Chequen este par de notas:
Corte limita su acción en situaciones de abuso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no recomendar castigos para los funcionarios que considere que incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales en casos como los de la periodista Lydia Cacho y de los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca.
Después de dos sesiones de discusión privadas, la mayoría de ministros de la Corte llegó a la conclusión de que el artículo 97 de la Constitución sólo los faculta para hacer una descripción de los hechos y señalar a los responsables de los acontecimientos que se les pida investigar, pero sin recomendar algún tipo de sanción en contra de ellos.
La Corte decidió limitar su actuación en este tipo de casos, y dejar que otras autoridades —como el Congreso de la Unión, el presidente de la República o la Procuraduría General de la República— sean las que, con base en su informe, decidan si proceden en contra de los funcionarios responsables de violaciones detectadas.
En otras palabras, la SCJN determinó dejar en manos de otras autoridades decidir si proceden por la vía penal, civil, política o administrativa en contra de los funcionarios que responsabilice de las violaciones detectadas.
De acuerdo con información del alto tribunal recabada por EL UNIVERSAL, el primer beneficiado con esta medida será el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, porque la Corte no podrá recomendar que se le inicie un juicio político, tal como lo había propuesto, en junio pasado, el ministro Juan Silva Meza.
Hace un par de meses Silva Meza, quien tuvo a su cargo investigar el caso de Lydia Cacho, informó al pleno de la Corte que, de acuerdo con las pruebas que recabó su equipo de colaboradores, se pudo confirmar que el gobernador de Puebla y otros funcionarios de esta entidad se confabularon para detener de manera ilegal a la periodista en diciembre de 2005.
En su informe, el ministro Silva Meza les propuso a sus compañeros recomendarle, entre otras autoridades, al Congreso de la Unión que iniciara un juicio político en contra del gobernador para separarlo de su cargo y sancionarlo por incurrir en diversas violaciones a la Constitución.
Pero en esa ocasión, de manera sorpresiva, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo pidió dejar pendiente el análisis del informe presentado por Silva, hasta que la Corte redactara las reglas conforme a las cuales el máximo tribunal debería realizar las investigaciones de violaciones graves a la Constitución.
Esto es, después de que la Corte llevó a cabo en 1996 la investigación de la masacre en el vado de Aguas Blancas, y de que terminó las indagatorias del caso de la periodista Lydia Cacho y de que ordenó investigar los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca, se dio cuenta de que necesitaba primero elaborar las reglas conforme a las cuales tenía que realizar este tipo de investigaciones.
Y para elaborar dichas reglas, la Corte designó a los ministros Sergio Aguirre y Sergio Valls, quienes durante las vacaciones de julio pasado redactaron un proyecto.
En dicho proyecto se propuso, entre otras cosas, evitar que la Suprema Corte recomendara sanciones a los funcionarios que considere responsables de las violaciones graves a las garantías.
Y este punto recibió ayer el visto bueno de la mayoría de ministros del alto tribunal.
A lo largo de dos sesiones de análisis los ministros —a falta de un reglamento emitido por el Congreso de la Unión— han afinado la mayoría de las reglas conforme a las cuáles las comisiones investigadoras deberán recabar la información.
Y dejaron pendiente determinar, para este martes, cuál será el impacto de las nuevas reglas en las investigaciones terminadas como en el caso de la periodista Lydia Cacho y de las que están en marcha como las de los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca.
En el caso de Lydia Cacho se prevé que la Corte mantenga al frente del caso al ministro Juan Silva Meza, pese a que había una propuesta para que otro ministro se hiciera cargo de este asunto.
Pero Silva estará obligado a entregarle al gobernador de Puebla un informe pormenorizado de las violaciones que se le atribuyen en el caso de la periodista para que pueda argumentar o presentar pruebas a su favor.
Por otra parte, la investigación en curso del caso Atenco tendrá que sujetarse a las nuevas reglas.
Además de que la Corte designará a los magistrados que se encargarán de investigar los hechos violentos que se registraron en Oaxaca durante 2006.
Fuente: Universal, medio chayotero del aparato simulador
Y ahora esta:
Insisten en limitar investigación sobre violaciones a garantías
JESUS ARANDA
Después de dos sesiones privadas de discusión, la mayoría del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inclina por que las modificaciones al proyecto de dictamen del acuerdo general que regulará las comisiones que investiguen la violación grave de garantías individuales sean "de forma y no de fondo", de manera que el máximo tribunal limite sus indagatorias a "actos administrativos" que no tengan nada que ver con investigaciones procesales o penales.
Al entrar ayer a la recta final de la discusión sobre el tema, trascendió que los ministros iniciaron el análisis sobre la forma como debe operar la garantía de audiencia en favor de los funcionarios que estén involucrados en la presunta violación de garantías.
En este tema se dividieron las opiniones, ya que hubo quienes consideraron que la audiencia previa debe darse en la primera etapa, durante la formulación del informe al pleno, o bien cuando ya esté en proceso de elaboración el proyecto definitivo de dictamen en el que se evalúe la conducta de los funcionarios involucrados.
Cuando restan de discutirse únicamente tres artículos (de los 29 originales que contenía el proyecto elaborado por los ministros Sergio Valls, Sergio Aguirre Anguiano y Mariano Azuela), quedó reglamentada la forma como las comisiones actuarán cuando la SCJN ejerza su facultad para averiguar violaciones graves a las garantías individuales, prevista en el artículo 97 constitucional.
La mayoría de ministros está de acuerdo, señalaron fuentes judiciales consultadas, en que las investigaciones consten de dos partes:
Una vez que el pleno apruebe ejercer su facultad constitucional, procederá a designar una comisión -que puede estar integrada por uno o varios ministros, magistrados de circuito o jueces de distrito, según la trascendencia del asunto-, la cual elaborará un informe "con hechos" y testimonios, pero nada más.
Es decir, sus conclusiones no tendrán ningún juicio de valor sobre los acontecimientos analizados.
El pleno conocerá el informe y valorará si existen las condiciones para ejercer su facultad de investigación.
En caso positivo, se designará a un ministro para que elabore el proyecto de dictamen, para lo cual no podrá basarse en el Código de Procedimientos Penales ni el Código Civil, porque entonces la indagatoria ya no sería "administrativa".
Además, los ministros estarán en condiciones de seguir de cerca la investigación para evitar que ésta se desvíe.
Por otra parte, funcionarios consultados precisaron que además de los artículos referidos, el acuerdo general consta de tres artículos transitorios.
Uno tiene que ver con el caso Lydia Cacho, en el que se señalará que el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, en el que éste acreditó la responsabilidad del gobernador poblano Mario Marín en la violación grave de garantías individuales, debe pasar a una segunda fase, para que los involucrados hagan uso de su garantía de audiencia.
El segundo transitorio tiene que ver con la comisión creada para investigar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México, la cual congeló su actuación hasta que el máximo tribunal del país definiera los límites de su actuación.
El tercer transitorio tiene que ver con la comisión que investigará el caso Oaxaca, así como la composición de sus integrantes y el objeto de la indagatoria.
Damas y caballeros entonces si uno de los funcionarios del gobierno se pasan en alto en una avenida nada más por que sus calzones quisieron, atropellan a un familiar suyo o mío (Dios no lo quiera verdad) y se muere o queda lesionado, ¿no hay poder en el país que haga justicia?, ¿qué no es lo mismo un delito por atropellamiento que por reprimir y acosar a una reportera –casi de URO y de Marín-?
Concluyo que: Los mexicanos ya necesitamos organizarnos y desconocer al régimen simulador y crear el México nuestro y que se queden ellos con su mafia simuladora.
Corte limita su acción en situaciones de abuso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no recomendar castigos para los funcionarios que considere que incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales en casos como los de la periodista Lydia Cacho y de los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca.
Después de dos sesiones de discusión privadas, la mayoría de ministros de la Corte llegó a la conclusión de que el artículo 97 de la Constitución sólo los faculta para hacer una descripción de los hechos y señalar a los responsables de los acontecimientos que se les pida investigar, pero sin recomendar algún tipo de sanción en contra de ellos.
La Corte decidió limitar su actuación en este tipo de casos, y dejar que otras autoridades —como el Congreso de la Unión, el presidente de la República o la Procuraduría General de la República— sean las que, con base en su informe, decidan si proceden en contra de los funcionarios responsables de violaciones detectadas.
En otras palabras, la SCJN determinó dejar en manos de otras autoridades decidir si proceden por la vía penal, civil, política o administrativa en contra de los funcionarios que responsabilice de las violaciones detectadas.
De acuerdo con información del alto tribunal recabada por EL UNIVERSAL, el primer beneficiado con esta medida será el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, porque la Corte no podrá recomendar que se le inicie un juicio político, tal como lo había propuesto, en junio pasado, el ministro Juan Silva Meza.
Hace un par de meses Silva Meza, quien tuvo a su cargo investigar el caso de Lydia Cacho, informó al pleno de la Corte que, de acuerdo con las pruebas que recabó su equipo de colaboradores, se pudo confirmar que el gobernador de Puebla y otros funcionarios de esta entidad se confabularon para detener de manera ilegal a la periodista en diciembre de 2005.
En su informe, el ministro Silva Meza les propuso a sus compañeros recomendarle, entre otras autoridades, al Congreso de la Unión que iniciara un juicio político en contra del gobernador para separarlo de su cargo y sancionarlo por incurrir en diversas violaciones a la Constitución.
Pero en esa ocasión, de manera sorpresiva, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo pidió dejar pendiente el análisis del informe presentado por Silva, hasta que la Corte redactara las reglas conforme a las cuales el máximo tribunal debería realizar las investigaciones de violaciones graves a la Constitución.
Esto es, después de que la Corte llevó a cabo en 1996 la investigación de la masacre en el vado de Aguas Blancas, y de que terminó las indagatorias del caso de la periodista Lydia Cacho y de que ordenó investigar los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca, se dio cuenta de que necesitaba primero elaborar las reglas conforme a las cuales tenía que realizar este tipo de investigaciones.
Y para elaborar dichas reglas, la Corte designó a los ministros Sergio Aguirre y Sergio Valls, quienes durante las vacaciones de julio pasado redactaron un proyecto.
En dicho proyecto se propuso, entre otras cosas, evitar que la Suprema Corte recomendara sanciones a los funcionarios que considere responsables de las violaciones graves a las garantías.
Y este punto recibió ayer el visto bueno de la mayoría de ministros del alto tribunal.
A lo largo de dos sesiones de análisis los ministros —a falta de un reglamento emitido por el Congreso de la Unión— han afinado la mayoría de las reglas conforme a las cuáles las comisiones investigadoras deberán recabar la información.
Y dejaron pendiente determinar, para este martes, cuál será el impacto de las nuevas reglas en las investigaciones terminadas como en el caso de la periodista Lydia Cacho y de las que están en marcha como las de los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca.
En el caso de Lydia Cacho se prevé que la Corte mantenga al frente del caso al ministro Juan Silva Meza, pese a que había una propuesta para que otro ministro se hiciera cargo de este asunto.
Pero Silva estará obligado a entregarle al gobernador de Puebla un informe pormenorizado de las violaciones que se le atribuyen en el caso de la periodista para que pueda argumentar o presentar pruebas a su favor.
Por otra parte, la investigación en curso del caso Atenco tendrá que sujetarse a las nuevas reglas.
Además de que la Corte designará a los magistrados que se encargarán de investigar los hechos violentos que se registraron en Oaxaca durante 2006.
Fuente: Universal, medio chayotero del aparato simulador
Y ahora esta:
Insisten en limitar investigación sobre violaciones a garantías
JESUS ARANDADespués de dos sesiones privadas de discusión, la mayoría del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inclina por que las modificaciones al proyecto de dictamen del acuerdo general que regulará las comisiones que investiguen la violación grave de garantías individuales sean "de forma y no de fondo", de manera que el máximo tribunal limite sus indagatorias a "actos administrativos" que no tengan nada que ver con investigaciones procesales o penales.
Al entrar ayer a la recta final de la discusión sobre el tema, trascendió que los ministros iniciaron el análisis sobre la forma como debe operar la garantía de audiencia en favor de los funcionarios que estén involucrados en la presunta violación de garantías.
En este tema se dividieron las opiniones, ya que hubo quienes consideraron que la audiencia previa debe darse en la primera etapa, durante la formulación del informe al pleno, o bien cuando ya esté en proceso de elaboración el proyecto definitivo de dictamen en el que se evalúe la conducta de los funcionarios involucrados.
Cuando restan de discutirse únicamente tres artículos (de los 29 originales que contenía el proyecto elaborado por los ministros Sergio Valls, Sergio Aguirre Anguiano y Mariano Azuela), quedó reglamentada la forma como las comisiones actuarán cuando la SCJN ejerza su facultad para averiguar violaciones graves a las garantías individuales, prevista en el artículo 97 constitucional.
La mayoría de ministros está de acuerdo, señalaron fuentes judiciales consultadas, en que las investigaciones consten de dos partes:
Una vez que el pleno apruebe ejercer su facultad constitucional, procederá a designar una comisión -que puede estar integrada por uno o varios ministros, magistrados de circuito o jueces de distrito, según la trascendencia del asunto-, la cual elaborará un informe "con hechos" y testimonios, pero nada más.
Es decir, sus conclusiones no tendrán ningún juicio de valor sobre los acontecimientos analizados.
El pleno conocerá el informe y valorará si existen las condiciones para ejercer su facultad de investigación.
En caso positivo, se designará a un ministro para que elabore el proyecto de dictamen, para lo cual no podrá basarse en el Código de Procedimientos Penales ni el Código Civil, porque entonces la indagatoria ya no sería "administrativa".
Además, los ministros estarán en condiciones de seguir de cerca la investigación para evitar que ésta se desvíe.
Por otra parte, funcionarios consultados precisaron que además de los artículos referidos, el acuerdo general consta de tres artículos transitorios.
Uno tiene que ver con el caso Lydia Cacho, en el que se señalará que el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, en el que éste acreditó la responsabilidad del gobernador poblano Mario Marín en la violación grave de garantías individuales, debe pasar a una segunda fase, para que los involucrados hagan uso de su garantía de audiencia.
El segundo transitorio tiene que ver con la comisión creada para investigar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México, la cual congeló su actuación hasta que el máximo tribunal del país definiera los límites de su actuación.
El tercer transitorio tiene que ver con la comisión que investigará el caso Oaxaca, así como la composición de sus integrantes y el objeto de la indagatoria.
Damas y caballeros entonces si uno de los funcionarios del gobierno se pasan en alto en una avenida nada más por que sus calzones quisieron, atropellan a un familiar suyo o mío (Dios no lo quiera verdad) y se muere o queda lesionado, ¿no hay poder en el país que haga justicia?, ¿qué no es lo mismo un delito por atropellamiento que por reprimir y acosar a una reportera –casi de URO y de Marín-?
Concluyo que: Los mexicanos ya necesitamos organizarnos y desconocer al régimen simulador y crear el México nuestro y que se queden ellos con su mafia simuladora.
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