Según las propias palabras de los dirigentes zapatistas, el objetivo de este segundo encuentro fue “que las personas, grupos, colectivos y organizaciones que luchan contra el neoliberalismo, en México y en todo el mundo, conozcan el proceso de construcción de la autonomía de las comunidades indígenas de Chiapas”.
Bajo esa consigna, se hicieron presentes junto a los mexicanos, miembros del Movimientos de los Sin Tierra (MST) de Brasil, de la Unión de Agricultores de Canadá, integrantes de los movimientos campesinos de Estados Unidos y Madagascar, como así también representantes de la organización Vía Campesina de Europa, Asia, África y América.
Las reuniones tuvieron como sedes a las localidades de Oventik, Morelia y La Realidad, y abordaron temas referidos a salud, educación, organización de las comunidades y la lucha de las mujeres. También se discutieron problemas de autonomía en áreas de trabajo, comercio y justicia, entre otros.
En una jornada, durante la inauguración de las actividades, el sub comandante Marcos denunció la concentración de la riqueza, y aseguró que un cambio en los hábitos de consumo ayudaría a desaparecer la explotación del trabajo.
Sobre el conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y las autoridades del vecino estado, el líder zapastista recordó: “No podemos perder de vista lo que ocurre en Oaxaca, que se encuentra sitiada por las fuerzas del Ejército y las Policías Federales”. El enfrentamiento, que lleva largos meses y aún sigue trabado, se caracterizó por la falta de diálogo entre el gobierno y representantes del pueblo, como así también por la represión a manifestantes.
El zapatismo, al igual que otros movimientos sociales de América Latina, reivindica los derechos de los trabajadores de la tierra quienes, en la actualidad, se encuentran sumidos en una extrema pobreza.
Chiapas, como otras tantas regiones del continente, expresa los resultados de los procesos políticos que tienen su origen en la conquista de los territorios, cientos de años atrás. Aquellos indígenas que vieron en la independencia de México de 1810 y en la Revolución de 1911 la posibilidad de acceder a un reconocimiento por parte de del Estado, fueron silenciados y excluidos. A la explotación laboral a la que fueron sometidos, se le sumó la negación de su propia identidad y el reconocimiento de su cultura.
De manera pacífica, el EZLN proclamó el 1 de enero de 1994 la lucha por los derechos de las comunidades indígenas y campesinas ocupando cuatro localidades de Chiapas. Decidieron no secuestrar personas, ni provocar muertes para lograr sus propósitos.
La fecha elegida no fue para nada casual, coincidía con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en ingles), suscripto por Estados Unidos, Canadá y México, y que implicaba el avance de políticas neoliberales en el norte del continente. Para el zapatismo, significaba la profundización de los problemas de las comunidades y asociaciones civiles que verían aún más lejana la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Según las palabras pronunciadas en aquel momento por el líder zapatista: “La república mexicana tiene una deuda con nosotros (los indígenas). Una vieja deuda desde hace dos siglos que sólo podrá saldar reconociendo nuestros derechos. Y será renunciando a aceptar que la lógica de la mundialización nos margine aún más. Porque los criterios de mercado eliminan a una parte de la humanidad para la cual la modernización no representa una inversión rentable”.
Para comprender la dimensión del conflicto, basta recordar que Chiapas, es el más meridional de los 31 estados mexicanos. Allí habitan cerca de 3 millones de personas de las cuales 1 millón son indígenas en situación de pobreza.
Esto sucede en un territorio poseedor de las más importantes reservas de gas y de petróleo, que proporciona cerca del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país, que permite al gobierno mexicano exportar a Estados Unidos. Sólo uno de cada cien estudiantes del lugar logra llegar a la universidad, la tasa de analfabetismo excede el 50 por ciento, y la de mortalidad supera en otro 40 los índices de la capital.
Si bien en 2001 el Congreso mexicano aprobó una ley que reconoce los derechos de 10 millones de indígenas, la normativa no fue aceptada por el EZLN por considerar que no contiene ninguna referencia a los mecanismos que puedan garantizar el ejercicio real de esos derechos.
Aun así, este movimiento no aspira a tomar el poder o a convertirse en un partido político. Cree en un Estado democrático y por lo tanto busca que sus integrantes sean reconocidos como ciudadanos del mismo, incorporando sus lenguas, tradiciones y valores milenarios, accediendo a las tierras y trabajando en ellas.
En ese contexto, y como resultado de 13 años de resistencia, este segundo Encuentro Internacional logró reunir a miles de representantes que ven es estos procesos una problemática común, anclada en una política regida por las leyes del mercado e impulsada por el sector financiero internacional.
Siguiendo la perspectiva de éstos y otros movimientos sociales contrahegemónicos del continente, los Estados deberán seguir enfrentando los desafíos planteados por las diversas comunidades, que han logrado tener un lugar protagónico en los actuales escenarios políticos. Son actores que, a pesar de sus avances y retrocesos, demuestran mantener vivo su espíritu de resistencia.
(*) Paola Quain es alumna del Seminario de Posgrado “Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos” que actualmente dicta la Agencia Periodística del Mercosur (APM) desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
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