El conflicto larvado que durante varios años atravesó al Partido del Trabajo (PT) se hizo público la semana pasada. Una de las corrientes en pugna, la Unión Democrática Nacional (UDN), presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una demanda para que se declare nulo el séptimo congreso nacional de ese instituto político. Argumenta que no se reunió el número de delegados necesarios para su realización.
El pleito interno tiene una larga historia y responde a un problema de poder entre los grupos que forman el partido. Los integrantes de la UDN han sido desplazados de la mayoría de los órganos de dirección del instituto político y en los espacios que éste ocupa en el Poder Legislativo. Las diferencias nada tienen que ver con una posible injerencia del gobierno federal o con distintas posiciones acerca de la lucha contra la privatización del petróleo.
En las elecciones federales de 2006 el PT se integró a la Coalición por el Bien de Todos. Como parte del acuerdo que selló la alianza se le reconoció el mejor resultado electoral de su historia: 6 por ciento de la votación. Gracias a ello obtuvo 15 diputaciones y dos senadurías. Al poco tiempo, dos de los diputados de Guerrero abandonaron las filas del partido y se integraron al de la Revolución Democrática (PRD) y a Convergencia, de manera que su grupo parlamentario se redujo a 13 legisladores. En la Cámara de Senadores, Andrés Manuel López Obrador presionó a sus correligionarios con el objetivo de que les prestaran tres legisladores para tener una fracción propia.
El PT se constituyó el 8 de diciembre de 1990 en el cine Ópera de la ciudad de México. Sus fundadores fueron militantes provenientes de diversas organizaciones sociales, básicamente del movimiento urbano popular y, en menor medida, del movimiento campesino y magisterial, todos vinculados a la lucha reivindicativa gremial: algunos pertenecientes a grupos con muchos años de lucha, y otros, miembros de membretes creados para la ocasión; casi todos localizados en el norte del país. Durante años, estas fuerzas habían despreciado la lucha electoral.
Políticamente, la mayoría de estos agrupamientos fueron promovidos por la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, pero en el nuevo proyecto se incorporó también el CDP de Chihuahua, núcleos organizados por la Línea Proletaria, el FMIN y la Coordinadora Proletaria.
El 22 de enero de 1991 el PT obtuvo su registro como partido condicionado. Casi siete meses después, durante las elecciones federales del 18 de agosto de ese mismo año, consiguió 263 mil 157 votos, esto es, 1.14 por ciento de la votación nacional. El porcentaje fue insuficiente para conservar su registro legal. El PT fue derrotado en su primera incursión electoral como partido nacional con registro. Tres años más tarde, impulsando la candidatura presidencial de Cecilia Soto, obtuvo su legalización plena.
En su nacimiento, el PT no fue una organización centralizada, sino una federación de varios partidos y organizaciones que se mantuvieron como tales al lado de los organismos internos del propio instituto político. Con el paso del tiempo, el poder fue pasando a las manos de Alberto Anaya, dirigente del Frente Popular Tierra y Libertad, de Monterrey, Nuevo León.
En la actualidad Anaya controla la dirección nacional del partido, su comisión coordinadora, su comisión ejecutiva, las finanzas, las coordinaciones parlamentarias en ambas Cámaras y la representación ante el Instituto Federal Electoral. Es el interlocutor principal del partido en las relaciones con otros agrupamiento políticos, con el gobierno federal y con personajes claves de la vida política nacional.
En la corriente que denuncia esta concentración de poder participan varios fundadores del partido. Representan entre 30 y 35 por ciento de sus afiliados y a estados tan importantes para la votación petista como Durango, Zacatecas, la mitad del estado de México y parte de Sonora, Hidalgo y San Luis Potosí.
La gota que derramó el vaso de las diferencias internas fue que –a decir de los disidentes– durante el séptimo congreso del partido, Anaya incrementó indiscriminadamente el número de comisionados políticos de la comisión ejecutiva, y aumentó a nueve los integrantes de la comisión coordinadora, nombrando en ella a personajes cercanos a él como el profesor chiapaneco Amadeo Espinoza, aliado de Elba Esther Gordillo. Simultáneamente dejó fuera de la coordinadora a líderes históricos como Marcos Cruz (de Durango) y Joaquín Vela (del estado de México).
Lo que hoy es la UDN tiene su origen en las elecciones de 2006. En aquel entonces sus integrantes buscaron impedir la alianza del PT con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), impulsada por Anaya con el argumento de que eso les garantizaba el registro mientras el PRD los excluía. El acuerdo no fructificó porque el tricolor no tenía posibilidad de hacerlo realidad, pues estaba coaligado con el Partido Verde y los gobernadores exigieron altas cuotas en las listas de candidatos.
Más allá de su discurso, desde su nacimiento el PT ha sido, fundamentalmente, una fuerza dedicada a la gestión de demandas sociales. A sus filas llegan regularmente prófugos de otras agrupaciones políticas en busca de espacios electorales. Ha ocupado, con mucho éxito, el espacio internacional que abandonó la izquierda comunista mexicana. Los seminarios que organiza con los partidos de la izquierda ortodoxa de todo el mundo son apreciados y reconocidos. Su compromiso con la lucha de López Obrador es, probablemente, mucho mayor que la del PRD. Su solidaridad hacia diversas luchas sociales es real.
El pleito dentro del PT es parte de la crisis y descomposición generalizada de nuestro actual sistema de partidos. La existencia de una legislación que garantiza el monopolio de la representación política en los partidos les asigna para su funcionamiento recursos millonarios, les hace innecesario rendir cuentas a sus votantes y ha hecho de todos los institutos políticos campo de batalla entre sus dirigentes.
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