CNDH y PGR repitieron sus ideas contra la ILE ante SCJN
Por Lourdes Godínez Leal
(CIMAC).- Con “la defensa de la vida desde el momento de la concepción” como principal argumento, hoy se presentaron ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los principales impugnadores de las reformas que permiten la interrupción del embarazo en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación: José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Eduardo Medina Mora, procurador General de la República (PGR).
Al dar inicio este día a la primera de seis audiencias públicas para discutir las reformas a la Ley de Salud del DF y del Código Penal del DF, que permiten la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 24 de abril de 2007, José Luis Soberanes centró su defensa de la vida desde el momento de la concepción, a través de argumentos biológicos, en los 30 minutos que tenía para exponer.
En su oportunidad, y en menor tiempo del estipulado, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien estuviera al frente de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante los operativos de San Salvador Atenco en 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y dos personas asesinadas por los elementos policíacos a su cargo, también defendió la vida de los “no nacidos”.
En esta primera audiencia, tanto Soberanes Fernández como Medina Mora insistieron (como lo han hecho desde que presentaron el recurso de inconstitucionalidad), en la “invasión” de competencias al señalar que la ALDF no está facultada para legislar en materia de salud, así como en la violación de los artículos 1º, 3º, 4º, 13,14,17 y 123 constitucionales.
La audiencia, programada para tres horas, ocupó menos de ese tiempo para escuchar alegatos en contra de la ILE, que se aplica en el DF desde que se publicó en la Gaceta del Distrito Federal, el 26 de abril de 2007, y cuya aplicación han solicitado 6 mil 499 mujeres a marzo de este año.
Las organizaciones civiles de derecha también presentaron argumentaciones. Los representantes de dichos grupos, en su mayoría hombres y no más de 5 mujeres, hablaron ante las y los ministros del significado del embrión, vida humana, persona humana, cigoto y algunos más se centraron en la discusión de en qué momento “inicia la vida”.
La próxima audiencia será el viernes 25 de abril, en la que el Ejecutivo local y la ALDF presentarán sus alegatos a favor de la ley y donde organizaciones civiles harán lo propio.
MÁS ANTICONCEPTIVOS, MENOS ABORTO
La organización civil IPAS México, experta en derechos sexuales y reproductivos, ha señalado en sus “Apuntes para el debate sobre aborto”, que éste, realizado en condiciones legales y con personal capacitado, es un procedimiento muy seguro, con una tasa de mortalidad cientos de veces inferior a cualquier evento obstétrico.
Contrario a lo señalado en continuas ocasiones por organizaciones de derecha sobre los efectos del aborto (practicado en condiciones seguras y legales), IPAS manifiesta que éste no afecta la fertilidad futura; no se asocia con el riesgo de desarrollar cáncer de mama y no hay evidencia de una relación causa-efecto entre el aborto inducido y una pobre salud mental.
IPAS considera que el aborto “nunca podrá eliminarse por completo” debido a varias razones, como las violaciones sexuales, las relaciones sexuales no protegidas, por fallas en los métodos anticonceptivos y por razones personales.
No obstante, una medida para disminuir el número de embarazos no deseados, de acuerdo a esta organización, es utilizando un mayor número de anticonceptivos, pues existe una relación directa entre los ideales reproductivos, es decir, el número de hijos que una mujer desea tener, la cobertura y el aborto inducido.
Diversos estudios han considerado que se requiere aumentar un 10 por ciento la cobertura anticonceptiva en una población para prevenir 1.6 abortos inducidos por cada mujer.
La organización civil ha destacado que en México menos de 40 de cada 100 adolescentes unidas usa anticonceptivos; lo mismo que 57 mujeres de cada 100 sin escolaridad y 52 de cada 100 mujeres de lengua indígena.
NUMERALIA
De acuerdo con datos de IPAS México: a 2003, entre 4 y 6 de cada 10 mujeres dijeron haber sido violadas alguna vez en su vida, el 65 por ciento entre los 10 y 20 años, al inicio de su etapa reproductiva.
Se estima que al año suceden 120 mil violaciones en el país. Y la probabilidad de un embarazo es de 8 a 10 por ciento por cada acto sexual no protegido.
Únicamente el 10 por ciento de mujeres violadas denuncia y la gran minoría lo hace después de las primeras horas, lo que le permitiría acceder a la anticoncepción de emergencia y evitar un embarazo.
“Hay autores intelectuales”, en asesinato de locutoras de la Mixteca oaxaqueña
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
(CIMAC).- Tras rechazar la posible intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o del Ejército en el territorio Triqui, José Ramírez Flores, presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, apuntó que “hay autores intelectuales” del asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, y señaló como responsables al ex diputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.
El munícipe de San Juan Copala calificó el asesinato de las dos locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio” como una venganza de los integrantes del Partido de Unificación Popular (PUP) creado por el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz.
En entrevista con Cimacnoticias sostuvo que en San Juan Copala existe un clima de indignación y tristeza por el homicidio de las dos jóvenes, sepultadas la tarde del miércoles en el panteón municipal, porque “todo el mundo sabe quiénes son nuestros enemigos, los mismos que se opusieron a la formación del municipio autónomo en enero de 2007, los mismos que nos acusan de la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez”.
Sin embargo, apuntó, la violencia que enfrenta a los pueblos de la zona Triqui es creada por las organizaciones políticas que no quieren el avance de nuestro municipio.
“Por eso no tenemos duda que detrás de todo lo que ocurre es preparado sólo por las personas que mencioné”, dijo refiriéndose al ex diputado Rufino Merino y a Heriberto Pazos Ortiz.
Explicó a Cimacnoticias que como resultado del conflicto político y desde la creación del municipio autónomo de San Juan Copala --antes agencia del municipio de Juxtlahuaca, uno de los tres grandes municipios que conforman la zona Triqui-- se ha dificultado el paso de la gente “nosotros no entramos a la zona de Putla y Juxtlahuaca (donde desparecieron Daniela y Virginia en junio de 2007) ahí sólo circula gente del MULT”.
De acuerdo con familiares de las dos jóvenes locutoras y reporteras asesinadas el pasado 7 de abril --Felicitas y Teresa-- ambas habían recibido amenazas de muerte de gente del diputado Merino Zaragoza y de Pazos Ortiz, reiteró el presidente municipal del municipio autónomo de San Juan Copala.
Por otra parte, Macario García Merino, secretario municipal de San Juan Copala, sostuvo que será necesaria la intervención del gobierno federal para que se esclarezca el asesinato de Teresa y Felicitas, sin embargo rechazó que “la militarización resuelva el problema, al contrario podría agravar la situación y pone en riesgo los derechos humanos, en especial de las mujeres”.
En la región tenemos amargas experiencias, como sucedió en 1964 y en 1978, cuando el Ejército mexicano entró en la zona, dice, “la partida de militares detenía a las personas que la gente del partido oficial señalaba porque no convenía a sus intereses, cuando la gente huía al monte, los soldados entraban a las casas y violaban a las mujeres, no queremos que eso se repita”.
MUNICIPIO AUTÓNOMO
La zona Triqui está conformada por 26 comunidades que hasta enero de 2007 pertenecían a los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla.
En esa fecha, la hasta entonces agencia municipal de San Juan Copala se declaró municipio autónomo y al menos 18 comunidades Triquis se adhieren a esta iniciativa. El resto se quedó bajo la “tutela” del MULT y el PUP, partido político con registro estatal.
García Merino explica que la formación de este municipio autónomo obedeció a que las organizaciones como el MULT, UBISORT y MULTI dividían a la población por lo que las dos últimas decidieron conformar el municipio autónomo, a lo que se opuso el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, a quien identifica como “muy ligado” al PRI.
En un principio cuando se conformó, el MULT trabajó bien --dice el secretario municipal de San Juan Copala-- pero al paso del tiempo se fueron corrompiendo.
Unos cuantos líderes manejaban los recursos que los gobiernos enviaban. Incluso metieron al banco los recursos del Procampo y sólo pretendían distribuir los intereses que éstos generaban, “no sé cuánto dinero era, pero era muchísimo dinero”, denuncia.
En la actualidad, añade el entrevistado, la gente del MULT sigue acaparando los recursos del Ramo 28 y del Ramo 33 “y si alguna autoridad pregunta en Juxtlahuaca por los recursos, corre el riesgo de que lo castiguen o lo metan a la cárcel, en el mejor de los casos”.
El gobierno estatal no quiere reconocer al municipio autónomo de San Juan Copala, nosotros estamos buscando los mecanismos para logarlo, pues se trata de un asunto de justicia social, ya que hasta 1948 San Juan Copala era la cabecera municipal, sólo que por intereses políticos nos redujeron a agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, explica.
QUE INVESTIGUEN
La etnia Triqui, ubicada en la parte más occidental de Oaxaca, es considerada como uno de los más antiguos pobladores de México y han “convivido” con los mixtecos, sus más cercanos vecinos.
Los Triquis son un pueblo dividido por los conflictos políticos y por el poder económico, sostiene García Merino, quien reconoce que se habrían recrudecido más a raíz de la creación del municipio autónomo o quizá porque “ahora sí la gente está más enterada de lo que aquí pasa, antes nadie sabía de la violencia”.
Todo ello a pesar de que uno de los objetivos del municipio autónomo creado el 20 de enero de 2007 es buscar la unidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “tal parece que hay gente empeñada en seguir sembrando la violencia, pero no somos nosotros”, agrega.
Sostiene que a pesar de las acusaciones del MULT sobre la presunta responsabilidad de la gente del municipio autónomo (UBISORT-MULTI) en la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz, nosotros nada tenemos que ver, al contrario hemos exigido que las autoridades investiguen.
En ese mismos sentido, el presidente del municipio autónomo pone el dedo en la yaga: “creemos que los responsables están entre la misma gente del MULT”.
Ahora las autoridades municipales exponen que es necesaria una investigación a fondo, para esclarecer los homicidios de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio”, así como para dar con el paradero de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007, “que vengan y que investiguen, nosotros no estamos cerrados y no tenemos nada que ver”, remata.
Por Lourdes Godínez Leal
(CIMAC).- Con “la defensa de la vida desde el momento de la concepción” como principal argumento, hoy se presentaron ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los principales impugnadores de las reformas que permiten la interrupción del embarazo en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación: José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Eduardo Medina Mora, procurador General de la República (PGR).
Al dar inicio este día a la primera de seis audiencias públicas para discutir las reformas a la Ley de Salud del DF y del Código Penal del DF, que permiten la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 24 de abril de 2007, José Luis Soberanes centró su defensa de la vida desde el momento de la concepción, a través de argumentos biológicos, en los 30 minutos que tenía para exponer.
En su oportunidad, y en menor tiempo del estipulado, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien estuviera al frente de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante los operativos de San Salvador Atenco en 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y dos personas asesinadas por los elementos policíacos a su cargo, también defendió la vida de los “no nacidos”.
En esta primera audiencia, tanto Soberanes Fernández como Medina Mora insistieron (como lo han hecho desde que presentaron el recurso de inconstitucionalidad), en la “invasión” de competencias al señalar que la ALDF no está facultada para legislar en materia de salud, así como en la violación de los artículos 1º, 3º, 4º, 13,14,17 y 123 constitucionales.
La audiencia, programada para tres horas, ocupó menos de ese tiempo para escuchar alegatos en contra de la ILE, que se aplica en el DF desde que se publicó en la Gaceta del Distrito Federal, el 26 de abril de 2007, y cuya aplicación han solicitado 6 mil 499 mujeres a marzo de este año.
Las organizaciones civiles de derecha también presentaron argumentaciones. Los representantes de dichos grupos, en su mayoría hombres y no más de 5 mujeres, hablaron ante las y los ministros del significado del embrión, vida humana, persona humana, cigoto y algunos más se centraron en la discusión de en qué momento “inicia la vida”.
La próxima audiencia será el viernes 25 de abril, en la que el Ejecutivo local y la ALDF presentarán sus alegatos a favor de la ley y donde organizaciones civiles harán lo propio.
MÁS ANTICONCEPTIVOS, MENOS ABORTO
La organización civil IPAS México, experta en derechos sexuales y reproductivos, ha señalado en sus “Apuntes para el debate sobre aborto”, que éste, realizado en condiciones legales y con personal capacitado, es un procedimiento muy seguro, con una tasa de mortalidad cientos de veces inferior a cualquier evento obstétrico.
Contrario a lo señalado en continuas ocasiones por organizaciones de derecha sobre los efectos del aborto (practicado en condiciones seguras y legales), IPAS manifiesta que éste no afecta la fertilidad futura; no se asocia con el riesgo de desarrollar cáncer de mama y no hay evidencia de una relación causa-efecto entre el aborto inducido y una pobre salud mental.
IPAS considera que el aborto “nunca podrá eliminarse por completo” debido a varias razones, como las violaciones sexuales, las relaciones sexuales no protegidas, por fallas en los métodos anticonceptivos y por razones personales.
No obstante, una medida para disminuir el número de embarazos no deseados, de acuerdo a esta organización, es utilizando un mayor número de anticonceptivos, pues existe una relación directa entre los ideales reproductivos, es decir, el número de hijos que una mujer desea tener, la cobertura y el aborto inducido.
Diversos estudios han considerado que se requiere aumentar un 10 por ciento la cobertura anticonceptiva en una población para prevenir 1.6 abortos inducidos por cada mujer.
La organización civil ha destacado que en México menos de 40 de cada 100 adolescentes unidas usa anticonceptivos; lo mismo que 57 mujeres de cada 100 sin escolaridad y 52 de cada 100 mujeres de lengua indígena.
NUMERALIA
De acuerdo con datos de IPAS México: a 2003, entre 4 y 6 de cada 10 mujeres dijeron haber sido violadas alguna vez en su vida, el 65 por ciento entre los 10 y 20 años, al inicio de su etapa reproductiva.
Se estima que al año suceden 120 mil violaciones en el país. Y la probabilidad de un embarazo es de 8 a 10 por ciento por cada acto sexual no protegido.
Únicamente el 10 por ciento de mujeres violadas denuncia y la gran minoría lo hace después de las primeras horas, lo que le permitiría acceder a la anticoncepción de emergencia y evitar un embarazo.
“Hay autores intelectuales”, en asesinato de locutoras de la Mixteca oaxaqueña
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
(CIMAC).- Tras rechazar la posible intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o del Ejército en el territorio Triqui, José Ramírez Flores, presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, apuntó que “hay autores intelectuales” del asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, y señaló como responsables al ex diputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.
El munícipe de San Juan Copala calificó el asesinato de las dos locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio” como una venganza de los integrantes del Partido de Unificación Popular (PUP) creado por el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz.
En entrevista con Cimacnoticias sostuvo que en San Juan Copala existe un clima de indignación y tristeza por el homicidio de las dos jóvenes, sepultadas la tarde del miércoles en el panteón municipal, porque “todo el mundo sabe quiénes son nuestros enemigos, los mismos que se opusieron a la formación del municipio autónomo en enero de 2007, los mismos que nos acusan de la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez”.
Sin embargo, apuntó, la violencia que enfrenta a los pueblos de la zona Triqui es creada por las organizaciones políticas que no quieren el avance de nuestro municipio.
“Por eso no tenemos duda que detrás de todo lo que ocurre es preparado sólo por las personas que mencioné”, dijo refiriéndose al ex diputado Rufino Merino y a Heriberto Pazos Ortiz.
Explicó a Cimacnoticias que como resultado del conflicto político y desde la creación del municipio autónomo de San Juan Copala --antes agencia del municipio de Juxtlahuaca, uno de los tres grandes municipios que conforman la zona Triqui-- se ha dificultado el paso de la gente “nosotros no entramos a la zona de Putla y Juxtlahuaca (donde desparecieron Daniela y Virginia en junio de 2007) ahí sólo circula gente del MULT”.
De acuerdo con familiares de las dos jóvenes locutoras y reporteras asesinadas el pasado 7 de abril --Felicitas y Teresa-- ambas habían recibido amenazas de muerte de gente del diputado Merino Zaragoza y de Pazos Ortiz, reiteró el presidente municipal del municipio autónomo de San Juan Copala.
Por otra parte, Macario García Merino, secretario municipal de San Juan Copala, sostuvo que será necesaria la intervención del gobierno federal para que se esclarezca el asesinato de Teresa y Felicitas, sin embargo rechazó que “la militarización resuelva el problema, al contrario podría agravar la situación y pone en riesgo los derechos humanos, en especial de las mujeres”.
En la región tenemos amargas experiencias, como sucedió en 1964 y en 1978, cuando el Ejército mexicano entró en la zona, dice, “la partida de militares detenía a las personas que la gente del partido oficial señalaba porque no convenía a sus intereses, cuando la gente huía al monte, los soldados entraban a las casas y violaban a las mujeres, no queremos que eso se repita”.
MUNICIPIO AUTÓNOMO
La zona Triqui está conformada por 26 comunidades que hasta enero de 2007 pertenecían a los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla.
En esa fecha, la hasta entonces agencia municipal de San Juan Copala se declaró municipio autónomo y al menos 18 comunidades Triquis se adhieren a esta iniciativa. El resto se quedó bajo la “tutela” del MULT y el PUP, partido político con registro estatal.
García Merino explica que la formación de este municipio autónomo obedeció a que las organizaciones como el MULT, UBISORT y MULTI dividían a la población por lo que las dos últimas decidieron conformar el municipio autónomo, a lo que se opuso el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, a quien identifica como “muy ligado” al PRI.
En un principio cuando se conformó, el MULT trabajó bien --dice el secretario municipal de San Juan Copala-- pero al paso del tiempo se fueron corrompiendo.
Unos cuantos líderes manejaban los recursos que los gobiernos enviaban. Incluso metieron al banco los recursos del Procampo y sólo pretendían distribuir los intereses que éstos generaban, “no sé cuánto dinero era, pero era muchísimo dinero”, denuncia.
En la actualidad, añade el entrevistado, la gente del MULT sigue acaparando los recursos del Ramo 28 y del Ramo 33 “y si alguna autoridad pregunta en Juxtlahuaca por los recursos, corre el riesgo de que lo castiguen o lo metan a la cárcel, en el mejor de los casos”.
El gobierno estatal no quiere reconocer al municipio autónomo de San Juan Copala, nosotros estamos buscando los mecanismos para logarlo, pues se trata de un asunto de justicia social, ya que hasta 1948 San Juan Copala era la cabecera municipal, sólo que por intereses políticos nos redujeron a agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, explica.
QUE INVESTIGUEN
La etnia Triqui, ubicada en la parte más occidental de Oaxaca, es considerada como uno de los más antiguos pobladores de México y han “convivido” con los mixtecos, sus más cercanos vecinos.
Los Triquis son un pueblo dividido por los conflictos políticos y por el poder económico, sostiene García Merino, quien reconoce que se habrían recrudecido más a raíz de la creación del municipio autónomo o quizá porque “ahora sí la gente está más enterada de lo que aquí pasa, antes nadie sabía de la violencia”.
Todo ello a pesar de que uno de los objetivos del municipio autónomo creado el 20 de enero de 2007 es buscar la unidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “tal parece que hay gente empeñada en seguir sembrando la violencia, pero no somos nosotros”, agrega.
Sostiene que a pesar de las acusaciones del MULT sobre la presunta responsabilidad de la gente del municipio autónomo (UBISORT-MULTI) en la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz, nosotros nada tenemos que ver, al contrario hemos exigido que las autoridades investiguen.
En ese mismos sentido, el presidente del municipio autónomo pone el dedo en la yaga: “creemos que los responsables están entre la misma gente del MULT”.
Ahora las autoridades municipales exponen que es necesaria una investigación a fondo, para esclarecer los homicidios de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio”, así como para dar con el paradero de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007, “que vengan y que investiguen, nosotros no estamos cerrados y no tenemos nada que ver”, remata.
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