La discusión nacional en la actualidad es el petróleo, del lado del gobierno de la derecha, con una propuesta legislativa que afecta 5 leyes secundarias y reglamentos, pretende entregar la renta petrolera a los empresarios y del otro lado la sociedad, claro sin banqueros y capitalistas apátridas, que plantean que el petróleo desde su concepción constitucional es un bien de los mexicanos y que esto no debe cambiar. Y mientras vemos como se define esta aguda, diferencia es útil analizar lo que la Auditoría Superior de la Federación , nos informa de los “resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2006” , dados a conocer en la Cámara de Diputados. Dicho informe como se entenderá versa mucho sobre el dispendio y malversación de los fondos públicos provenientes del petróleo que se realizo en este el último año de gobierno de Vicente Fox.
1. El precio del barril de petróleo crudo durante varios años viene incrementado sus precios; a inicios del año 2000 se cotizaba un barril a 25 dólares y para estas fechas su precio está cercano a los 90 dólares, esto ha permitido que, cada año entre 2001 y 2006, las finanzas públicas obtengan recursos petroleros y no petroleros extraordinarios por 119.8 mil millones de pesos, es decir, cuando no se aprobó la Reforma Fiscal de Fox en 2002, Hacienda no percibió los 120 mil millones de pesos al año que se obtendrían de la reforma, pero sí los obtuvo por medio de la venta de petróleo a un mayor precio.
2. Una presunción del sexenio pasado es que con esos ingresos adicionales, principalmente por el excedente petrolero, permitirían alcanzar un crecimiento económico de 5.2%, de acuerdo al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, 2002-2006, la realidad mostró que ese sexenio logró un crecimiento de 2.3%, lo que mantiene a la población con niveles de vida decreciente y cada vez mayores niveles de desigualdad y marginación. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esos ingresos extraordinarios derivados de la venta de petróleo se utilizaron para ampliar el gasto público, dedicando la mitad de los recursos a gasto corriente, es decir, a pagar más salarios a los altos funcionarios públicos e incrementar el consumo superfluo del gobierno.
3. Cuando un gobierno obtiene ingresos excedentes esos dineros se deben utilizar para promover el crecimiento económico y no para el dispendio. En México, parte de la política del gobierno, frente a las fluctuaciones del mercado petrolero, fue crear un Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, el cual debe recibir aportaciones de la Secretaría de Hacienda, la encargada de manejar las finanzas de Pemex. En el informe de la ASF se reporta que Hacienda no transfirió 12 mil 800 millones de pesos en 2006, contraviniendo lo establecido por la Ley Federal de Derechos. Los precios del petróleo siguen a la alza, y las cantidades de los ingresos extraordinarios son significativos y no sabemos con claridad el uso que el gobierno federal hace de ellos.
El propósito del Fondo de Estabilización es que las finanzas públicas no dependan tanto de los ingresos derivados por la venta de petróleo sino de los impuestos que puedan recaudar. Esto no ha ocurrido, por ejemplo, en el sexenio de Fox cuando se incrementó el gasto corriente del gobierno de manera innecesaria a partir de una situación excepcional, que fueron los altos precios del barril de petróleo.
A través del Fondo de Estabilización se intenta prevenir el gasto irresponsable y se desea que los ingresos excedentes se utilicen a favor del pueblo evitando subir impuestos o contratando menos deuda pública.
4. Sobre la deuda pública la Auditoría Superior de la Federación nos informa que el incremento de esta deuda suma, entre 2001 y 2006, 603 mil 700 millones de pesos. Se observa una conducta de la Secretaría de Hacienda que sólo favorece a unos cuantos, toda vez que obtiene muchos ingresos, ya mencionados, de la actividad petrolera y genera más endeudamiento; esto significaría que a partir de dos fuentes de recursos, petróleo y deuda, financió la actividad pública dispendiosa. No suficiente con ello sus resultados en materia política y económica fueron desastrosos.
5. Mientras desde Hacienda manejan los dineros provenientes de Pemex, las paraestatales Luz y Fuerza del centro, CFE, y otras, financian la expansión o mantenimiento de sus actividades con recursos privados, transfiriendo recursos a particulares en detrimento de la población. El mecanismo que han utilizado es el llamado PIDIREGAS (Proyectos de infraestructura con impacto diferido en el registro de gasto) el valor de estas inversiones en 2005 equivale a la deuda interna del país (1 billón 200 mil millones de pesos). El 80% de estos adeudos son de origen extranjero, por lo que nuestro país no está tan a salvo de los impactos del exterior, puesto que aún permanece un nivel importante de deuda externa, aunque no desean reconocerla.
6. Continuando con el tema de la deuda tenemos que en lo relacionado al IPAB-FOBAPROA, informa la ASF , que aún quedan algunas propiedades que vender derivadas de la crisis de 1995, pero que en 2009 concluiría la venta. A partir del año 2010 el IPAB ya no tendrá ingresos por ventas que permitirían seguir transfiriendo recursos a los bancos, el IPAB tampoco tiene “reservas financieras (ahorro)” para los años futuros, por lo cual será el gobierno federal a partir del dinero del presupuesto el que aporte recursos al IPAB y de ahí hacia los bancos. Estamos hablando de cantidades considerables por que los adeudos rondan los 350 mil millones de pesos. En el caso del ISSSTE los voceros del gobierno, principalmente los directores del instituto, se cansaron de decir que los trabajadores tenían en quiebra a las finanzas públicas, por que en 2006 se financiaron las pensiones con 40 mil millones de pesos, pero nadie se rasga las vestiduras por las millonadas que salen para el pago de intereses al sistema financiero y los bancos.
7. Por último, mencionaremos un programa desastroso del sexenio pasado llamado Programa de Desarrollo Empresarial (PDE), el costo fue de 6 mil 800 millones. La ASF encontró que “ No existe vinculación directa de los objetivos y estrategias del Programa de Gobierno con sus metas, conforme al proceso integral de desarrollo empresarial”. También se afirma que “ La Secretaría de Economía no estableció indicadores para la medición y evaluación del cumplimiento del PDE”. Además, de las seis metas que se plantearon sólo se cumplió una. Se suponía que a través del programa se iba a “Aumentar y Extender la Competitividad del País”, el fracaso es evidente puesto que México ha perdido 16 lugares en la lista que publica el Informe Global del Foro Económico Mundial.
Después de los datos de la ASF, vale la pena reflexionar como en el editorial de la Jornada del 9 de Abril, respecto de la reforma energética del espurio gobierno de Felipe Calderón: “Las intenciones de quienes ocupan el gobierno federal son, muy a su pesar, y en un sentido paradójico, transparentes: esta iniciativa de reforma del grupo en el poder no responde a los intereses nacionales, sino al inagotable apetito oligárquico de disponer de enormes sumas de dinero público, y no precisamente, para asegurar, “que ningún joven mexicano se quede sin estudiar una carrera técnica o profesional”, como se señalo en forma demagógica, para ese objetivo, o para otros igualmente nobles, habría bastado y sobrado con los excedentes de la factura petrolera que desaparecieron sin dejar rastro durante la administración pasada, de la que la actual es heredera”. Por ello el documento de la ASF es una denuncia contundente de los órganos de fiscalización de la Cámara de Diputados de este ejercicio abusivo del gobierno Foxista en 2006.
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