jenaro villamil México, D.F., (apro).- El mismo día en que el Instituto Federal Electoral le ordenó a Televisa retirar la transmisión del spot “¿Quiénes toman los congresos?”, a las 23 horas, en el noticiario estelar de Canal 2, volvieron a aparecer las imágenes de Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta, comparándolos con Andrés Manuel López Obrador.
Quizá fue el último de una primera serie de promocionales preparados para retornar al estilo de la guerra sucia de 2006, cuyo objetivo principal no es convencer, sino estigmatizar y generar lo que especialistas califican como “campañas de pánico moral” en la sociedad.
La decisión del IFE se tardó cuatro días en procesarse. El tiempo suficiente y necesario para que el spot, patrocinado por un organismo de poca monta y débil trayectoria, Mejor Sociedad Mejor Gobierno, sembrara el mensaje a sus destinatarios. La pregunta en este momento es: ¿a quién buscaba realmente atemorizar la ultraderecha que financió el mensaje? ¿A los partidarios de López Obrador o al gobierno de Calderón, acusado por estos grupos de no aplicar la “mano dura” contra la toma de la tribuna?
No deja de ser sintomático que el spot se difundiera en un momento en que las posiciones en el Senado se acercaban y permitían la posibilidad de lograr el acuerdo para desalojar las tribunas. Este acuerdo, al parecer, se concretará este martes cuando la Junta de Coordinación Política del Senado dé visto bueno al acuerdo en la Comisión de Energía para que el debate sobre la reforma energética se realice entre el 12 de mayo y el 22 de julio, en un total de 20 foros, dos por semana.
El spot del grupo de Guillermo Velazco Arzac, conocido entre los yunquistas como Jenofonte, comenzó a transmitirse el miércoles de la semana pasada. Al día siguiente, Santiago Creel, presidente del Senado, destrabó las negociaciones al ofrecer que el PAN favorece una “vía intermedia” entre la propuesta de 120 días, del FAP, y la de 50 días, propuesta por Manlio Fabio Beltrones, del PRI.
El IFE, sin tener claramente atribuciones para ello, decidió dejar un impasse durante el fin de semana para determinar si es válido o no el spot. El lunes, el consejero Virgilio Andrade, presidente de la Comisión de Quejas, informó que era procedente la demanda del FAP y señaló que existen posibles violaciones a la Constitución con la difusión del spot.
Andrade puntualizó que, desde la reforma electoral, quedó clara la prohibición para que cualquier agrupación civil pueda financiar propaganda política a favor o en contra de un partido.
Este es el punto más nebuloso de la cuestión. El spot no desacredita explícitamente a un partido, sino a un liderazgo político. El spot es tramposo y difamatorio al comparar los golpes de Estado y las asonadas militares de Hitler, Mussolini y Pinochet –curiosamente salva de su lista a Francisco Franco-- con la toma de las tribunas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Las diferencias históricas son obvias: Hitler, Mussolini y Pinochet encabezaban dictaduras militares, utilizaron al ejército para cancelar la vida legislativa y reprimieron a la población. ¿Realmente es equiparable una medida de protesta como la del FAP con el régimen totalitario del nazi-fascismo?
El exsenador panista y dirigente de la AMEDI, Javier Corral, escribió en su reciente columna “Contradicciones”, publicada en El Universal el 22 de abril, que la sanción a los promotores del spot y a la televisora que lo cobró y lo difundió, le corresponde “a la esfera de la Secretaría de Gobernación”, específicamente al área de la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía.
Corral va más allá. Señala que, bajo lo establecido en el artículo 1916 del Código Civil federal, existe daño moral contra López Obrador “al compararlo con los dictadores e imputarle un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que puede causarle deshonra, descrédito, prejuicio, o exponerlo al desprestigio de alguien”.
“Salta a la vista la magnificación de un hecho circunscrito a la toma de las tribunas con la disolución que Huerta, Hitler, Mussolini y Pinochet llevaron a cabo de los congresos en sus países”, advierte Corral.
La posición del exsenador panista refleja un punto de vista con credibilidad y con influencia en un sector de su propio partido.
Explícitamente, Corral se ha opuesto a la toma de la tribuna –algo que en algún momento también se analizó cuando se discutió la Ley Televisa-, por lo que es muy difícil señalar al político chihuahuense como un defensor oficioso de las medidas de resistencia civil.
La directora de RTC, de la Secretaría de Gobernación, Irma Pía González Luna, se deslindó de la responsabilidad de su oficina, pero también consideró que Mejor Sociedad, Mejor Gobierno “tiene derecho y todos los espacios para poder expresarse en lo que está de acuerdo”.
Aquí es donde está el punto más álgido de este debate. ¿Existe derecho, incluso, para la difamación y la calumnia pagadas como anuncio televisivo? ¿Acaso no le corresponde a la Secretaría de Gobernación regular los contenidos de los anuncios televisivos en función de que se trata del usufructo de la concesión de un bien público? ¿Estamos hablando de libertad de expresión o de libre empresa para encabezar una guerra sucia mediática? ¿Por qué se exime la Secretaría de Gobernación de regular estos casos cuando ésta dependencia se ha caracterizado por presionar a los medios para que ejerzan censura previa?
Los spots constituyen una fórmula de “desalojo mediático” de las acciones de resistencia civil. Provienen de grupos que desearían, paradójicamente, que el gobierno de Calderón actuara como Hitler, Mussolini o Pinochet: clausurando y reprimiendo cualquier muestra de descontento o de disenso social.
Aspirar a la uniformidad de las opiniones y ejercer el poder del Estado para clausurar la disidencia es, indudablemente, un sello del fascismo. ¿Lo sabrá el señor Velazco Arzac? ¿Lo apoya en este propósito el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios? ¿Qué criterio ético utiliza Televisa para seguir con la difusión de una campaña de odio?
Estas preguntas constituyen el otro debate en torno al debate energético.
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