Los tiempos políticos

Desde 1992, cuando se reformó el artículo 27 constitucional y dejó de existir el ejido, no había habido tanta expectación por una reforma como hoy, con la iniciativa de cambios a legislación en materia energética.

Pero a diferencia de entonces, no había el encono y la confrontación que ahora existen, producto de la polarización surgida en las pasadas elecciones presidenciales en las cuales el país se dividió en dos proyectos antagónicos: el empresarial, de Felipe Calderón, y el nacionalista, de Andrés Manuel López Obrador.

Hace 16 años, la inconformidad que se expresó en las calles de parte de organizaciones campesinas en contra de un paquete de reformas constitucionales que enterraban uno de los símbolos emergidos de la Revolución, el ejido, al final fue apagada por el mismo sistema político dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hoy el escenario es completamente distinto: el Partido Acción Nacional (PAN) carece de la hegemonía que tuvo el PRI y este último instituto, convertido en oposición, se ha puesto a jugar el papel de “abogado del diablo”, que donde ve mayor ganancia, ahí se inclina para obtener su propio dividendo.

En tanto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como fuerza, se ha sumado a la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien ha diseñado una estrategia de resistencia en la que habrían de participar miles de personas, en su mayoría mujeres.

Sin embargo, Felipe Calderón mandó la iniciativa hasta el último momento, buscando con ello el menor daño posible a su imagen cuando ya diversos actores políticos, empresarios, intelectuales, organizaciones sociales y hasta grupos cristianos se habían instalado en la discusión del tema.

Por todas estas presiones, pero sobre todo pensando en ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en la elección del 2009, y, con ello, contar con mayores márgenes de maniobra política, el gobierno de Calderón Hinojosa tuvo que modificar la reforma constitucional que, en principio, se tenía prevista, y mandó un paquete de modificaciones a leyes secundarias, entre ellas a la Ley de Adquisiciones y de Obras Públicas; de la Comisión Reguladora de Energía; Administración Pública Federal; Federal de Derechos y la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.

Al parecer la clave está en que se buscaría darle la vuelta a la prohibición constitucional de que la iniciativa privada nacional y extranjera puedan invertir en la explotación del petróleo en tierra o en aguas profundas. Y el camino para evitar eso, es la propalada “autonomía de gestión”, que posibilitaría a Pemex asumir sus propias decisiones en materia de inversiones.

Otra figura legal sería la de “servicios ampliados”, la que posibilitaría a la iniciativa privada tener presencia en casi toda la cadena del proceso petrolero.

Los puntos finos de la iniciativa calderonista son, sin embargo, de manufactura priista, más en específico, del senador Manlio Fabio Beltrones que, desde hace unas semanas, en una entrevista televisiva, dio las pautas de la reforma en materia energética.

No obstante esas modificaciones, la iniciativa energética es la prueba de fuego del gobierno de Felipe Calderón.

Si es aprobada, no sólo se llevará el triunfo, sino que tendrá que compartirlo con el PRI y, en específico, con el senador Beltrones.

Pero también ambos, PAN y PRI, tendrán que asumir los costos sociales y electorales de la aprobación de este conjunto de reformas.

Y es que no sólo las organizaciones ciudadanas se han manifestado en contra de cualquier intento privatizador de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también las propias agrupaciones guerrilleras han definido, en conjunto, su postura en un “manifiesto a la nación”.

El documento fechado el 10 de abril, día que se recuerda la muerte de Emiliano Zapata, está firmado por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), Organización Insurgente 1º de Mayo (OI-1M), Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D) y Unidad Popular Revolucionaria Magonista (UPRM).

En el manifiesto piden cohesión y unidad a todas las organizaciones, incluyendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para detener “la ofensiva” del gran capital.

La estrategia gubernamental y del PRI es que la discusión se alargue hasta el próximo periodo de sesiones, y con ello desgastar las protestas sociales que encabeza López Obrador, y a las que se han sumado ahora las organizaciones guerrilleras.

Pero conforme pase el tiempo, el deterioro será para el gobierno y el PRI, a los que les urge una pronta aprobación de la reforma energética, con el fin de asimilar cualquier efecto negativo que les pueda impactar en el no tan lejano proceso electoral del 2009.