Si acaso el pelele tendrá que informar cuanto ha contribuido a que las riquezas del marrano slim suban tanto, tambien que explique como elba esther es que puede retarle y mandarle linea tan cinicamente como lo hace, entre otras porquerias que saben hacer estos politicos mediocres.
Más allá de cómo se resuelva la manera en que Felipe Calderón rinda su primer reporte de gobierno, el tema de fondo es que, en sus primeros nueve meses, la segunda administración del PAN en la Presidencia del país prácticamente no tiene nada que informar.
Dedicado en sus primeros cuatro meses a declarar una “guerra” al narcotráfico, con el propósito de obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas, Calderón ha dejado a la inercia las políticas públicas de México.
El mayor énfasis de su gobierno ha estado en el tema de la seguridad, pero a pesar de todo el capital político que le ha puesto no ha podido siquiera poner de acuerdo a su gabinete de seguridad.
Si algo ha caracterizado a ese gabinete han sido las pugnas internas.
Una, la de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPF) con la Defensa Nacional (Sedena). Otra, la de la Procuraduría General de la República (PGR) con la misma SSP federal.
Más todavía, la desconfianza generalizada hacia un desacreditado de por sí Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) después de que Calderón designó como director a uno de sus encuestadores, Guillermo Valdés.
Por si fuera poco, el Ejército ha quedado expuesto por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Michoacán, Sinaloa y extraoficialmente en la sierra de Zongolica, Veracruz.
Otro escándalo que ha caracterizado a lo que va del sexenio de Calderón es el de Zhenli Ye Gon, el empresario de origen chino naturalizado mexicano que, según las acusaciones de la PGR, durante el sexenio pasado operó la importación de seudoefedrina para la elaboración de metanfetaminas y al que se le incautaron 205 millones de dólares, y que el michoacano dispuso sin mandamiento judicial de por medio.
Si bien la complicidad oficial con Ye Gon comenzó en el sexenio de Vicente Fox, Calderón no es ajeno al problema.
En primer lugar porque su procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, como director del Cisen en los momentos en que Ye Gon traficaba el precursor, debió advertir sobre las actividades del empresario.
Además, Ye Gon involucró al secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano Alarcón, bajo el alegato de que estuvo implicado en la acumulación del dinero incautado al ciudadano naturalizado mexicano en el 2002.
Hay otra manera en que ese escándalo toca al gobierno de Calderón y que tiene que ver con sus omisiones en relación con la presunta corrupción de la administración de Fox.
Aduanas, Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), son algunas de las instancias gubernamentales implicadas en la trama de Ye Gon, y hasta ahora el gobierno calderonista no ha mostrado siquiera intención de llegar hasta los responsables.
Quien en el actual gobierno tiene esa obligación es Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública y uno de los colaboradores más cercanos de Calderón.
Aspirante a la presidencia del PAN, con el propósito de Calderón de controlar al blanquiazul, Martínez Cázares tiene también los expedientes de los hijos de Marta Sahagún y hasta ahora no se conoce ninguna acción de la Función Pública contra los hermanos Bribiesca, a pesar de las investigaciones realizadas por la Cámara de Diputados.
Si bien la Función Pública inhabilitó al primer director de Pemex designado por Fox, Raúl Muñoz Leos, por haber negociado un contrato millonario con el sindicato –tal y como ocurrió con el PRI–, nada se sabe sobre acciones relacionadas con los millonarios negocios hechos en el sexenio pasado en las distintas divisiones de la empresa, en especial en Pemex Refinación.
Otros negocios millonarios del sexenio de Fox se hicieron con la construcción de la megabiblioteca José Vasconcelos o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Y hasta ahora Calderón no ha hecho más que cubrirlos.
Hay decisiones clave que le competen de forma directa y que no ha tomado.
Es el caso de la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional parte de la “ley Televisa”, está en manos de Calderón la suerte de los miembros del ente regulador de las telecomunicaciones en México y que ahora está capturado por Televisa y TV Azteca.
En materia económica, el Programa de Primer Empleo ha sido un fracaso, de acuerdo con los propios empresarios, mientras que la Secretaría del Trabajo ha repetido la actitud del anterior sexenio, de someterse al grupo minero México en su conflictiva relación con el sindicato.
Y su llamada reforma fiscal será más de lo mismo: recaudación a través de más impuestos a los cautivos. Poco se ha notado su experiencia legislativa de la que tanto se ufanó.
En política social, más allá de adoptar el programa de López Obrador de dar una ayuda económica a los adultos mayores, nada se puede decir excepto de los conflictos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la jefa del SNTE, Elba Ester Gordillo.
En Salud, lo más destacado es la controversia constitucional interpuesta por su gobierno con la comparsa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Fuera de la política exterior, en el que ha avanzado en la normalización de relaciones con Cuba y Venezuela, de los demás casi no hay nada que decir. Es más, del resto del gabinete, y por tanto de sus acciones de gobierno, prácticamente no hay nada que informar.
Más allá de cómo se resuelva la manera en que Felipe Calderón rinda su primer reporte de gobierno, el tema de fondo es que, en sus primeros nueve meses, la segunda administración del PAN en la Presidencia del país prácticamente no tiene nada que informar.Dedicado en sus primeros cuatro meses a declarar una “guerra” al narcotráfico, con el propósito de obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas, Calderón ha dejado a la inercia las políticas públicas de México.
El mayor énfasis de su gobierno ha estado en el tema de la seguridad, pero a pesar de todo el capital político que le ha puesto no ha podido siquiera poner de acuerdo a su gabinete de seguridad.
Si algo ha caracterizado a ese gabinete han sido las pugnas internas.
Una, la de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPF) con la Defensa Nacional (Sedena). Otra, la de la Procuraduría General de la República (PGR) con la misma SSP federal.
Más todavía, la desconfianza generalizada hacia un desacreditado de por sí Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) después de que Calderón designó como director a uno de sus encuestadores, Guillermo Valdés.
Por si fuera poco, el Ejército ha quedado expuesto por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Michoacán, Sinaloa y extraoficialmente en la sierra de Zongolica, Veracruz.
Otro escándalo que ha caracterizado a lo que va del sexenio de Calderón es el de Zhenli Ye Gon, el empresario de origen chino naturalizado mexicano que, según las acusaciones de la PGR, durante el sexenio pasado operó la importación de seudoefedrina para la elaboración de metanfetaminas y al que se le incautaron 205 millones de dólares, y que el michoacano dispuso sin mandamiento judicial de por medio.
Si bien la complicidad oficial con Ye Gon comenzó en el sexenio de Vicente Fox, Calderón no es ajeno al problema.
En primer lugar porque su procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, como director del Cisen en los momentos en que Ye Gon traficaba el precursor, debió advertir sobre las actividades del empresario.
Además, Ye Gon involucró al secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano Alarcón, bajo el alegato de que estuvo implicado en la acumulación del dinero incautado al ciudadano naturalizado mexicano en el 2002.
Hay otra manera en que ese escándalo toca al gobierno de Calderón y que tiene que ver con sus omisiones en relación con la presunta corrupción de la administración de Fox.
Aduanas, Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), son algunas de las instancias gubernamentales implicadas en la trama de Ye Gon, y hasta ahora el gobierno calderonista no ha mostrado siquiera intención de llegar hasta los responsables.
Quien en el actual gobierno tiene esa obligación es Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública y uno de los colaboradores más cercanos de Calderón.
Aspirante a la presidencia del PAN, con el propósito de Calderón de controlar al blanquiazul, Martínez Cázares tiene también los expedientes de los hijos de Marta Sahagún y hasta ahora no se conoce ninguna acción de la Función Pública contra los hermanos Bribiesca, a pesar de las investigaciones realizadas por la Cámara de Diputados.
Si bien la Función Pública inhabilitó al primer director de Pemex designado por Fox, Raúl Muñoz Leos, por haber negociado un contrato millonario con el sindicato –tal y como ocurrió con el PRI–, nada se sabe sobre acciones relacionadas con los millonarios negocios hechos en el sexenio pasado en las distintas divisiones de la empresa, en especial en Pemex Refinación.
Otros negocios millonarios del sexenio de Fox se hicieron con la construcción de la megabiblioteca José Vasconcelos o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Y hasta ahora Calderón no ha hecho más que cubrirlos.
Hay decisiones clave que le competen de forma directa y que no ha tomado.
Es el caso de la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional parte de la “ley Televisa”, está en manos de Calderón la suerte de los miembros del ente regulador de las telecomunicaciones en México y que ahora está capturado por Televisa y TV Azteca.
En materia económica, el Programa de Primer Empleo ha sido un fracaso, de acuerdo con los propios empresarios, mientras que la Secretaría del Trabajo ha repetido la actitud del anterior sexenio, de someterse al grupo minero México en su conflictiva relación con el sindicato.
Y su llamada reforma fiscal será más de lo mismo: recaudación a través de más impuestos a los cautivos. Poco se ha notado su experiencia legislativa de la que tanto se ufanó.
En política social, más allá de adoptar el programa de López Obrador de dar una ayuda económica a los adultos mayores, nada se puede decir excepto de los conflictos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la jefa del SNTE, Elba Ester Gordillo.
En Salud, lo más destacado es la controversia constitucional interpuesta por su gobierno con la comparsa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Fuera de la política exterior, en el que ha avanzado en la normalización de relaciones con Cuba y Venezuela, de los demás casi no hay nada que decir. Es más, del resto del gabinete, y por tanto de sus acciones de gobierno, prácticamente no hay nada que informar.
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