Según el estudio de Fundar, titulado La CNDH frente al reto de la transición democrática, lo curioso de la reunión de Playa del Carmen es que se realizó en vísperas de la reelección de Soberanes; participaron en ella 640 organizaciones no gubernamentales, entre las cuales había muchas que no tenían ninguna relación con la defensa de los derechos humanos, como Condominios Unidos de los Héroes de Ecatepec, Pumitas UNAM y Productores del Maguey y sus Derivados.

Otra de las desmesuras, señala, es que el presidente de la comisión gasta cuantiosos recursos en publicidad. Pero lejos de promocionar y difundir información sobre la situación de los derechos humanos, sólo busca posicionar a la institución. Y sostiene que en septiembre de 2004, poco antes de la reelección de Soberanes, se gastaron 782 mil 911 pesos en inserciones periodísticas, monto que contrasta con el millón 245 mil 200 pesos que la institución gastó en un trimestre en 2003.

No a la transparencia

Uno de los aspectos que más les preocupan a las organizaciones civiles es la cerrazón que caracteriza a la CNDH. Desde que llegó a la comisión, Soberanes rechaza las peticiones de información sobre expedientes ya concluidos y que forman parte de recomendaciones publicadas. También les sorprende que las actas de Asamblea del Consejo Consultivo del organismo tengan carácter confidencial.

En 2003 Miguel Sarre solicitó a la CNDH una copia de los expedientes concluidos ese año para darle seguimiento a las recomendaciones a través de su programa Atalaya. La institución se los negó. Y sólo se los proporcionó al peticionario luego de perder un juicio de amparo. Desde entonces la CNDH cobra 93 pesos por hoja, lo cual, dice Sarre, atenta contra el derecho a la información, así que consultar un expediente puede costar hasta medio millón de pesos.

Por su parte, Sergio Aguayo asegura que pidió al Senado información detallada del proceso que se utilizó para reelegir a José Luis Soberanes y a los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, entre los cuales está el conductor del noticiario nocturno de Televisa, Joaquín López-Dóriga. El Senado no respondió, por lo que Fundar interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también fue rechazado. Ahora este caso se encuentra en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entrevistado sobre el particular, Aguayo responde: “La CNDH no ha sido transparente en la forma en que han sido elegidos los integrantes del consejo. Desde el titular hasta los miembros del consejo, la comisión está cargada hacia una visión conservadora de los derechos humanos. Es tal su opacidad que inquieta para un organismo que debería de ser ejemplo de respeto a los principios que regulan los derechos humanos: el acceso a la información”

El caso Oaxaca

En los últimos meses, observadores y organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado a México como un país que no avanza en esta materia, y ponen como ejemplo de ello el conflicto de Oaxaca, en torno del cual la actuación de la CNDH ha producido más críticas que aplausos.

La senadora Rosario Ibarra comenta que inicialmente vio con gusto la llegada de los visitadores de la CNDH a Oaxaca, pero ahora que el ombudsman presentó el informe definitivo de los hechos ocurridos en esa entidad, donde las fuerzas locales y federales ejercieron una represión feroz contra disidentes magisteriales y populares, “en el que no toca a Ulises Ruiz y donde dice que no puede meterse en casos de violaciones a los derechos humanos por particulares sino sólo de instituciones o de funcionarios, se me hizo algo vergonzante. Lo mismo siento ahora que dijo que la señora de Zongolica (Ernestina Ascencio) murió de gastritis”.

–¿Por qué cree que Soberanes ha actuado de esta manera?

–No sé. Con Fox llegó a decir ciertas cosas, pero con Calderón cambió. No sé a qué le tema. Es el defensor del pueblo, así debería de actuar; sea quien sea, así sea indígena, anciana y pobre, debe estar del lado de la gente y no de las autoridades.

Según Adrián Ramírez López, presidente de Limedh, no es posible que la CNDH haya integrado en un solo expediente más de 500 quejas que presentaron los oaxaqueños por presuntos abusos de autoridad por parte de autoridades del gobierno de Ulises Ruiz y de la Policía Federal Preventiva.

Luis Arriaga, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, observa otro aspecto grave: a pesar de tener evidencias claras de tortura, asesinato, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, la CNDH no ha elaborado ni una sola recomendación.

Omar Tecalco, miembro de la asociación Fundar, va al punto más álgido de la crítica a la CNDH y explica que la raíz de la actitud tibia de Soberanes son los compromisos políticos.

“Siento que es un problema de origen, de raíz. La CNDH obedece más a compromisos políticos que a compromisos con la ciudadanía. No hay una vocación real por la promoción y defensa de los derechos humanos, de las personas que integran la CNDH”, puntualiza.

–¿A qué intereses estaría respondiendo?

–Creo que a intereses partidistas. Sabemos que el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, tiene vínculos con gente del PRI, del PAN; prueba de ello es que ha actuado con tibieza en los últimos conflictos que se han suscitado en México, como los casos de los globalifóbicos en Guadalajara, de Oaxaca, de Atenco, y en el de la anciana muerta en Veracruz. Más que verse proactivo, actúa con tibieza, con miedo, le hace falta meterse a los asuntos, no detenerse. Creo que los compromisos políticos están pesando mucho en la figura de la CNDH.

A su vez, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), Noemí Quirasco Hernández, expresa sus discrepancias con el informe de la CNDH. Dice que “el delito de violación no se acredita necesariamente con desgarres vaginales, ni tampoco porque exista semen o se haya aplicado una prueba química donde se haya efectuado la penetración”.

Si acaso Ernestina Ascencio no murió a causa de la violación, indica Quirasco, “creo que nadie ha mencionado que la señora fue arrojada a un barranco, donde fue encontrado su cuerpo. Entonces, habrá muchas cosas que investigar, y la PGJE está haciéndolo de manera correcta”.

–¿Avala usted el reporte de la CNDH?

–Yo no puedo avalar nada porque no me compete ni es un asunto de la comisión estatal. A nosotros no nos corresponde determinar el cuerpo del delito, ni la presunta responsabilidad de nadie. Esa es una labor de la PGJE y creo que una violación de derechos humanos está ahí latente, porque hubo un servidor público que no cumplió con su deber.

–¿Valida usted la versión de que la señora murió de gastritis crónica?

–Leí un artículo (periodístico)… Es increíble que el presidente (Felipe Calderón) sea un pitoniso, ¿no?, pero desde luego se tiene que corroborar eso y yo tampoco quiero hacer más comentarios. Pero en lo que atañe a si hubo o no violación, a mí me quedan serias dudas.

Y de esto podemos seguir hablando y encontrando más marranadas, queda claro y ayer lo sentenciaba con toda razón EL ESPURIO DEFENDERÁ LA ÚNICA PIEZA DEL ROMPECABEZAS USURPADOR QUE LE "PUEDE" DAR CERTA LEGITIMIDAD... caray...