Real conflicto de intereses

Carlos Fernández-Vega
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Estrenar ley contra ordeña con el Grupo Energético del Sureste

En la ya larga historia de la Secretaría de Gobernación difícilmente se encontrará un caso, ya no igual, sino parecido, al de Juan Camilo Mouriño Terrazo, el predilecto del inquilino de Los Pinos, quien ha roto récord, pues a poco más de 40 días de su nombramiento acumula un abultado expediente de sainetes, irregularidades y presuntos ilícitos.

Sin duda, el gusto que en Calderón provoca su joven delfín le ha salido políticamente mucho más caro de lo que suponía (aunque el costo real, como siempre, lo pagan los “gobernados” con “autoridades” como esas), cuyo único mérito es ser amigo inseparable de quien firma los nombramientos. Con estos ejemplos, personajes como Don Jesús Reyes Heroles o serpientes venosas como Fernando Gutiérrez Barrios, deben estar revolcándose en sus respectivas moradas, aunque de risa, porque muchos aseguran que sus carcajadas se escuchan hasta en los últimos rincones de Los Pinos y el Palacio de Cobián.

En entregas anteriores preguntábamos ¿por qué el país siempre debe pagar las debilidades y excesos del inquilino de Los Pinos en turno? En tiempos no muy lejanos los sufragó con “orgullo de mi nepotismo”, “hermanos” que “nunca tuve” o “incómodo”, según el sexenio, parientes rapaces acomodados en sectores estratégicos (léase cuñados), “amigos íntimos” ubicados en Bucareli (que, dicho sea de paso, terminaron por repartir bicicletas en nombre de dudosas organizaciones “caritativas”), y “presidenta” adjunta (nenes incluidos), entre tantas historias del pasado inmediato.

Y todo indica que ese vergonzoso inventario de excesos y debilidades no ha sido suficiente, porque no quitan el dedo del renglón. Así, Felipe Calderón rompió el cascarón para que su niño consentido brillara en sociedad y presumirlo como “el gran genio”, el “cerebro oculto” del sexenio (¡si este es el brillante, cómo estarán los demás¡). Lo sentó en el Palacio de Cobián sin la menor experiencia para ocupar el cargo, pero con la única gracia de ser su predilecto, lo que ha demostrado hasta la saciedad al designarlo coordinador ejecutivo de su campaña electoral y general del equipo de transición, amén de jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y ahora inquilino de Bucareli. Todo producto de su larga experiencia política: dos diputaciones (una estatal, otra federal).

Pero la historia no comienza allí, pues toda la carrera política de Mouriño, si existe en realidad, va de la mano de Felipe Calderón. Donde éste se coloca, a su diestra aparece sentado Juan Camilo, como en los no muy lejanos tiempos del michoacano como coordinador de la bancada panista en San Lázaro, cuando el hispano-mexicano (según el pasaporte que utilice para la ocasión) ocupó la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, o la Subsecretaría de Energía cuando el michoacano fue titular de esa dependencia del Ejecutivo.

El conflicto de intereses del ahora secretario de Gobernación no es nuevo, no surge con su llegada a Bucareli, pues el truco de los pasaportes también lo usa a la hora de definirse como empresario o político, según lo amerite la ocasión.

Lo que sí queda claro es que al designar a su favorito como titular del Palacio de Cobián, no obstante su inexperiencia para el cargo, su par de pasaportes y el obvio conflicto de intereses que significa un empresario en cargo público, el inquilino de Los Pinos muestra las verdaderas “manos limpias” presumidas en campaña, y ratifica que la tradicional forma de hacer negocios privados por medio de los puestos públicos no se erradica con frases electoreras.

Obvio es, también, que es desastroso el control de daños por parte de Juan Camilo y asociados. Sólo un enemigo o la inexperiencia para manejar crisis como ésta pudieron hacer decir públicamente al aún secretario de Gobernación que “desde 2003 me desvinculé de los negocios familiares”, cuando lo primero que queda claro al leer la documentación probatoria que aportó Andrés Manuel López Obrador es la fecha de firma del en ese entonces más reciente contrato de la empresa familiar con Pemex y el cargo que para la misma ostentaba Juan Camilo, avalado por su firma: 29 de diciembre de 2003 y ratificado en los primeros días de 2004, y apoderado legal de la empresa, respectivamente, es decir, cuando el delfín Mouriño despachaba como subsecretario de Energía, una dependencia cuyo titular, en ese mismo momento, era el pentapichichi michoacano.

Si en ese momento, como en tantos otros documentados, “nadie se dio cuenta” del conflicto de intereses, procede bajar de la nómina pública no sólo al sacrificado de Juan Camilo, sino a quien “no registró”, ni antes ni ahora, tal brete.

Es verdaderamente irrelevante si el joven delfín de Los Pinos “no puede perder tiempo en debates con mis detractores”, pero está obligado a explicar clara y detalladamente esta situación, pero no a las “autoridades (in) competentes” (que son las mismas que sexenio tras sexenio extienden certificados de impunidad a la caterva de asaltantes que dicen gobernar el país), sino a sus empleadores que no son otros que los mexicanos, quienes aportan el sueldo y pagan las consecuencias. Lo propio le corresponde al inquilino de Los Pinos, padrino de Mouriño.

Las rebanadas del pastel

Se reformó el Código Penal Federal para tipificar y castigar la venta fraudulenta de gasolina, diesel y gas carburante. Las sanciones por esas prácticas van de tres a 10 años de prisión y se aplicarán a los dueños de las gasolineras o “a los autores intelectuales” del fraude, a fin de proteger a los trabajadores o despachadores del combustible. Eso dice. Pues bien, para iniciar con el pie derecho y estrenar dicha reforma, la autoridad puede inspeccionar las 38 estaciones de servicio del Grupo Energético del Sureste, propiedad de los Mouriño, pues de acuerdo con los reportes de la Profeco el 97.14 por ciento de ellas reportó irregularidades (“ordeñas”, o lo que es lo mismo litros que no son de a litro). Además, la visita es muy agradable, porque tales establecimientos se localizan, libres de conflicto de intereses, en los estados de Campeche (20), Tabasco (8), Quintana Roo (6), Chiapas (1), Veracruz (1) y Yucatán (2).