Una máxima de abogados dice que "a acusado que confiesa no hay quien lo defienda". Otra dice: "a confesión de parte, relevo de pruebas". La confesión del acusado hace innecesario probar nada, ésta es prueba plena y siempre perjudica al que la hace, así que de ella no puede obtener beneficio alguno.
Esto viene a cuento por la confesión que frente a las cámaras de la televisión hizo Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, de haber firmado unos contratos de la empresa familiar con Pemex cuando era diputado federal o funcionario en la Secretaría de Energía bajo las órdenes de Felipe Calderón. Según sus acusadores, esto es una ilegalidad.
Entre que se dieron a conocer esas formas y su comparecencia televisiva, Mouriño cometió graves errores, sólo comprensibles por su escasa experiencia política. Para abrir boca, señaló que comparecía, sobre todo, para "dar la cara, para dar tranquilidad a los mexicanos". Qué bueno que lo aclaró, pues por todo el País se respiraba una intranquilidad que amenazaba la paz de la República.
Para abundar en la modesta percepción que tiene de sí mismo, señaló que los que lo critican le apuestan al fracaso del País, pues "no quieren que el País salga adelante, que a México le vaya bien, quieren que México fracase".
No es fácil encontrar un egocentrismo tan acusado como el que manifestó el Secretario de Gobernación. Quizá lo lleva a esos excesos su escaso conocimiento de la historia, de las tradiciones y de la política nacional. Su privilegiada posición social le hace suponer que su figura es central en la vida política del País.
Ante la televisión, tribunal escogido para su confesión, el indiciado, ya confeso, tuvo a bien dictar la sentencia. Para su tranquilidad, concluyó que las acciones que se le imputan no son ilegales. De la autoincriminación pasó a la autoexoneración. Todo el proceso fue expedito, no necesitó acudir ante instancia legal alguna para que lo declarara inocente, y la absolución la dictó el mismo Juan Camilo Mouriño, supongo que haciendo uso de las facultades "políticas" de las que se encuentra investido.
Lo que sigue será sin duda un embrollo político, pero, sobre todo, legal. La acusación empezó cuando López Obrador entregó a los legisladores de su partido las copias de los contratos firmados con Pemex, más los que siguen saliendo. A eso siguió la propuesta de los senadores perredistas para formar una comisión legislativa -¿otra?- para que investigara esos hechos. La propuesta, en principio, contó con la aprobación de senadores de otros partidos, incluidos panistas.
Sin embargo, no faltaron cuestionamientos, el principal es que la Constitución, en su artículo 93, si bien prevé la formación de ese tipo de comisiones a solicitud de un 25 por ciento de los diputados o 50 por ciento de los senadores para "investigar el funcionamiento de organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria", en este caso, se trata de investigar las actividades de un funcionario, no de un organismo paraestatal. Además, no tienen facultades de sancionar a nadie. El mismo artículo señala que el "resultado de las investigaciones se hará del conocimiento del Ejecutivo Federal".
El embrollo legal se provoca porque otra salida sería instaurar un juicio político, previsto en el artículo 110 constitucional, que conduce sólo a la salida del funcionario y a su inhabilitación. Otra vía, extrema, sería una averiguación ministerial que en este ejemplo necesita el desafuero del funcionario, el cual queda descartado nada más de recordar el desafuero de AMLO. La sanción que aparentemente se aplicará es una amonestación administrativa de parte de la Secretaria de la Función Pública.
La otra salida a este embrollo, la cual depende de la visión de Felipe Calderón, sería la más dolorosa para el Presidente: la remoción del Secretario.
En cualquiera de los escenarios, el Secretario de Gobernación ya no servirá como interlocutor para negociar la reforma energética. No podría expresar sus puntos de vista sin que se ponga en duda si habla el funcionario o el interesado en negocios familiares de ese ramo.
El otro rol, el de precandidato presidencial panista, para beneplácito de sus rivales en el PAN, queda descartado.
Sergio Elías Gutiérrez 11 Mar. 08 El Norte / REFORMA
Es abogado y doctor en derecho por la UANL. Profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y Director y profesor en la Maestría en Derecho de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del TEC Monterrey. Es también Notario Público en Nuevo León y autor de artículos especializados en derecho y administración pública.
Esto viene a cuento por la confesión que frente a las cámaras de la televisión hizo Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, de haber firmado unos contratos de la empresa familiar con Pemex cuando era diputado federal o funcionario en la Secretaría de Energía bajo las órdenes de Felipe Calderón. Según sus acusadores, esto es una ilegalidad.
Entre que se dieron a conocer esas formas y su comparecencia televisiva, Mouriño cometió graves errores, sólo comprensibles por su escasa experiencia política. Para abrir boca, señaló que comparecía, sobre todo, para "dar la cara, para dar tranquilidad a los mexicanos". Qué bueno que lo aclaró, pues por todo el País se respiraba una intranquilidad que amenazaba la paz de la República.
Para abundar en la modesta percepción que tiene de sí mismo, señaló que los que lo critican le apuestan al fracaso del País, pues "no quieren que el País salga adelante, que a México le vaya bien, quieren que México fracase".
No es fácil encontrar un egocentrismo tan acusado como el que manifestó el Secretario de Gobernación. Quizá lo lleva a esos excesos su escaso conocimiento de la historia, de las tradiciones y de la política nacional. Su privilegiada posición social le hace suponer que su figura es central en la vida política del País.
Ante la televisión, tribunal escogido para su confesión, el indiciado, ya confeso, tuvo a bien dictar la sentencia. Para su tranquilidad, concluyó que las acciones que se le imputan no son ilegales. De la autoincriminación pasó a la autoexoneración. Todo el proceso fue expedito, no necesitó acudir ante instancia legal alguna para que lo declarara inocente, y la absolución la dictó el mismo Juan Camilo Mouriño, supongo que haciendo uso de las facultades "políticas" de las que se encuentra investido.
Lo que sigue será sin duda un embrollo político, pero, sobre todo, legal. La acusación empezó cuando López Obrador entregó a los legisladores de su partido las copias de los contratos firmados con Pemex, más los que siguen saliendo. A eso siguió la propuesta de los senadores perredistas para formar una comisión legislativa -¿otra?- para que investigara esos hechos. La propuesta, en principio, contó con la aprobación de senadores de otros partidos, incluidos panistas.
Sin embargo, no faltaron cuestionamientos, el principal es que la Constitución, en su artículo 93, si bien prevé la formación de ese tipo de comisiones a solicitud de un 25 por ciento de los diputados o 50 por ciento de los senadores para "investigar el funcionamiento de organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria", en este caso, se trata de investigar las actividades de un funcionario, no de un organismo paraestatal. Además, no tienen facultades de sancionar a nadie. El mismo artículo señala que el "resultado de las investigaciones se hará del conocimiento del Ejecutivo Federal".
El embrollo legal se provoca porque otra salida sería instaurar un juicio político, previsto en el artículo 110 constitucional, que conduce sólo a la salida del funcionario y a su inhabilitación. Otra vía, extrema, sería una averiguación ministerial que en este ejemplo necesita el desafuero del funcionario, el cual queda descartado nada más de recordar el desafuero de AMLO. La sanción que aparentemente se aplicará es una amonestación administrativa de parte de la Secretaria de la Función Pública.
La otra salida a este embrollo, la cual depende de la visión de Felipe Calderón, sería la más dolorosa para el Presidente: la remoción del Secretario.
En cualquiera de los escenarios, el Secretario de Gobernación ya no servirá como interlocutor para negociar la reforma energética. No podría expresar sus puntos de vista sin que se ponga en duda si habla el funcionario o el interesado en negocios familiares de ese ramo.
El otro rol, el de precandidato presidencial panista, para beneplácito de sus rivales en el PAN, queda descartado.
Sergio Elías Gutiérrez 11 Mar. 08 El Norte / REFORMA
Es abogado y doctor en derecho por la UANL. Profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y Director y profesor en la Maestría en Derecho de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del TEC Monterrey. Es también Notario Público en Nuevo León y autor de artículos especializados en derecho y administración pública.
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