Gerardo Fernández Casanova
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
La salud de la república reclama que se instituya la posibilidad de la revocación del mandato en todos los cargos ejecutivos de elección de duración sexenal. Contrario a las voces que pretenden levantar la humareda tildando de golpistas a quienes la promueven, el ejercicio revocatorio pudiera ser confirmatorio, tal como sucedió en Venezuela en el 2004 y en Bolivia hace un mes.
Para quienes tienen como paradigma el sistema democrático de los Estados Unidos, conviene decirles que allá lo tienen instituido en dos formas, la más común es la de la reelección por una sola vez, que equivale a consultar al electorado al cuarto año de gobierno, la otra es la del llamado impeachment, que confiere al congreso la facultad de destituir al presidente en caso de ineptitud o de grave violación de la ley, como estuvo cerca de suceder en los casos de Clinton y de Nixon. En los regímenes parlamentarios la cosa es más sencilla; basta con la pérdida de la confianza de la mayoría para revocar el mandato al Primer Ministro, obligando a un nuevo arreglo parlamentario o a la celebración de elecciones anticipadas. Con lo anterior pretendo aclarar que, de ninguna manera, la promoción de la inclusión de tal posibilidad en la Constitución significa alentar un golpe de estado, en todo caso es su mejor antídoto.
La realidad mexicana actual se caracteriza por el rompimiento institucional, manifestado en la enorme dificultad para lograr acuerdos de estado y por la presencia de un importante movimiento ciudadano que no reconoce legitimidad en quien detenta la titularidad del Poder Ejecutivo. El sistema político está enfermo de gravedad, con riesgo de ser terminal y portador de un virus sumamente peligroso. El “haiga sido como haiga sido” y la no aceptación al recuento voto por voto ha derivado en estancamiento e ingobernabilidad. Los apoyadores del régimen y sus encuestas aseguran contar con más del 65% de aprobación, en cuyo caso un referéndum revocatorio tendría como resultado la confirmación de Calderón en el cargo y su correspondiente legitimación. Por eso digo que el proyecto pretende recuperar la salud de la república.
Para su instrumentación se presentan dos grandes alternativas: hacer la consulta obligadamente al tercer año de gobierno, como lo establece la constitución venezolana, o realizarla en cualquier momento a partir del segundo año de gobierno y a solicitud calificada de parte. En el proyecto propuesto en campaña por AMLO se plantea la primera alternativa, incluso en su ejercicio como Jefe de Gobierno del DF la realizó cada dos años. Personalmente me inclino por la segunda alternativa y me apoyo en la experiencia nefasta del caso Salinas de Gortari, también producto de un fraude electoral, que tuvo un primer tramo de tres años con un congreso sin mayoría de su partido para las reformas constitucionales, por lo que se manejó con especial sutileza para arrasar en las elecciones intermedias de diputados, a partir de lo cual se soltó las amarras y se volcó al desmantelamiento del país; lo mismo pudiera suceder con un planteamiento revocatorio forzado al tercer año de gobierno, susceptible de convertirse en patente de corso para cometer los atropellos en el segundo tramo trienal, sin que se disponga de la oportunidad de detenerlo.
Desde luego que para el caso de la posibilidad de convocar al referéndum en cualquier fecha posterior al segundo año de gobierno, tienen que establecerse los requisitos para dar lugar a su realización, no puede caerse en el extremo de que cualquier grupo pretenda la convocatoria a su antojo, sería un caos. La ley debe establecer los requisitos mínimos indispensables para que la convocatoria tenga lugar, lo suficientemente rigurosos para evitar el caos, pero también lo suficientemente asequibles para que tenga viabilidad. La ley tendrá que prever las normas para evitar que el poder económico y mediático de quien está al cargo del gobierno, lo emplee para inhibir la expresión de la voluntad ciudadana.
Las expresiones de contrariedad de los apoyadores del régimen ante la posibilidad de la revocación del mandato, confirman la certeza de su carácter fraudulento y la falsedad de sus encuestas. De lo contrario no tendrían razón para oponerse y, en cambio, aportarían a la recuperación de la salud republicana.
Un ejemplo de excelencia es el de Bolivia. Confirmado Evo Morales por el referéndum, dispone de la absoluta legitimidad para merecer el respaldo unánime de la Unión de Naciones Sudamericanas y, particularmente, para disponer la expulsión del embajador de los Estados Unidos, principal artífice de la conjura golpista. Por cierto, los hermanos del sur ya se emanciparon ¿Aquí cuándo?
También por cierto, respecto al criminal atentado terrorista de Morelia ¿A quien beneficia? Piensa mal y acertarás.
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
La salud de la república reclama que se instituya la posibilidad de la revocación del mandato en todos los cargos ejecutivos de elección de duración sexenal. Contrario a las voces que pretenden levantar la humareda tildando de golpistas a quienes la promueven, el ejercicio revocatorio pudiera ser confirmatorio, tal como sucedió en Venezuela en el 2004 y en Bolivia hace un mes.
Para quienes tienen como paradigma el sistema democrático de los Estados Unidos, conviene decirles que allá lo tienen instituido en dos formas, la más común es la de la reelección por una sola vez, que equivale a consultar al electorado al cuarto año de gobierno, la otra es la del llamado impeachment, que confiere al congreso la facultad de destituir al presidente en caso de ineptitud o de grave violación de la ley, como estuvo cerca de suceder en los casos de Clinton y de Nixon. En los regímenes parlamentarios la cosa es más sencilla; basta con la pérdida de la confianza de la mayoría para revocar el mandato al Primer Ministro, obligando a un nuevo arreglo parlamentario o a la celebración de elecciones anticipadas. Con lo anterior pretendo aclarar que, de ninguna manera, la promoción de la inclusión de tal posibilidad en la Constitución significa alentar un golpe de estado, en todo caso es su mejor antídoto.
La realidad mexicana actual se caracteriza por el rompimiento institucional, manifestado en la enorme dificultad para lograr acuerdos de estado y por la presencia de un importante movimiento ciudadano que no reconoce legitimidad en quien detenta la titularidad del Poder Ejecutivo. El sistema político está enfermo de gravedad, con riesgo de ser terminal y portador de un virus sumamente peligroso. El “haiga sido como haiga sido” y la no aceptación al recuento voto por voto ha derivado en estancamiento e ingobernabilidad. Los apoyadores del régimen y sus encuestas aseguran contar con más del 65% de aprobación, en cuyo caso un referéndum revocatorio tendría como resultado la confirmación de Calderón en el cargo y su correspondiente legitimación. Por eso digo que el proyecto pretende recuperar la salud de la república.
Para su instrumentación se presentan dos grandes alternativas: hacer la consulta obligadamente al tercer año de gobierno, como lo establece la constitución venezolana, o realizarla en cualquier momento a partir del segundo año de gobierno y a solicitud calificada de parte. En el proyecto propuesto en campaña por AMLO se plantea la primera alternativa, incluso en su ejercicio como Jefe de Gobierno del DF la realizó cada dos años. Personalmente me inclino por la segunda alternativa y me apoyo en la experiencia nefasta del caso Salinas de Gortari, también producto de un fraude electoral, que tuvo un primer tramo de tres años con un congreso sin mayoría de su partido para las reformas constitucionales, por lo que se manejó con especial sutileza para arrasar en las elecciones intermedias de diputados, a partir de lo cual se soltó las amarras y se volcó al desmantelamiento del país; lo mismo pudiera suceder con un planteamiento revocatorio forzado al tercer año de gobierno, susceptible de convertirse en patente de corso para cometer los atropellos en el segundo tramo trienal, sin que se disponga de la oportunidad de detenerlo.
Desde luego que para el caso de la posibilidad de convocar al referéndum en cualquier fecha posterior al segundo año de gobierno, tienen que establecerse los requisitos para dar lugar a su realización, no puede caerse en el extremo de que cualquier grupo pretenda la convocatoria a su antojo, sería un caos. La ley debe establecer los requisitos mínimos indispensables para que la convocatoria tenga lugar, lo suficientemente rigurosos para evitar el caos, pero también lo suficientemente asequibles para que tenga viabilidad. La ley tendrá que prever las normas para evitar que el poder económico y mediático de quien está al cargo del gobierno, lo emplee para inhibir la expresión de la voluntad ciudadana.
Las expresiones de contrariedad de los apoyadores del régimen ante la posibilidad de la revocación del mandato, confirman la certeza de su carácter fraudulento y la falsedad de sus encuestas. De lo contrario no tendrían razón para oponerse y, en cambio, aportarían a la recuperación de la salud republicana.
Un ejemplo de excelencia es el de Bolivia. Confirmado Evo Morales por el referéndum, dispone de la absoluta legitimidad para merecer el respaldo unánime de la Unión de Naciones Sudamericanas y, particularmente, para disponer la expulsión del embajador de los Estados Unidos, principal artífice de la conjura golpista. Por cierto, los hermanos del sur ya se emanciparon ¿Aquí cuándo?
También por cierto, respecto al criminal atentado terrorista de Morelia ¿A quien beneficia? Piensa mal y acertarás.
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