Ejército en la mira
De nueva cuenta, en las próximas semanas el Ejército Mexicano se encontrará enmedio del escándalo al que lo ha sometido el propio gobierno de Felipe Calderón.
José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), está por dar a conocer el informe sobre la violación sexual sufrida por dos mujeres en Michoacán a manos de militares.
De acuerdo con el ombudsman nacional –que ya exoneró al Ejército en el caso de Zongolica, Veracruz–, sólo se acreditaron dos de las diversas denuncias que se hicieron en contra los militares que vejaron a las mujeres en un aparente acto de venganza.
La violación se produjo durante el operativo que hizo el Ejército luego de que murieron cinco elementos del 12 Batallón de Infantería destacado en el la entidad y en que tres más resultaron heridos en una emboscada de presuntos narcotraficantes, el 2 de mayo anterior.
No será el único motivo delictivo por el que el Ejército estará de nuevo en la mira. A ese hecho se sumará el desarrollo que en las próximas semanas, tal vez meses, tome la investigación por el asesinato de una familia en Sinaloa a manos de militares.
Un mes después de la violencia de los militares contra civiles en Michoacán, el primero de junio una familia que viajaba en una camioneta en un poblado del municipio de Sinaloa de Leyva fue acribillada por una partida de militares.
Sin que se conozcan con certeza los motivos de la agresión, el caso quedó en manos de la justicia militar, que ordenó la aprehensión de 19 elementos, 3 oficiales y 16 elementos de tropa.
Sorprende la cantidad de detenidos puesto que en un retén no hay tal número de elementos destacados.
Si con esa masiva detención lo que se busca es establecer la cadena de mando, para el juez militar que instruye la causa no debe ser difícil conocer quiénes participaron directamente en la agresión.
Los militares llevan un registro puntual de los movimientos que hacen dentro y fuera de los cuarteles. En las llamadas fatigas se apuntan los nombres de las unidades, de sus integrantes, del comandante, del tipo de armas que portan, los turnos y todos los detalles que permiten tener un control de dónde y qué hacen los militares en sus misiones.
Más difícil será para el instructor de la causa dar con los responsables superiores, no por falta de información, sino porque la responsabilidad jurídica difícilmente llegará a quien o quienes hayan ordenado el uso de la fuerza.
Más grave aún es que el caso haya quedado en manos de la justicia militar, en franca violación de la Constitución mexicana y de los criterios de jurisprudencia internacional.
Considerado prácticamente un ente autónomo, el Ejército goza de unas reglas de juego que le permiten investigarse a sí mismo aun en casos en los que estén involucrados civiles.
Oprobioso para los derechos humanos es el Código de Justicia Militar, que en su artículo 57, fracción II inciso a, establece que deben ser investigados en el fuero militar aquellos casos del orden común o federal que sean cometidos por militares “en cumplimiento de servicio o con motivo de actos del mismo”.
En esa lógica, la familia que fue acribillada por militares en Sinaloa, entre ellos tres menores de edad, no tiene derecho a una justicia imparcial, pues el ente que es señalado como responsable se investigará a sí mismo.
Abrazado como está a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, Calderón difícilmente promoverá la revisión del Código de Justicia Militar para adecuarlo con la Carta Magna.
Tampoco se espera proponga cambios a la Constitución para que quede expresamente establecida la subordinación de la justicia militar al orden civil y no al revés, como ahora sucede en un rasgo típico de un Estado autoritario.
Apenas ha transcurrido medio año desde que Calderón decidió sacar al Ejército a las calles y ya son muchas ocasiones, con muertos y violaciones de por medio, en las que ha quedado exhibida la necesidad de reformar a las Fuerzas Armadas.
A pesar del desconocimiento que prevalece en el Legislativo en materias militares, las decisiones de Calderón y las actuaciones del Ejército le dan a la actual Legislatura la oportunidad de alinear el marco castrense con el respeto de los derechos humanos, a menos de que desde su curul contemplen el incremento de la lista de civiles muertos a manos de militares.
Fuente: jorge carrasco araizaga, Apro.
Y siguen de asesinos:
Marinos mexicanos matan a dos presuntos ladrones de chatarra
Dos presuntos ladrones de chatarra fueron a abatidos a tiros por personal de la Marina mexicana cuando sustraían material de unas instalaciones de la empresa petrolera estatal Pemex en un puerto del estado de Tabasco (sureste), informó este domingo la fiscalía estatal.
"Aristeo Roche, de 37 años, y Juan Antonio Domingez, de 19 años, (...) fallecieron por haber sufrido lesiones con arma de fuego cuando fueron sorprendidos por marinos que resguardan ese lugar robando material chatarra propiedad de Pemex en puerto Dos Bocas", en el municipio de Paraíso, el pasado viernes, explicó la Procuraduría de Justicia de Tabasco.
La Armada aseguró en un comunicado que los tres marinos que resguardaban las instalaciones de Pemex realizaron "disparos de advertencia" para repeler a un grupo de unos 30 ladrones que, tras haber intentado alejarles de la zona, les amenazó con machetes e incluso agredió a uno de ellos con palos y piedras.
"El personal de la Armada se vio en la necesidad de repeler el ataque efectuando disparos de advertencia para dispersarlos, (...) al retirarse los ladrones agresores se apreció que fueron heridos dos de ellos", según el boletín.
Los dos heridos fueron trasladados a un hospital, donde fallecieron por las heridas de bala recibidas, añadió la procuraduría de Tabasco, que ha abierto una investigación por este suceso.
La secretaría de Marina precisó que no es la primera vez que presuntos ladrones agreden con piedras y palos a los marinos en ese lugar.
El empleo del Ejército y la Marina en funciones de policía por parte del gobierno mexicano está siendo motivo de polémica, sobre todo después de que el pasado 1 de junio soldados abatieran a tiros a tres niños dos mujeres de una familia al saltarse el vehículo en el que viajaban un retén carretero.
Fuente: AFP
Y seguirán de asesinos:
Desprestigia el Ejército su imagen al participar en lucha antinarco: PRD
Pese a la respuesta "irrespetuosa" de Felipe Calderón al llamado que formuló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para retirar al Ejército de las labores de combate al narcotráfico y el crimen organizado, el PRD mantendrá dicha exigencia, pues la experiencia en el país revela que las fuerzas armadas se siguen desgastando, advirtió el senador Graco Ramírez Garrido Abreu.
El legislador del sol azteca resaltó que el asesinato de una familia en Sinaloa (incluidos tres menores de edad) y las violaciones de dos adolescentes en Michoacán, hechos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en los que están involucrados militares) confirman la preocupación de los partidos políticos ante la presencia permanente del Ejército Mexicano en aquellas entidades donde opera el narco.
Integrante de la Comisión de Defensa del Senado, Ramírez Garrido deploró la respuesta "irrespetuosa" que expresó Calderón al llamado del Congreso, al "insinuar que los legisladores estamos del lado de los delincuentes".
A juicio del senador, los hechos de violencia y la transgresión de derechos humanos en los que se han visto involucrados los militares pueden multiplicarse, con el consecuente deterioro y desprestigio de una institución como el Ejército.
"En el PRD no vamos a ceder, e insistiremos las veces que sean necesarias para que cese ese uso excesivo y abusivo que Calderón hace de las fuerzas armadas (...) Los operativos han sido un fracaso y los cuestionamientos al papel del Ejército son cada vez mayores", señaló.
Por otra parte, Ramírez Garrido adelantó que el próximo miércoles presentará ante la Comisión Permanente la iniciativa para crear la unidad especial de combate a la delincuencia organizada, un cuerpo de elite cuya función primordial será combatir a la delincuencia organizada.
Detalló que en dicho organismo podrán participar elementos del Ejército, "pero sólo como coadyuvantes y en labores de inteligencia".
El senador perredista insistió en que la creación de este cuerpo especial representa una salida al problema creado por el propio jefe del Ejecutivo, al dejar que las fuerzas armadas asuman la tarea de perseguir a los capos de la droga y a otros miembros del crimen organizado.
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