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25 abril 2007

Calderón, cómplice del clero


El nivel de insolencia de la ultraderecha jefaturada por el clero y el Partido Acción Nacional (PAN), que ya derivó en violaciones legales y constitucionales por amenazas de muerte de latente cumplimiento, ritos fuera de los templos y aun la intervención abierta del Estado vaticano en asuntos que conciernen sólo a los mexicanos, tiene un responsable sustantivo: Felipe Calderón.

Fue Calderón quien, el 20 de marzo, guiado por su dogma religioso y no por su formal investidura de jefe de Estado --de por sí carente de legitimidad--, azuzó la cruzada del clero y sus acólitos contra una institución republicana: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en la que se procesa un asunto que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de México.

En la residencia oficial de Los Pinos, frente a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, Calderón exhibió su ignorancia sobre la naturaleza y origen del Estado laico, del que formalmente es jefe en México, y tomó partido como católico practicante: “Sí tengo una convicción personal: yo estoy en defensa de la vida, tengo un pleno respeto por la dignidad y la vida humana.”

Enseguida, detalló los casos en que la ley vigente no castiga la interrupción del embarazo --por violación, malformaciones congénitas del feto y el riesgo de vida de la madre--, y con una frase dio línea: “Me parece que así está bien.”

Más adelante, luego de hacer propaganda de supuestos programas de su administración, Calderón exigió a la ALDF una “legislación responsable, que tome en cuenta las distintas posturas de la sociedad y que no haya un avasallamiento, sobre todo en un tema tan sensible, de parte de quien tenga la mayoría.”

En términos llanos, Calderón se opuso públicamente a cualquier modificación en el marco legal sobre el tema --“así está bien”-- y, al censurar la aplicación de una mayoría legislativa --que ahora resulta que sólo en el caso del Distrito Federal es “avasallamiento”--, instigó a las escuadras extremistas a una nueva ofensiva con la garantía de impunidad, como en la elección federal del año pasado.

Fue a partir de esa expresión política de Calderón --justo un día antes de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez-- que el clero y el PAN, a través de los membretes que encabezan militantes panistas, intensificaron su campaña contra el régimen republicano: convocaron, al sábado siguiente, a la primera marcha de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe; otra el 16 de abril, y ayer domingo la tercera, acompañada de una violencia verbal inaudita.

Por eso la proclama política de ayer de la mujer de Calderón, Margarita Zavala, en la sede misma del PAN capitalino que encabeza su sobrina, Mariana Gómez del Campo, sólo complementa la manga ancha que, desde el poder formal, se da a la violencia desde el extremismo de derecha, que entre otras paradojas implica asesinar personas en supuesta defensa de la vida de los nonatos.

Y todavía hay quienes dicen que Calderón es un ¡estadista socialdemócrata!, contrapuesto a Manuel Espino, el fundamentalista que socava el Estado laico.

Una vez más hay que decirlo: los extremistas de la derecha, la ideológica y la económico-financiera, no están jugando. Si ya fueron capaces de violar la Constitución y las leyes, así como de los principios morales más elementales, para adulterar la voluntad ciudadana, están dispuestos a cobrar un “costo de sangre” --eufemismo de asesinato-- a quienes identifican como sus diabólicos enemigos.

Es por la impunidad auspiciada por Calderón que se violenta la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público por parte de los jerarcas católicos de México, pero también a eso obedece la directa intervención de un poder extranjero en asuntos de los mexicanos: Joseph Ratzinger no es un cura más ni el jefe de una religión, sino el jefe del Estado vaticano.

Ni siquiera en la guerra cristera, de 1926 a 1929, y sus secuelas de años, el Vaticano actuó de manera tan insolente, envalentonado por el servilismo del formal titular del Poder Ejecutivo, pero también por el priista Manlio Fabio Beltrones, ni más ni menos que presidente del Senado, la Cámara de uno de los poderes del Estado.

Por su parte, el PAN ha actuado abierta y subrepticiamente como un partido confesional. Son militantes formales del PAN los que encabezan organismos y membretes que han organizado las flacas movilizaciones que se intensificaron después de la proclama de Calderón del 20 de marzo.

Uno ejemplo al respecto: Guillermo Bustamente Manilla, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), es militante en la delegación Azcapotzalco y es padre de Guillermo Bustamante Artasánchez, quien fue director jurídico de la Secretaría de Gobernación cuando asumió el cargo Carlos Abascal.

El hijo del presidente de la UNPF, militante formal también de esa delegación del Distrito Federal, es colaborador directo de Calderón: Ni más ni menos que secretario técnico de la Secretaría Particular que encabeza César Nava Vázquez, hijo, a su vez, de César Nava Miranda, elegido presidente de ese organismo mediante un documentado fraude electoral, en 1976, en el que intervino Francisco Xavier Salazar Sáenz, el mismo sujeto que encabezó la Secretaría del Trabajo.

Otro ejemplo: En las protestas contra la despenalización del aborto súbitamente apareció un membrete denominado Dignidad Ciudadana, encabezado por un tal Jesús de los Ríos Granja. Pues bien, este personaje es, también, militante panista de Coyoacán, donde hace poco fue repudiado cuando repartía propaganda.

¿Ciudadanos imparciales?

Apuntes

Resulta que el presidente de ese membrete llamado Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez, anunció que, a nombre de la Arquidiócesis de México, demandará al presidente del órgano de gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, por un millón de dólares. Es lícito presumir que esta suma, de acreditarse un presunto daño moral, forma parte del acopio de recursos que hace el cardenal Norberto Rivera Carrera para financiar su defensa de encubrimiento de curas pederastas, como formalmente está acusado en una corte de Estados Unidos…

Nota: de álvaro delgado en Proceso.

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