Un tema relevante en los estudios de la economía de la salud son los llamados “subsidios cruzados”, que pueden ocurrir entre los sectores público y privado, instituciones o la población. Con un gobierno que promueve a la iniciativa privada en todos los ámbitos de la economía es de interés conocer los mecanismos de subsidio estatal. El tema no es trivial, ya que el gasto en esa área en México está estimado en 6.5 por ciento del PIB y de éste 54 por ciento corresponde al sector privado.
En México esos subsidios son en general indirectos e “invisibles”. Se conceden principalmente por dos vías: mediante la deducción de impuestos de los gastos de atención médica o de seguros, en este último renglón con un tope de gasto o un paquete limitado de servicios, que significa que se transfiere la atención más cara al sector público.
Es problemático calcular el monto de estos subsidios por la falta de información oficial fidedigna sobre el sector privado de salud, tanto en lo económico como en la prestación de servicios y su calidad. Esta carencia de datos es seria, ya que en la actual reforma el papel de la Secretaría de Salud es precisamente el de regular el sistema de salud, para lo cual tendría que disponer de información actualizada y precisa.
Gracias a la información que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros publica sobre los seguros privados de gastos médicos y de salud es posible calcular el monto del subsidio que reciben. Alrededor de 5 millones de personas (5 por ciento) están cubiertas por estos seguros y corresponden a quienes perciben altos ingresos o, alternativamente, lo reciben como prestación laboral. En ambos casos la prima es deducible en el pago de impuestos1, o sea, es subsidiada por el erario público. Entre 2004 y 2007, el monto de ese subsidio subió de 5 mil 533 a 7 mil 605 millones de pesos, lo que significa mil 320 pesos anuales por persona asegurada, aproximadamente. En contraste, el subsidio promedio por persona asegurada del Seguro Popular –las de menos recursos– es de unos 850 pesos al año.
Sector de bajo riesgo
Por otra parte, la población con un seguro privado es de bajo riesgo por sus características demográficas, ya que su edad promedio es de 29 años, y 89 por ciento es menor de 50 años. Además, los mayores de 60 años por lo general son excluidos de los seguros médicos, que también tienen periodos de espera para las enfermedades más costosas y/o tope de gastos. Estas restricciones significan que la aseguradora está protegida contra el pago de tratamientos de alto costo. En consecuencia, en muchos casos, cuando se agotan los recursos de su seguro, los pacientes acuden a alguna institución pública para seguir sus terapias; esto es, sobreviene el segundo tipo de subsidio a la iniciativa privada. El funcionamiento de los seguros particulares se deriva del principio de lucro que rige las empresas de ese sector.
El subsidio estatal al resto del sector privado de salud es más difícil de estimar por la falta de la información requerida. En una estimación aproximada se calcula en unos 32 mil millones de pesos en 2006, suponiendo que sólo la mitad de este gasto se deduce en el pago de impuestos. Sumado al subsidio a los seguros médicos, el monto alcanzaría 38 mil millones de pesos o 0.56 por ciento del producto interno bruto. Para tener un punto de comparación se constata que en el mismo año el subsidio total para el Seguro Popular era de 16 mil 100 para 15.8 millones de personas y en 2007 de 24 mil 777 millones para 29.1 millones. Es decir el financiamiento para el programa de salud estrella del gobierno federal recibe menos recursos que el subsidio “invisible” al sector médico privado.
Sobre el sector salud pesa además un índice inflacionario de 146 por ciento en comparación con el índice general de 106 por ciento para el periodo de 1997 a marzo de 2008. Los medicamentos son los que más contribuyen a la inflación con un índice de 181 por ciento, que se dispara en 2003. Este incremento no es casual, porque con el mercado garantizado por medio de los distintos seguros públicos y privados, incluyendo el programa de gratuidad del Gobierno del Distrito Federal, la industria farmacéutica pone sus precios, apoyado en su poder oligopólico.
1 Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 31 y 149
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