4 de mayo de 2008
Cada semana nos enteramos de algún nuevo capítulo vinculado a la corrupción. Una fechoría más de los Bribiesca, un nuevo abuso de los viajes de Sergio Vela, el director de Conaculta, datos adicionales sobre las obras mal habidas en el aeropuerto de la capital o en la magna Biblioteca, o simplemente la fortuna que habrá de regresarse a Unefon con intereses por errores de un funcionario. Desde luego no es un panorama nuevo. Los priístas nos acostumbraron a convivir con el cohecho y a asumir la corrupción como el telón de fondo de la vida nacional. Pero esperábamos más de los panistas y sus gobiernos de alternancia.
Vamos, los priístas nunca presumieron de honestidad. Los panistas, en cambio, hicieron de la crítica a la corrupción la columna vertebral de su plataforma a lo largo de seis décadas como partido de oposición. Sabíamos que el PAN carecía del oficio político de su rival y dábamos por descontado que cometerían novatadas de diversa índole. Pero al menos suponíamos que pondrían en práctica algún programa más o menos radical de renovación moral.
Sin embargo, resultaron iguales o peores. Muchos tenemos la sensación, incluso, que los gobiernos de Fox y de Calderón son más tolerantes con los abusos de los suyos, que el último gobierno priísta. Ernesto Zedillo terminó metiendo a la cárcel al hermano del presidente a quien le debía el puesto y prácticamente mandó al exilio político a su antecesor. En términos comparativos, lo que hizo Zedillo equivaldría al procesamiento judicial de Marta Sahagún y sus hijos por las muchas evidencias de desviación de fondos y enriquecimiento inexplicable.
Ciertamente los priístas cobijaban a los suyos, pero solían dar prioridad a la eficacia política. Es decir, estaban dispuestos a sacrificar a un correligionario si eso beneficiaba sus propias causas, incluyendo la estabilidad o las necesidades electorales. Calderón, en cambio, prefiere mantener a su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, porque es su delfín, o a Sergio Vela porque es su amigo, o nombrar como procurador del Medio Ambiente al ex gobernador Patrón Laviada, conocido antiecologista, por el pago de favores. El combate a la corrupción no parece estar entre sus prioridades.
Los gobiernos panistas han hecho una caricatura de la Secodam. Transformada en Secretaría de la Función Pública, es un elefante blanco tan ineficaz como la fiscalía de periodistas o la fiscalía de protección a las mujeres. Son instituciones que existen con el simple propósito de presumir voluntad política, pero en realidad constituyen una fachada para prohijar la impunidad y la pasividad. Los periodistas siguen siendo asesinados, los feminicidios no disminuyen y la corrupción campea como en sus mejores tiempos.
Cuando Felipe Calderón dijo como candidato que lo importante era llegar al poder “haiga sido como haiga sido” dejó establecida una valoración moral de lo que sería su gobierno. Hace unos meses, cuando un interlocutor le mencionó en privado al Presidente que Juan Bueno Torio, el senador panista, se había enriquecido de manera sospechosa, Calderón simplemente comentó que Bueno Torio quería ser gobernador. Debemos entender que el Presidente justifica el “haiga sido como haiga sido” en todos los niveles de gobierno. En otras palabras, que la necesidad política está por encima de la honestidad y la moral.
Podría entenderse, aunque no justificarse, que el gobierno de Calderón haya tenido que apechugar alianzas vergonzosas con el grupo político de Elba Esther Gordillo o tolerar a gobernadores impresentables como Mario Marín y Ulises Ruiz. La debilidad de su arribo al poder y su escaso margen de maniobra supuestamente lo habrían obligado a “mojarse” en el pantano de la real politik. Pero sigue siendo injustificable la tolerancia ante los malos manejos de sus propios correligionarios en diversos puestos de la jerarquía oficial.
El caso del primer presidente municipal panista que tuvo Zapopan, a mediados de la década de los 90, lo ilustra perfectamente. Un empresario exitoso que amplió el número de patrullas adquiriendo autos en la concesionaria de su compadre, violando todos los códigos de normatividad vigentes en el municipio. Interrogado al respecto, el empresario se defendió afirmando que tal normatividad aplicaba cuando había políticos corruptos, pero no aplicaba tratándose de ciudadanos de buenas costumbres. En otras palabras, “yo puedo violar la ley porque soy buena persona”.
Justamente, el problema con los panistas es que se autodefinen como “buenas personas” frente al resto de la clase política. Creen que el hecho de compartir los valores moralinos de la clase media, ir a misa, pertenecer al empresariado y privilegiar a la familia, los dispensa de sus excesos. Se conciben a sí mismos como ciudadanos empoderados, y como una especie distinta al resto de los políticos. No se han dado cuenta de que poco a poco el poder está convirtiendo a muchos de ellos en ladrones y en cómplices de nuevas formas de corrupción. El compadrazgo que otorga a una clase social y una colección de valores compartidos, propician una cofradía que se permite inaugurar nuevos tipos de abusos. Desde el gobernador que traslada recursos públicos a su cardenal y se mofa de ello, hasta el gobierno en su conjunto que eleva a rango de seguridad nacional los intereses del empresariado o convierte a la televisión privada en el verdadero ministerio de educación nacional. En lugar de una renovación moral de la política, la alternancia nos ha dado pan con lo mismo.
Cada semana nos enteramos de algún nuevo capítulo vinculado a la corrupción. Una fechoría más de los Bribiesca, un nuevo abuso de los viajes de Sergio Vela, el director de Conaculta, datos adicionales sobre las obras mal habidas en el aeropuerto de la capital o en la magna Biblioteca, o simplemente la fortuna que habrá de regresarse a Unefon con intereses por errores de un funcionario. Desde luego no es un panorama nuevo. Los priístas nos acostumbraron a convivir con el cohecho y a asumir la corrupción como el telón de fondo de la vida nacional. Pero esperábamos más de los panistas y sus gobiernos de alternancia.
Vamos, los priístas nunca presumieron de honestidad. Los panistas, en cambio, hicieron de la crítica a la corrupción la columna vertebral de su plataforma a lo largo de seis décadas como partido de oposición. Sabíamos que el PAN carecía del oficio político de su rival y dábamos por descontado que cometerían novatadas de diversa índole. Pero al menos suponíamos que pondrían en práctica algún programa más o menos radical de renovación moral.
Sin embargo, resultaron iguales o peores. Muchos tenemos la sensación, incluso, que los gobiernos de Fox y de Calderón son más tolerantes con los abusos de los suyos, que el último gobierno priísta. Ernesto Zedillo terminó metiendo a la cárcel al hermano del presidente a quien le debía el puesto y prácticamente mandó al exilio político a su antecesor. En términos comparativos, lo que hizo Zedillo equivaldría al procesamiento judicial de Marta Sahagún y sus hijos por las muchas evidencias de desviación de fondos y enriquecimiento inexplicable.
Ciertamente los priístas cobijaban a los suyos, pero solían dar prioridad a la eficacia política. Es decir, estaban dispuestos a sacrificar a un correligionario si eso beneficiaba sus propias causas, incluyendo la estabilidad o las necesidades electorales. Calderón, en cambio, prefiere mantener a su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, porque es su delfín, o a Sergio Vela porque es su amigo, o nombrar como procurador del Medio Ambiente al ex gobernador Patrón Laviada, conocido antiecologista, por el pago de favores. El combate a la corrupción no parece estar entre sus prioridades.
Los gobiernos panistas han hecho una caricatura de la Secodam. Transformada en Secretaría de la Función Pública, es un elefante blanco tan ineficaz como la fiscalía de periodistas o la fiscalía de protección a las mujeres. Son instituciones que existen con el simple propósito de presumir voluntad política, pero en realidad constituyen una fachada para prohijar la impunidad y la pasividad. Los periodistas siguen siendo asesinados, los feminicidios no disminuyen y la corrupción campea como en sus mejores tiempos.
Cuando Felipe Calderón dijo como candidato que lo importante era llegar al poder “haiga sido como haiga sido” dejó establecida una valoración moral de lo que sería su gobierno. Hace unos meses, cuando un interlocutor le mencionó en privado al Presidente que Juan Bueno Torio, el senador panista, se había enriquecido de manera sospechosa, Calderón simplemente comentó que Bueno Torio quería ser gobernador. Debemos entender que el Presidente justifica el “haiga sido como haiga sido” en todos los niveles de gobierno. En otras palabras, que la necesidad política está por encima de la honestidad y la moral.
Podría entenderse, aunque no justificarse, que el gobierno de Calderón haya tenido que apechugar alianzas vergonzosas con el grupo político de Elba Esther Gordillo o tolerar a gobernadores impresentables como Mario Marín y Ulises Ruiz. La debilidad de su arribo al poder y su escaso margen de maniobra supuestamente lo habrían obligado a “mojarse” en el pantano de la real politik. Pero sigue siendo injustificable la tolerancia ante los malos manejos de sus propios correligionarios en diversos puestos de la jerarquía oficial.
El caso del primer presidente municipal panista que tuvo Zapopan, a mediados de la década de los 90, lo ilustra perfectamente. Un empresario exitoso que amplió el número de patrullas adquiriendo autos en la concesionaria de su compadre, violando todos los códigos de normatividad vigentes en el municipio. Interrogado al respecto, el empresario se defendió afirmando que tal normatividad aplicaba cuando había políticos corruptos, pero no aplicaba tratándose de ciudadanos de buenas costumbres. En otras palabras, “yo puedo violar la ley porque soy buena persona”.
Justamente, el problema con los panistas es que se autodefinen como “buenas personas” frente al resto de la clase política. Creen que el hecho de compartir los valores moralinos de la clase media, ir a misa, pertenecer al empresariado y privilegiar a la familia, los dispensa de sus excesos. Se conciben a sí mismos como ciudadanos empoderados, y como una especie distinta al resto de los políticos. No se han dado cuenta de que poco a poco el poder está convirtiendo a muchos de ellos en ladrones y en cómplices de nuevas formas de corrupción. El compadrazgo que otorga a una clase social y una colección de valores compartidos, propician una cofradía que se permite inaugurar nuevos tipos de abusos. Desde el gobernador que traslada recursos públicos a su cardenal y se mofa de ello, hasta el gobierno en su conjunto que eleva a rango de seguridad nacional los intereses del empresariado o convierte a la televisión privada en el verdadero ministerio de educación nacional. En lugar de una renovación moral de la política, la alternancia nos ha dado pan con lo mismo.
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