En puerta, la segunda Gran Depresión

Carlyle Group, corresponsable de la megacrisis

Teresa Martínez

Mientras los responsables de la crisis crediticia en EU —los fondos creados por intermediarios como Carlyle Capital, bancos de inversión como Bear Stearns, calificadoras como Standard & Poors, Moody’s y JP Morgan, con la venia de autoridades y reguladores como la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro— son rescatados con recursos públicos, 28 millones de estadunidenses viven hoy de los cupones para alimentos.

En momentos en que la recesión económica estadunidense se perfila hacia lo más hondo y materializa al fantasma del hambre, surge otro intermediario financiero entre los responsables de tal debacle: Carlyle Group, una empresa entre cuyos cofundadores y directores aparece el hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler.
Este grupo, ligado a la familia Bush e incluso con Osama Bin Laden y acusado de graves delitos como tráfico de armas, se perfila como uno de los grandes responsables de la gran crisis, pues recurrió a múltiples prácticas ambiciosas y parasitarias para especular e incrementar sus ganancias rápidamente, siempre bajo la actitud contemplativa de las autoridades y amparado en las buenas notas emitidas por las calificadoras a múltiples instrumentos del endeble mercado hipotecario.
Hoy este grupo registra pérdidas millonarias y está imposibilitado de cubrir deudas superiores a los 16 mil millones de dólares, con lo que contribuye en gran medida a la debacle económica que termina drásticamente con los recursos de los estadunidenses y afecta a la economía mundial.
La situación es tal, que esta semana el secretario del Tesoro, Henry Paulson, se ufanó de anunciar la más grande reforma financiera desde la Gran Depresión, al aseverar que con esta se corregirá el rumbo de la economía y se contrarrestarán los efectos de la megacrisis financiera que arrasa el patrimonio de los estadunidenses. Lo cierto, sin embargo, es que Estados Unidos está a un paso de vivir la Gran Depresión ii y el costo, otra vez, será pagado por la sociedad estadunidense e internacional.
Los analistas son claros al señalar que el gobierno de George w. Bush sólo aparenta implantar grandes reformas, pero en realidad aún no atina a encontrar los medios adecuados para detener la debacle, mientras el fantasma del hambre, presente en el espíritu del pueblo estadunidense desde que se materializó en los años treinta, regresa y se instala en millones de personas.
Si bien los expertos afirman que la responsabilidad de esta situación debe recaer en los grandes especuladores como Bear Stearns, intermediarios financieros como Carlyle Capital (subsidiaria del grupo Carlyle) y calificadoras como JP Morgan, Moody’s y Standard & Poors, que construyeron herramientas para lograr ganancias millonarias con lo que sólo provocaron una hiperinflación del dólar, también señalan como responsables al Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed) y el propio gobierno estadunidense, quienes dejaron a ese sector fuera de la regulación con el argumento de que serían capaces de actuar correctamente y autorregularse en el libre mercado.
Sin embargo, queda claro que no fue así, pues en realidad esa voracidad se convirtió en un cáncer que afecta hoy al sistema financiero mundial y obligará, advierten analistas, a un cambio drástico en el sistema e incluso a un nuevo orden económico internacional.

El origen de la crisis
Carlyle Group, señalado en numerosos países por presuntas ligas con las mafias y la venta ilícita de armas, fue durante las últimas dos décadas uno de los fondos privados de capital más influyentes y poderosos. Sin embargo, sus graves problemas económicos afloraron en septiembre pasado, cuando tuvo que ser rescatado por Mubadala, el brazo financiero de un fondo millonario de Abu Dhabi, ciudad árabe que aportó mil 300 millones de dólares.
Pero el grupo, controlado por la familia Bush, sería víctima de los propios errores de la administración presidencial estadunidense, pues registró un desplome brutal de sus acciones de más de 90% debido a que invirtió gran parte de sus activos en bonos gubernamentales relacionados con el mercado hipotecario, calificados como altamente confiables (triple a).
Así, Carlyle surge ahora como parte del origen de la crisis que generó la colusión entre autoridades, calificadoras e intermediarios financieros hoy al descubierto, pues mientras la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro simplemente dejaban actuar a los ambiciosos grupos de inversión y otros intermediarios, las calificadoras emitían altas notas a instrumentos de inversión dudosos, lo que dio oportunidad a que grupos de inversión como Carlyle dieran rienda suelta a su ingeniería financiera para crear instrumentos de endeudamiento y saciar su voracidad de ganancias, sin importar que con ello provocaran una espiral de crecimiento ficticio.
Carlyle Capital logró crecer de manera sorprendente debido a que con sólo 670 millones de dólares como capital logró apalancarse hasta 32 veces para financiar un portafolios de 21 mil 700 millones de dólares de seguros avalados por las hipotecas emitidas por las agencias gubernamentales Freddie Mac y Fannie Mae, dos inmobiliarias que también se encuentran en tan grave situación económica que ya reciben fondos federales como ayuda.
La inusitada ambición y la falta de ética de Carlyle quedaron al descubierto al conocerse que el grupo de Bush usó en forma parasitaria los seguros de dichas agencias paraestatales inmobiliarias. El freno a estas prácticas llegaría con la insolvencia de los créditos inmobiliarios y la respectiva crisis económica.
Actualmente la situación del grupo —que según el experto en geopolítica Alfredo Jalife-Rahme todavía dirige en México Luis Téllez Kuenzler— es tal, que apenas pudo solventar deudas por 150 millones de dólares y se encuentra imposibilitado para cubrir un adeudo a cuatro bancos por 16 mil millones de dólares.
Frente a este y otros casos similares, analistas como Robert Borosage aseveran que la gravedad de la crisis ya provoca un cambio en el debate, pues debe limitarse el grado de especulación de los intermediarios financieros, así como regular aspectos fundamentales como las reservas de capital y montos de inversión.
El especialista se suma a las críticas y demandas por el rescate de la compañía de inversiones Bear Stearns, respaldado por la Fed con recursos públicos, pues considera que si las autoridades aplican estas medidas —exclusivas para los bancos— a los intermediarios financieros, entonces también deben obligarles a cumplir las leyes del sector bancario, la cual les obligaría a ser supervisados y cumplir con leyes como la de transparencia, entre otras.
El especialista explica que, ante la importancia del financiamiento para lograr objetivos sociales como crecimiento y estabilidad, es necesario establecer una firme regulación a este sector financiero, pues durante décadas la desregulación fomentó una espiral inflacionaria que finalmente colocó al dólar como una moneda de poderío ficticio.
Este proceso, explica, comenzó con Jimmy Carter y se aceleró con Ronald Reagan, para tomar una velocidad inusitada durante la administración de Bill Clinton y concretar la espiral de la catástrofe con George W. Bush.
Otros analistas incluso señalan al actual presidente de Estados Unidos como uno de los grandes responsables, pues afirman que su administración terminó con más de 30 años de esfuerzos gubernamentales para llevar al mundo por el camino del crecimiento.
Y es que en esta administración bancos como Bear Stearns o fondos de inversión como Carlyle Capital han gozado de toda la libertad para especular con los recursos de los ciudadanos estadunidenses e incluso de los inversionistas internacionales. Todo, amparado por diversos grupos de poder, entre los que destacan calificadoras como JP Morgan, Moody’s y Standard & Poors, inversionistas e intermediarios financieros, quienes les permitieron manipular a su entera satisfacción las leyes y normas del sector financiero.
En esto la Fed y el Departamento del Tesoro comparten gran parte de la responsabilidad, pues es muy frecuente que se otorguen beneficios a instituciones financieras, como ocurrió con el rescate de Bear Stearns, y luego la factura tenga que ser pagada por los contribuyentes.
Entre estas instituciones figura precisamente Carlyle Capital, un fondo de inversión filial de Carlyle Group, fuertemente apalancado con créditos bancarios y que se vio involucrado a mediados de marzo pasado en otro de los grandes escándalos financieros de Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de rescate realizados por Carlyle Group, el fondo registró pérdidas multimillonarias.
Al igual que en el escándalo de Bear Stearns, esta debacle arrastró a muchos de los ejecutivos y empleados de Carlyle Group, quienes eran propietarios de 15% de las acciones del fondo.
Apenas lanzado en el verano de 2007, el costo por acción de este fondo era de 19 dólares, sin embargo, del 7 al 14 de marzo, se pulverizó hasta los 43 centavos de dólar por acción.
Cabe señalar que a Luis Téllez Kuenzler, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, se le señala como dirigente de la subsidiaria de Carlyle Group en México e incluso enfrentó en su momento severas acusaciones de estar en conflicto de intereses al ser parte del gobierno federal y representar a una empresa interesada en involucrarse en el sector energético nacional.
Téllez, se dijo entonces, como director de Carlyle e integrante del gobierno federal “podría enterarse, por ejemplo —en un caso hipotético— , que los diputados habrían de votar por la apertura del sector energético y esa información la podría utilizar para aconsejar a sus inversionistas”.
El problema con Téllez como director de esa compañía y miembro del gabinete, añadían los analistas, era que el Carlyle Group tuviera alfiles “en la estructura del poder y que hubiera mexicanos dispuestos a hacer negocios con el patrimonio del pueblo”.
Investigadores de la unam advirtieron además en su momento que “las capacidades analíticas de Téllez quedaron expuestas cuando en el periodo de su gestión al frente de la Secretaría de Energía, en aras de impulsar la privatización del sector eléctrico, vaticinó que sin apertura México enfrentaría apagones en seis años, situación que no sucedió. Además fue el responsable de descapitalizar al sector eléctrico durante su paso por dicha dependencia”.
Por diversas acciones y abusos registrados en su labor como grupo de inversionistas, dicen académicos de la UNAM, Carlyle “representa la imagen de casos de delito financiero, de corrupción y de depredación del medio ambiente”.
Con todo, Luis Téllez asumió la jefatura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en apariencia después de renunciar a todo contacto con Carlyle, “el primer gestor mundial de valores financieros y fondos de inversión, que agrupa a la flor y nata de la política mundial encabezada por George Bush padre y Donald Rumsfeld”, ex secretario de Defensa.

El fantasma del hambre
Aunque la Fed aceptó por primera vez la posibilidad de que Estados Unidos pueda entrar en una recesión económica, el Fondo Monetario Internacional está por formalizar que la economía estadunidense está ya en recesión, pues en el Informe de perspectivas económicas mundiales 2008 reduce las estimaciones de crecimiento para 2008 de 1.5 a 0.5% como consecuencia de la crisis hipotecaria.
Más allá de afectaciones en eu el organismo internacional prevé que la recesión impactará también al resto del mundo, por lo que reduce su previsión de crecimiento internacional para 2008 de 4.1% pronosticado en enero a 3.7 por ciento.
Pero los analistas afirman que la crisis actual es tan grave que existen grandes posibilidades de que se caiga en una segunda Gran Depresión económica.
Y es que los datos son por demás reveladores. A los 130 millones de ciudadanos estadunidenses que recibirán un cheque por rembolso impositivo de entre 600 y mil 200 dólares en 2008, se sumaron los desempleados que solicitan ayuda: hasta marzo se registró en eu un nuevo récord máximo en solicitudes de ayuda por desempleo al alcanzar 407 mil solicitudes, situación que no se registraba desde 2005, cuando varios estados costeros fueron azotados por el huracán Katrina, que afectó severamente la economía regional.
La gravedad de la situación económica se materializa incluso en el fantasma del hambre. De octubre a marzo pasados, más de 28 millones de estadunidenses dependieron para sobrevivir de los cupones de comida, que son el símbolo de pobreza más evidente en aquel país. Esto representa un incremento importante desde 2007, cuando se registraron 26.5 millones de solicitudes.
Incluso hay quienes señalan que varias ciudades ya registran niveles de pobreza de hasta 30% y existe la posibilidad de que la cifra llegue a 60%, como sucedió en los peores momentos de la Gran Depresión de los años treinta.
Un ejemplo de ello es Michigan, entidad que ha vivido su propia recesión y donde uno de cada ocho habitantes depende de los cupones de alimento, lo cual representa el doble de los índices registrados en 2000.
Al igual que en Michigan, otras cuarenta entidades presentan incrementos en el número de depósitos a las tarjetas de débito que hoy sustituyen a los viejos cupones y en donde el gobierno realiza depósitos electrónicos una o hasta dos veces por mes.

Reforma endeble
Mientras los principales bancos del mundo siguen registrando pérdidas multimillonarias, contradictoriamente las autoridades federales, por un lado, se niegan a reconocer que atraviesan por una debacle económica, mientras que por otro fortalecen los programas sociales y hasta anuncian la reforma financiera más grande desde la Gran Depresión.
Sin embargo, analistas cuestionan severamente esta medida, ya que estiman que en el fondo no terminará con los grandes defectos que permitieron que el sector se convirtiera en un gran cáncer capaz de infectar a todo el mundo.
De hecho, en la primera semana de abril el secretario del Tesoro de EU, Henry Paulson, anunció la nueva reglamentación del sistema financiero. De acuerdo al plan, se pretende modernizar el papel del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre los mercados financieros, para darle mayores atribuciones en todos los temas vinculados al sector, como protección de los inversionistas y consumidores, así como los peligros para el sistema; creación de una comisión de vigilancia de los créditos hipotecarios para proteger a los consumidores, la cual se encargaría de otorgar licencias a las firmas que conceden préstamos hipotecarios y de supervisar el sistema hipotecario en todos los estados del país; así como fortalecer la autoridad de la Fed para obtener ciertas informaciones de los grupos de inversión, los cuales tienen acceso a los préstamos del banco central desde hace muy poco tiempo.
A mediano plazo, con esta reforma se busca fusionar a la Comisión de Valores con la Commodity Futures Trading Commission, que regula los mercados de materias primas; la desaparición del Departamento de Supervisión del Ahorro; el aumento de los poderes de la Fed para supervisar a las instituciones especializadas en normas y transferencias, y fortalecer la normatividad del sector seguros, que actualmente está en manos de los gobiernos estatales.
En tanto, a largo plazo se busca crear una nueva estructura de regulación, al eliminar la superposición de funciones y llenar los vacíos de la legislación actual.
De acuerdo con una nota de la agencia de noticias afp, el proyecto prevé crear una instancia de supervisión de los organismos que disponen de una garantía pública y una entidad encargada de la protección de consumidores e inversionistas; dar a la Fed poderes considerablemente ampliados en el sistema financiero, incluidos los bancos de inversiones, compañías de seguros y fondos de inversiones de riesgo.
Aunque con esta reforma la Fed tendría el poder de investigar a estas instituciones e imponer sanciones en el caso de que la estabilidad financiera se viera amenazada, especialistas como Paul Krugman señalan que esto no es más que la simple apariencia de una gran reforma, pues en realidad no se termina con los problemas de fondo.
Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de regulación del sector de intermediarios financieros, quienes son rescatados por la Reserva Federal con instrumentos y leyes bancarias, pero sin someterse a ellas, lo cual provoca problemas mayores e incluso arriesga los recursos de los contribuyentes.
De hecho, Krugman afirma que originalmente este plan, lejos de ser una respuesta a la actual crisis, se concibió como un instrumento para promover un sector de servicios financieros competitivos líder en el mundo y que promoviera innovaciones económicas continuas.
Ante esta grave problemática, que afecta al mercado internacional, el gobierno estadunidense deberá echar por tierra la idea del buen funcionamiento del mercado per se, pues queda claro que la voracidad de los intermediarios financieros como Carlyle o Bear Stearns es ilimitada, lo que se evidencia con la actual hiperinflación del dólar, una moneda con la que se trata de respaldar la economía de decenas de países, cuando en realidad hoy es evidente que no tiene la fortaleza suficiente.
El analista Nelson D. Schwarz señala que el poder que se otorga con la reforma a la Fed y el Departamento del Tesoro para regular el sector es limitado y los nuevos productos financieros prácticamente quedarían fuera de la actual regulación. Además, debe tomarse en cuenta que los cambios no entrarán en vigor sino hasta que se resuelvan las dificultades económicas actuales.
La necesidad de tomar medidas drásticas es tal, que el analista Nouriel Roubini asevera incluso que otros bancos importantes tendrán que declararse en quiebra si el gobierno no los nacionaliza o, cuando menos, adquiere sus créditos problemáticos, lo cual significará un gran costo para el erario.

El peligro en México
La problemática económica en Estados Unidos sin duda alguna prende los focos rojos en México, debido a que se maneja con un sistema financiero muy similar que permite que estas empresas especuladoras repitan de manera potencial las prácticas cometidas en el mercado estadunidense.
Más aún, se considera que las autoridades deben dejar de lado la actitud de suma confianza en la fortaleza económica nacional, pues al igual que las estadunidenses, en algún momento deberán aceptar la presencia de una crisis.
Economistas como Gerardo Esquivel, de El Colegio de México, advierten que los niveles de crecimiento, así como los de desempleo y producción ya reflejan la existencia de una desaceleración de la economía mexicana, ante lo cual no se han tomado las medidas adecuadas.
Por otro lado, los esquemas de regulación para intermediarios financieros, al igual que en Estados Unidos, son sumamente laxos, lo cual permite que estas instituciones repliquen sus esquemas de enriquecimiento.
De hecho, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, declaró el pasado 3 de abril que “hay una serie de lecciones que podemos sacar de la crisis financiera (en EU) y que apenas se están destilando. Pero ciertamente creo que habrá una introspección profunda, a nivel global, sobre la calidad y la oportunidad de la regulación y la supervisión”.
Ortiz añadió que frente a “toda esta tendencia hacia la desregulación económica en general y en particular en materia financiera, creo que va a sufrir una revisión” el asunto de permitir que los mercados se autocorrijan y la teoría de que “en este modelo de distribución masiva de productos el riesgo estaba pulverizado y lo cual hacía sistemáticamente más fuerte a los mercados financieros, seguramente se va a cuestionar”.
En cuanto a la situación económica del país, el gobierno también debe poner atención en los rezagos que generan ya ciertos problemas en las carteras bancarias, alertó el senador priista Carlos Lozano de la Torre. Clara muestra de ello, dijo, es la cartera vencida de crédito al consumo, la cual, según reportes oficiales, se incrementa de manera constante.
Tan es así que al cierre de 2007 se ubicó en más de 43 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 57% respecto de 2006, cuando se reportó una morosidad de 27 mil 350 millones de pesos.
Aunque banqueros y funcionarios se niegan a aceptar que esto representa una señal de alarma, el propio Banco de México demanda que las entidades bancarias operen con una observación cuidadosa, sobre todo de la cartera asociada a las tarjetas de crédito, cuya expansión está acompañada de un aumento de la morosidad, que en 2007 se ubicó en 20 mil 609 millones de pesos.
Otro signo a tomar en cuenta es la situación de los bancos internacionales que operan en México. Un ejemplo de ello es Citigroup Banamex y el Hong Kong Shanghai Banking (HSBC), los cuales se ven severamente afectados por la recesión estadunidense. Inclusive, Citigroup registró en 2007 pérdidas por seis mil 400 millones de dólares en activos, en tanto que hsbc tuvo que tomar en 2006 un cargo contable de diez mil 600 millones de dólares, derivado de préstamos hipotecarios no recuperados en EU.
Sin duda es imperativo que las autoridades mexicanas, además de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía, fortalezcan la legislación financiera, pues de lo contrario los intermediarios podrían provocar debacles peores que las que registra la nación norteamericana, afectando de manera inusitada a la economía nacional y, por tanto, a la sociedad en general.