(apro).- La elección de la dirigencia del PRD no será suspendida, pero si no se recompone el proceso, el camino de la anulación está allanado.
Los escándalos que han surgido los últimos días, las denuncias de irregularidades en el padrón, la intervención de Andrés Manuel López Obrador a favor de Alejandro Encinas y la falta de papelería para que se lleve a cabo a tiempo la elección el próximo 16 de marzo, han puesto en peligro el proceso electoral del PRD.
Frente a esta amenaza, los dirigentes de las corrientes en pugna ya acordaron que continuarán hasta el final, pero lo que no han previsto es la posibilidad de una anulación, debido a que las graves irregularidades que se han denunciado no se han repuesto y habrán de estar presentes hasta el día de los comicios.
Al parecer, todo se encamina a que la elección por la dirigencia nacional del PRD será fuertemente impugnada por los propios candidatos. Camilo Valenzuela, uno de los contendientes, de plano ya pidió postergar la votación ante las irregularidades e insuficiencias detectadas en estos días.
La historia de las elecciones internas en el PRD ha estado plagada por las denuncias de irregularidades desde hace casi una década y ya en una ocasión esto derivó en la anulación.
El 14 de marzo de 1999 se llevaron a cabo elecciones y fue la primera vez que tuvieron que anularse porque los candidatos de entonces, Amalia García y Jesús Ortega, cometieron tantas irregularidades que fue imposible reponer el proceso electoral.
En aquella ocasión, Amalia García acusó a la corriente de Jesús Ortega, conocida como “los chuchos”, de haber incurrido en el acarreo y “mapacherías”. A manera de eufemismo, les dijo: “se les pasó la mano”.
Las mismas acusaciones hizo Jesús Ortega en contra de Amalia García. Ante las descalificaciones generalizadas, el Servicio General Electoral, a cargo de José Barberán, se metió a fondo y encontró irregularidades en mil 506 casillas y las anuló.
El dirigente del PRD era Andrés Manuel López Obrador. Se declaró completamente imparcial y advirtió que no se iba a “meter debajo de la alfombra lo indebido”. Además, descartó que el PRD se fuera a fracturar.
Los perredistas se evidenciaron con las mismas prácticas que tanto habían criticado en el PRI: “ratón loco”, urnas embarazadas, acarreo, “casillas zapato” y fabricación de votos. La anulación del proceso electoral fue inevitable, pero ante la negativa de Amalia García y de Jesús Ortega de ir a una nueva contienda, de inmediato se tuvo que elegir como presidente interino a Pablo Gómez.
Antes de dejar la presidencia del partido, López Obrador declaró:
“No luchamos únicamente por cargos públicos o de dirección, ni para triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole; luchamos por la justicia y la democracia. Las decisiones cupulares, el regateo entre elites políticas y burocráticas puede resultar más conciliador, pero no es democracia participativa. No olvidemos que la democracia es el poder del pueblo y nosotros no queremos kratos sin demos, no queremos poder sin pueblo”.
El 26 de julio de ese año se tuvieron que realizar nuevas elecciones, y ganó Amalia García a Jesús Ortega. Pero la mancha de las irregularidades ya no se borró.
En 2002 hubo nuevas elecciones para la dirigencia nacional del PRD. Rosario Robles ganó nuevamente a Jesús Ortega, pero se denunciaron irregularidades tan graves que en Hidalgo de plano se canceló la contienda.
Entonces, el proceso fue calificado como el más desaseado en la historia del PRD, y para reparar los errores, el Comité Ejecutivo Nacional suspendió de sus derechos y prerrogativas a 111 militantes, entre ellos a Joel Ortega y a Alfredo Hernández Raigosa.
Las repercusiones de las irregularidades en ambos procesos se absorbieron al interior del PRD. Pero eran otros tiempos, no tenían la fuerza que hoy han alcanzado: la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, gobernar en cinco entidades, el DF y 436 municipios, y tener la mayoría en cinco congresos locales.
Los errores cometidos por los perredistas ahora se magnifican y son aprovechados por sus adversarios. Los panistas y priistas fueron los primeros que festejaron las agresiones a los legisladores perredistas el domingo pasado. A integrantes del gobierno de Felipe Calderón, sobre todo a Juan Camilo Mouriño y a Germán Martínez, les brillaron los ojos ante la oportunidad que les dieron los propios perredistas para exponerlos como violentos e incapaces de llegar a acuerdos.
La postergación y, sobre todo, la anulación del proceso electoral le podrían traer graves consecuencias al PRD. Les ocasionaría no sólo fracturas internas, sino también la posibilidad de mantener su presencia en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009 y, hacia delante, llegar mermados a la competencia presidencial de 2012.
El juego en el que se ahora están enfrascados los perredistas es muy peligroso porque no se avizora ningún ganador, sino que todos pierden.
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