Luis Linares Zapata
Los escarceos anteriores a la batalla por Pemex y la soberanía energética han terminado. Enfrente se observa ahora un territorio inhóspito, lleno de trampas y contendientes belicosos que están dispuestos a entrar al debate directo de las visiones, los programas precisos y los conceptos rectores del sector energético. Aspectos indispensables para, después, manejar tiempos, los modos y la agenda de temas que seguirán en la disputa. En paralelo se lleva a cabo la profundización organizativa para conducir, con éxito, la refriega cuerpo a cuerpo que exigirá la movilización social, palanca de apoyo clave de la oposición.
Calderón, el presidente del oficialismo, ha declarado una retirada táctica de la disputa. Permanecerá, por ahora al menos, en la retaguardia de los discursos de ocasión, las giras protegidas por férreos dispositivos de seguridad y las inauguraciones a modo. Ha decidido lanzar por delante a sus subordinados partidistas, un conjunto de amedrentados panistas que carecen de los arrestos personales y los indispensables instrumentos requeridos para el combate avizorado. No presentará Calderón, al menos por el momento, la iniciativa abarcadora que tanto prometió y a la que, en un principio, pareció atar su gobierno. El sueño de cambiar el texto constitucional que acarició, la adecuación de leyes secundarias para permitir la injerencia del capital privado a las paraestatales de la energía y las modificaciones operativas de las mismas, fue abandonado lirón por lirón. Sólo le queda el subterfugio de la soterrada autonomía de gestión (AG) para Pemex, misma que sería calcada para la CFE.
El alegado 35 por ciento del voto triunfador no le prestó, ni de cerca, el sustento efectivo a la hora de las aventuras de gran calado, sobre todo aquellas en las que el diseño unilateral era evidente ante la atónita vista de los ciudadanos. Simplemente la administración calderonista no tiene la fuerza para dar la pelea de cara a los ciudadanos. Ni aun con el homogéneo auxilio de los medios de comunicación a su entero servicio. Llegó a Los Pinos baldado en su legitimidad y sus pretensiones transformadoras no se empatan con lo que señalan la historia y el espíritu nacionales. La alianza con el priísmo tardío apenas le da para cambios menores, cosméticos o en aquellos renglones donde su fofa enjundia se cruza con los intereses particulares de los grupos de presión. Ahí donde se hacen tan presentes como ominosas e impresentables las ambiciones personales, de grupo o de la cofradía de sus socios. La valentía que alardeaba para enfrentar los riesgos inherentes a tan osada intentona de reforma estructural sucumbió ante el desgaste que su imagen ha sufrido a últimas fechas por sus desmedidas pretensiones de alterar el espíritu constitucional (artículo 27), tan arraigado en el trasfondo de los mexicanos.
Pero a Calderón, los poderosos de dentro y fuera que lo sostienen, y esos que esperan meter la mano, el codo y, a veces, hasta la ancha cadera revestida con bolsas sin fondo, agrandadas por los privilegios, les queda una ruta para rescatar algo del naufragio: la cacareada AG. Toda una puerta de escape, entrevista para contrarrestar el fracaso de las alianzas estratégicas, las concesiones arbitrarias, los contratos múltiples o de riesgo disfrazado, la salida a bolsa para captar inversiones o la capitalización de los voluminosos pasivos (Pidiregas y otros) con que se lastró a las paraestatales en cuestión. Es por medio de la AG por donde pueden colar sus planes de entrega y apañe de riquezas disponibles, tal y como se hizo en los casos de Venezuela y Brasil (PDVSA y Petrobras).
Otorgar, mediante un cambio a modo en el marco regulatorio actual de Pemex, el margen de maniobra requerido para adoptar todas las decisiones operativas que se vayan imponiendo en cada caso particular es el sustituto a los cambios constitucionales extraviados. Un terreno coincidente con el priísmo de elite, que está por demás preparado para entrar al quite de la ineficacia panista. Una estratagema funcional que parece adecuada para la modernización, y hasta apreciada por muchos que, de otras maneras, se opondrían con tesón a dichos cambios. La AG posibilitaría el contratismo acelerado y redituable. Por eso proponen el cambio al marco regulatorio de las leyes y normas que rigen el otorgamiento de contratos para obras y servicios o la integración de los órganos de gobierno de la empresa. Por eso quieren retocar el consejo de administración, máximo instrumento decisorio. El objetivo es situar ahí a los personajes adecuados, ya sea por su proclividad ideológica o, más todavía, por su docilidad para recibir instrucciones y facilitar negocios.
Fue mediante la AG que PDVSA se independizó hasta llegar a erigirse como un Estado dentro del débil Estado nacional venezolano previo. Fueron sus administradores los que, contrariando la misma Constitución, regalaron a las empresas trasnacionales parte sustantiva del enorme tesoro de esa nación (Orinoco). Fueron también los independientes directivos de Petrobras los que concibieron la salida a bolsa y otros medios que privatizaron 60 por ciento del valor de aquella empresita de antaño. Empresa capitalizada por socios visionarios que, hoy en día, gozan de reservas que alcanzan, a valor actual, 4 o 5 billones de dólares. Una onerosa estrategia, similar en ambas naciones, que impide a sus respectivos pueblos el pleno aprovechamiento de la renta petrolera, y para que los solícitos inversionistas (aliados) de dentro y fuera de esos países hermanos se hinchen de billetes.
Esa, la AG envisionada para Pemex, es una ruta alterna para colocar dentro del cuarto de las decisiones cupulares y maniobreramente soberanas a la tecnocracia priísta de otros tiempos, aquellos que saben hacer el trabajo requerido, colonizados por el neoliberalismo entreguista y corrupto, personajes que de inmediato llegarían a esas cúspides impulsados por sus patronos y guías políticos.
El paso subsiguiente se otea con claridad meridiana: un contratismo rampante. Una feroz entrega de la operación a los traficantes de influencias privados. Un contratismo totalizador, libre de ataduras, protegido contra la vigilancia y reacio al rendimiento de cuentas, que asegure los negocios de los poderosos. La elevación de la plataforma de exportaciones seguiría imperando como exigencia de clientes voraces de crudos disponibles, baratos y seguros. Una estratagema, la AG, que terminaría, de aprobarse sin el cuidado suficiente de la oposición, por acrecentar la dependencia tecnológica que se padece y el rompimiento definitivo de la integración industrial del sector. Es por eso que el debate, además de reincidir, una y mil veces, en el espíritu constitucional y el contexto político, no puede soslayar el sensible tema de la AG, terreno donde se dará el combate final.
Los escarceos anteriores a la batalla por Pemex y la soberanía energética han terminado. Enfrente se observa ahora un territorio inhóspito, lleno de trampas y contendientes belicosos que están dispuestos a entrar al debate directo de las visiones, los programas precisos y los conceptos rectores del sector energético. Aspectos indispensables para, después, manejar tiempos, los modos y la agenda de temas que seguirán en la disputa. En paralelo se lleva a cabo la profundización organizativa para conducir, con éxito, la refriega cuerpo a cuerpo que exigirá la movilización social, palanca de apoyo clave de la oposición.
Calderón, el presidente del oficialismo, ha declarado una retirada táctica de la disputa. Permanecerá, por ahora al menos, en la retaguardia de los discursos de ocasión, las giras protegidas por férreos dispositivos de seguridad y las inauguraciones a modo. Ha decidido lanzar por delante a sus subordinados partidistas, un conjunto de amedrentados panistas que carecen de los arrestos personales y los indispensables instrumentos requeridos para el combate avizorado. No presentará Calderón, al menos por el momento, la iniciativa abarcadora que tanto prometió y a la que, en un principio, pareció atar su gobierno. El sueño de cambiar el texto constitucional que acarició, la adecuación de leyes secundarias para permitir la injerencia del capital privado a las paraestatales de la energía y las modificaciones operativas de las mismas, fue abandonado lirón por lirón. Sólo le queda el subterfugio de la soterrada autonomía de gestión (AG) para Pemex, misma que sería calcada para la CFE.
El alegado 35 por ciento del voto triunfador no le prestó, ni de cerca, el sustento efectivo a la hora de las aventuras de gran calado, sobre todo aquellas en las que el diseño unilateral era evidente ante la atónita vista de los ciudadanos. Simplemente la administración calderonista no tiene la fuerza para dar la pelea de cara a los ciudadanos. Ni aun con el homogéneo auxilio de los medios de comunicación a su entero servicio. Llegó a Los Pinos baldado en su legitimidad y sus pretensiones transformadoras no se empatan con lo que señalan la historia y el espíritu nacionales. La alianza con el priísmo tardío apenas le da para cambios menores, cosméticos o en aquellos renglones donde su fofa enjundia se cruza con los intereses particulares de los grupos de presión. Ahí donde se hacen tan presentes como ominosas e impresentables las ambiciones personales, de grupo o de la cofradía de sus socios. La valentía que alardeaba para enfrentar los riesgos inherentes a tan osada intentona de reforma estructural sucumbió ante el desgaste que su imagen ha sufrido a últimas fechas por sus desmedidas pretensiones de alterar el espíritu constitucional (artículo 27), tan arraigado en el trasfondo de los mexicanos.
Pero a Calderón, los poderosos de dentro y fuera que lo sostienen, y esos que esperan meter la mano, el codo y, a veces, hasta la ancha cadera revestida con bolsas sin fondo, agrandadas por los privilegios, les queda una ruta para rescatar algo del naufragio: la cacareada AG. Toda una puerta de escape, entrevista para contrarrestar el fracaso de las alianzas estratégicas, las concesiones arbitrarias, los contratos múltiples o de riesgo disfrazado, la salida a bolsa para captar inversiones o la capitalización de los voluminosos pasivos (Pidiregas y otros) con que se lastró a las paraestatales en cuestión. Es por medio de la AG por donde pueden colar sus planes de entrega y apañe de riquezas disponibles, tal y como se hizo en los casos de Venezuela y Brasil (PDVSA y Petrobras).
Otorgar, mediante un cambio a modo en el marco regulatorio actual de Pemex, el margen de maniobra requerido para adoptar todas las decisiones operativas que se vayan imponiendo en cada caso particular es el sustituto a los cambios constitucionales extraviados. Un terreno coincidente con el priísmo de elite, que está por demás preparado para entrar al quite de la ineficacia panista. Una estratagema funcional que parece adecuada para la modernización, y hasta apreciada por muchos que, de otras maneras, se opondrían con tesón a dichos cambios. La AG posibilitaría el contratismo acelerado y redituable. Por eso proponen el cambio al marco regulatorio de las leyes y normas que rigen el otorgamiento de contratos para obras y servicios o la integración de los órganos de gobierno de la empresa. Por eso quieren retocar el consejo de administración, máximo instrumento decisorio. El objetivo es situar ahí a los personajes adecuados, ya sea por su proclividad ideológica o, más todavía, por su docilidad para recibir instrucciones y facilitar negocios.
Fue mediante la AG que PDVSA se independizó hasta llegar a erigirse como un Estado dentro del débil Estado nacional venezolano previo. Fueron sus administradores los que, contrariando la misma Constitución, regalaron a las empresas trasnacionales parte sustantiva del enorme tesoro de esa nación (Orinoco). Fueron también los independientes directivos de Petrobras los que concibieron la salida a bolsa y otros medios que privatizaron 60 por ciento del valor de aquella empresita de antaño. Empresa capitalizada por socios visionarios que, hoy en día, gozan de reservas que alcanzan, a valor actual, 4 o 5 billones de dólares. Una onerosa estrategia, similar en ambas naciones, que impide a sus respectivos pueblos el pleno aprovechamiento de la renta petrolera, y para que los solícitos inversionistas (aliados) de dentro y fuera de esos países hermanos se hinchen de billetes.
Esa, la AG envisionada para Pemex, es una ruta alterna para colocar dentro del cuarto de las decisiones cupulares y maniobreramente soberanas a la tecnocracia priísta de otros tiempos, aquellos que saben hacer el trabajo requerido, colonizados por el neoliberalismo entreguista y corrupto, personajes que de inmediato llegarían a esas cúspides impulsados por sus patronos y guías políticos.
El paso subsiguiente se otea con claridad meridiana: un contratismo rampante. Una feroz entrega de la operación a los traficantes de influencias privados. Un contratismo totalizador, libre de ataduras, protegido contra la vigilancia y reacio al rendimiento de cuentas, que asegure los negocios de los poderosos. La elevación de la plataforma de exportaciones seguiría imperando como exigencia de clientes voraces de crudos disponibles, baratos y seguros. Una estratagema, la AG, que terminaría, de aprobarse sin el cuidado suficiente de la oposición, por acrecentar la dependencia tecnológica que se padece y el rompimiento definitivo de la integración industrial del sector. Es por eso que el debate, además de reincidir, una y mil veces, en el espíritu constitucional y el contexto político, no puede soslayar el sensible tema de la AG, terreno donde se dará el combate final.
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