Por el General José Francisco Gallardo Rodríguez
Para conocer cuál es el papel que corresponde a las fuerzas armadas en los tiempos modernos –que no es nada nuevo, en realidad es tan antiguo como la propia organización del Estado–, se necesita conocer a la institución.
El Ejército, por su tamaño y naturaleza es una organización social compleja; tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto a las demás organizaciones estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno, es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad. Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos, sin hacer mención de su condición de administrador de los medios de violencia, de su elevada cohesión en comparación con otros grupos decisores, y de su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. No hay otra organización social, dentro del Estado, que disponga de expertos en áreas tan disímbolas como la ingeniería, el derecho, la medicina, los sistemas de comunicación, la educación, el aprovisionamiento, etcétera.
Desde otra perspectiva, hay pocas organizaciones con una capacidad de control sobre las decisiones individuales de sus miembros, comparable, en ámbito y en profundidad, a la ejercida por la organización militar.
Decía Maquiavelo: “El jefe de Estado debe ser un estudioso de las empresas militares; no debe reposar ni dar tregua hasta alcanzar el desarrollo profesional del ejército. La experiencia en el manejo de la milicia, es una forma que permite no incurrir en errores y desaciertos que, en otras latitudes, han significado la caída de gobernantes. Retener la autoridad del Estado con bases seguras, es condición innegociable de sobrevivencia y soberanía”. Esta concepción adquiere gran valor en la actualidad.
Desde el inicio de esta administración se insiste en el respeto al Estado de derecho, con lo que se quiere significar, desde los orígenes del Estado constitucional, que la organización política de la vida social, las instituciones y el gobierno, debe estar sujeta a procedimientos regulados por la ley. Últimamente el concepto pasó a incluir la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a la norma jurídica. Por tanto, el Estado de derecho supone el reconocimiento de los derechos personales, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo.
De esta manera, cuando desde una visión de izquierda –apartidista– hablamos de Estado de derecho, tiene que ver con la legitimidad, no con la legalidad; con la justicia, no con el derecho; con la seguridad humana, no con la seguridad del Estado.
Durante estos primeros dos meses que corren del gobierno calderonista, los problemas sociales han sido interpretados –y aún más grave– desde una visión de Estado de derecha , lo que toma mayor relevancia si se trata de una venganza política en contra de aquellos sectores que votaron contra el régimen.
Esta actitud se ve reflejada en el presupuesto enviado recientemente al Congreso por el presidente Calderón. En el proyecto se da prioridad a la seguridad destinándole un gasto exorbitante. Por otra parte se reduce drásticamente el de cultura y educación, cuando las amenazas a la seguridad nacional pueden provenir de los aspectos sociales desatendidos y de la confrontación política que actualmente vive el país y que es soslayada por el gobierno.
Claro, desde una posición de derecha, la inseguridad pública se ataca con más militares, más policías, más cárceles y con leyes más duras. Desde una visión de izquierda, con más escuelas, más hospitales, más centros culturales, más justicia, más empleos, más investigación, es decir: atendiendo los reclamos sociales, educando y cultivando al pueblo que es fuente del poder nacional.
Por otra parte, si bien el presidente debe recurrir a toda la fuerza del Estado para preservar la seguridad nacional y para ello tiene que disponer del Ejército (artículo 89), como en los casos de Oaxaca, Michoacán y Baja California, lo cierto es que no se decretó el Estado de excepción que previene la Constitución (artículo 29) para que pudieran actuar las fuerzas armadas fuera de sus cuarteles; pero además dentro de un marco jurídico que es necesario para evitar los abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas. De esta manera, el Ejército está operando fuera del cauce constitucional, cuando tiene la encomienda de tutelar la soberanía nacional. Dicho de otra forma, gobierno y Ejército conspiran contra la Constitución.
Ya adelantaba (Revista Forum 162) que desde la toma de posesión se iba a trazar el nuevo tipo de relación civil-militar que se tendría en esta administración. Desgraciadamente para nuestra incipiente democracia, Calderón toma posesión apoyado en el Ejército, lo que de entrada establece una supremacía del poder militar sobre el poder civil; relación ésta, contraria a todo intento de democratizar al país. Tal situación fortalece la impunidad en la que se han mantenido los militares desde hace varias décadas; además acrecienta las prerrogativas del alto mando y el gasto de defensa, cuando el país requiere urgentemente la atención de programas sociales.
Para conocer cuál es el papel que corresponde a las fuerzas armadas en los tiempos modernos –que no es nada nuevo, en realidad es tan antiguo como la propia organización del Estado–, se necesita conocer a la institución.
El Ejército, por su tamaño y naturaleza es una organización social compleja; tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto a las demás organizaciones estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno, es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad. Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos, sin hacer mención de su condición de administrador de los medios de violencia, de su elevada cohesión en comparación con otros grupos decisores, y de su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. No hay otra organización social, dentro del Estado, que disponga de expertos en áreas tan disímbolas como la ingeniería, el derecho, la medicina, los sistemas de comunicación, la educación, el aprovisionamiento, etcétera.
Desde otra perspectiva, hay pocas organizaciones con una capacidad de control sobre las decisiones individuales de sus miembros, comparable, en ámbito y en profundidad, a la ejercida por la organización militar.
Decía Maquiavelo: “El jefe de Estado debe ser un estudioso de las empresas militares; no debe reposar ni dar tregua hasta alcanzar el desarrollo profesional del ejército. La experiencia en el manejo de la milicia, es una forma que permite no incurrir en errores y desaciertos que, en otras latitudes, han significado la caída de gobernantes. Retener la autoridad del Estado con bases seguras, es condición innegociable de sobrevivencia y soberanía”. Esta concepción adquiere gran valor en la actualidad.
Desde el inicio de esta administración se insiste en el respeto al Estado de derecho, con lo que se quiere significar, desde los orígenes del Estado constitucional, que la organización política de la vida social, las instituciones y el gobierno, debe estar sujeta a procedimientos regulados por la ley. Últimamente el concepto pasó a incluir la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a la norma jurídica. Por tanto, el Estado de derecho supone el reconocimiento de los derechos personales, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo.
De esta manera, cuando desde una visión de izquierda –apartidista– hablamos de Estado de derecho, tiene que ver con la legitimidad, no con la legalidad; con la justicia, no con el derecho; con la seguridad humana, no con la seguridad del Estado.
Durante estos primeros dos meses que corren del gobierno calderonista, los problemas sociales han sido interpretados –y aún más grave– desde una visión de Estado de derecha , lo que toma mayor relevancia si se trata de una venganza política en contra de aquellos sectores que votaron contra el régimen.
Esta actitud se ve reflejada en el presupuesto enviado recientemente al Congreso por el presidente Calderón. En el proyecto se da prioridad a la seguridad destinándole un gasto exorbitante. Por otra parte se reduce drásticamente el de cultura y educación, cuando las amenazas a la seguridad nacional pueden provenir de los aspectos sociales desatendidos y de la confrontación política que actualmente vive el país y que es soslayada por el gobierno.
Claro, desde una posición de derecha, la inseguridad pública se ataca con más militares, más policías, más cárceles y con leyes más duras. Desde una visión de izquierda, con más escuelas, más hospitales, más centros culturales, más justicia, más empleos, más investigación, es decir: atendiendo los reclamos sociales, educando y cultivando al pueblo que es fuente del poder nacional.
Por otra parte, si bien el presidente debe recurrir a toda la fuerza del Estado para preservar la seguridad nacional y para ello tiene que disponer del Ejército (artículo 89), como en los casos de Oaxaca, Michoacán y Baja California, lo cierto es que no se decretó el Estado de excepción que previene la Constitución (artículo 29) para que pudieran actuar las fuerzas armadas fuera de sus cuarteles; pero además dentro de un marco jurídico que es necesario para evitar los abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas. De esta manera, el Ejército está operando fuera del cauce constitucional, cuando tiene la encomienda de tutelar la soberanía nacional. Dicho de otra forma, gobierno y Ejército conspiran contra la Constitución.
Ya adelantaba (Revista Forum 162) que desde la toma de posesión se iba a trazar el nuevo tipo de relación civil-militar que se tendría en esta administración. Desgraciadamente para nuestra incipiente democracia, Calderón toma posesión apoyado en el Ejército, lo que de entrada establece una supremacía del poder militar sobre el poder civil; relación ésta, contraria a todo intento de democratizar al país. Tal situación fortalece la impunidad en la que se han mantenido los militares desde hace varias décadas; además acrecienta las prerrogativas del alto mando y el gasto de defensa, cuando el país requiere urgentemente la atención de programas sociales.
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