El caso de Oaxaca y el de Ernestina Ascencio Rosario han puesto a prueba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en ambos, ha salido mal parada, lo cual nos muestra la necesidad de una reforma urgente a esta institución creada bajo la sombra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
En 1990 nace la CNDH por un decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari, con lo cual se trataba de dar respuesta a una cláusula democrática contenida en el acuerdo comercial para Norteamérica, aunque hay que reconocer que también se respondía a la demanda social de contar con un organismo defensor del pueblo ante los constantes abusos del poder estatal.
La CNDH tiene en su origen un claro interés político que, al parecer, no la ha dejado actuar de manera libre y autónoma, como requiere todo organismo defensor y promotor de los derechos humanos.
Cada vez que algunas de las instituciones más importantes en el sistema de gobierno se ve implicada en un caso de violación a los derechos humanos, como en el caso de las fuerzas armadas, o cuando se cruzan los intereses, como en Oaxaca, la CNDH se ve claramente supeditada al gobierno en turno, lo cual es grave de por sí.
Para el caso de Oaxaca, a pesar de que desde hace un año inicio el conflicto, hasta ahora la CNDH no tiene aún lista una recomendación.
Hace apenas unos meses, el presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, presentó un informe especial, con un recuento de hechos, pero sin llegar al fondo del asunto.
Ante la Comisión se presentaron más de 500 denuncias individuales de violación a derechos humanos y garantías constitucionales por parte del gobierno de Ulises Ruiz y de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaron detenciones en casas, negocios y en la calle a personas ajenas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Bueno, pues todas las denuncias, aunque se trataban de casos independientes, fueron puestas en un mismo paquete por el cuarto visitador de la CNDH, Jorge Ramón Morales Díaz, quien se encuentra totalmente rebasado por el caso más grave de violación a los derechos humanos que ha habido en las últimas décadas hacia un movimiento social.
Desde los años de la “guerra sucia” no se tenía registro de que policías y soldados hayan actuado con tanta violencia e impunidad en contra de simpatizantes de un movimiento social como es el de la APPO. Hechos como la detención arbitraria a los líderes, su traslado a cárceles de alta seguridad, casos de tortura física y psicológica, amenazas anónimas a sus familias, la actuación de grupos paramilitares y la persecución por razones políticas renacieron en Oaxaca.
Ante todo esto la CNDH no se ha pronunciado en contra de las autoridades estatales y federales que cometieron esas felonías, y con ello sólo favorece y legitima la cultura de la impunidad oficial.
El caso de la anciana de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario, también ha puesto a prueba la imparcialidad y el profesionalismo de la CNDH.
Más allá de la polémica que ha causado la pésima actuación de la Procuraduría de Veracruz, que se contradijo en los resultados de las necropsias y “perdió” las pruebas seminales recogidas del cuerpo de la anciana, poniendo así en duda la existencia de una violación tumultuaria consumada presuntamente por militares, la actuación del presidente de la CNDH ha sobrepasado sus propios límites legales.
Cuando el doctor Soberanes dio a conocer en conferencia de prensa los resultados de su investigación, acusó a la Procuraduría veracruzana de manipular las pruebas y anunció que presentaría una demanda penal en contra de esta autoridad; sin embargo, sobrepasó sus propios reglamentos y a la Constitución, pues se convirtió, al mismo tiempo, en Ministerio Público y en fiscal porque juzgó y sentenció al gobierno de Veracruz. Además, dio a conocer las conclusiones de una investigación que aún no concluye y que está bajo la responsabilidad de la Procuraduría del estado.
Al parecer Soberanes y su equipo actuaron bajo la consigna de no tocar a las autoridades militares, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional también habría cometido una ilegalidad, pues trató de manipular el caso cuando en su boletín 19, con fecha del 6 de marzo, culpó a “grupos desafectos” o contrarios a la institución militar de haber cometido “el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo Federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.
Dicho comunicado que había sido distribuido a los medios de comunicación de Veracruz ese mismo día, fue retirado horas después por personal militar en las mismas redacciones de periódicos y estaciones de radio y televisión. Fue sustituido por otro nuevo en el cual ya no aparecía ese párrafo, pero se incluía uno nuevo que a la postre provocó más confusión.
Resulta que en el nuevo despacho informativo la Sedena manifestó que peritos especialistas “llevaron a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.
Semanas después, en una carta, la Sedena negó haber tenido muestras del líquido seminal, la prueba principal de la violación a Ernestina Ascencio.
Pero si con la Sedena no se quiso meter con el presidente Felipe Calderón, la Comisión menos. El mandatario cometió una irregularidad en una entrevista, al dar a conocer los resultados de la investigación, sin ser el Ministerio Público, para asegurar que Ernestina Ascencio había muerto de una “gastritis aguda”.
La CNDH parece atrapada en su propia red de intereses, lo cual es grave, pues en tiempos de supuesta democracia los derechos humanos están supeditados a estos mismos intereses políticos. Es por eso que el Senado de la República tiene ahora la responsabilidad de reformar la Ley de Derechos Humanos para transparentar más al ombudsman mexicano y recuperar la credibilidad perdida.
En 1990 nace la CNDH por un decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari, con lo cual se trataba de dar respuesta a una cláusula democrática contenida en el acuerdo comercial para Norteamérica, aunque hay que reconocer que también se respondía a la demanda social de contar con un organismo defensor del pueblo ante los constantes abusos del poder estatal.
La CNDH tiene en su origen un claro interés político que, al parecer, no la ha dejado actuar de manera libre y autónoma, como requiere todo organismo defensor y promotor de los derechos humanos.
Cada vez que algunas de las instituciones más importantes en el sistema de gobierno se ve implicada en un caso de violación a los derechos humanos, como en el caso de las fuerzas armadas, o cuando se cruzan los intereses, como en Oaxaca, la CNDH se ve claramente supeditada al gobierno en turno, lo cual es grave de por sí.
Para el caso de Oaxaca, a pesar de que desde hace un año inicio el conflicto, hasta ahora la CNDH no tiene aún lista una recomendación.
Hace apenas unos meses, el presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, presentó un informe especial, con un recuento de hechos, pero sin llegar al fondo del asunto.
Ante la Comisión se presentaron más de 500 denuncias individuales de violación a derechos humanos y garantías constitucionales por parte del gobierno de Ulises Ruiz y de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaron detenciones en casas, negocios y en la calle a personas ajenas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Bueno, pues todas las denuncias, aunque se trataban de casos independientes, fueron puestas en un mismo paquete por el cuarto visitador de la CNDH, Jorge Ramón Morales Díaz, quien se encuentra totalmente rebasado por el caso más grave de violación a los derechos humanos que ha habido en las últimas décadas hacia un movimiento social.
Desde los años de la “guerra sucia” no se tenía registro de que policías y soldados hayan actuado con tanta violencia e impunidad en contra de simpatizantes de un movimiento social como es el de la APPO. Hechos como la detención arbitraria a los líderes, su traslado a cárceles de alta seguridad, casos de tortura física y psicológica, amenazas anónimas a sus familias, la actuación de grupos paramilitares y la persecución por razones políticas renacieron en Oaxaca.
Ante todo esto la CNDH no se ha pronunciado en contra de las autoridades estatales y federales que cometieron esas felonías, y con ello sólo favorece y legitima la cultura de la impunidad oficial.
El caso de la anciana de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario, también ha puesto a prueba la imparcialidad y el profesionalismo de la CNDH.
Más allá de la polémica que ha causado la pésima actuación de la Procuraduría de Veracruz, que se contradijo en los resultados de las necropsias y “perdió” las pruebas seminales recogidas del cuerpo de la anciana, poniendo así en duda la existencia de una violación tumultuaria consumada presuntamente por militares, la actuación del presidente de la CNDH ha sobrepasado sus propios límites legales.
Cuando el doctor Soberanes dio a conocer en conferencia de prensa los resultados de su investigación, acusó a la Procuraduría veracruzana de manipular las pruebas y anunció que presentaría una demanda penal en contra de esta autoridad; sin embargo, sobrepasó sus propios reglamentos y a la Constitución, pues se convirtió, al mismo tiempo, en Ministerio Público y en fiscal porque juzgó y sentenció al gobierno de Veracruz. Además, dio a conocer las conclusiones de una investigación que aún no concluye y que está bajo la responsabilidad de la Procuraduría del estado.
Al parecer Soberanes y su equipo actuaron bajo la consigna de no tocar a las autoridades militares, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional también habría cometido una ilegalidad, pues trató de manipular el caso cuando en su boletín 19, con fecha del 6 de marzo, culpó a “grupos desafectos” o contrarios a la institución militar de haber cometido “el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo Federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.
Dicho comunicado que había sido distribuido a los medios de comunicación de Veracruz ese mismo día, fue retirado horas después por personal militar en las mismas redacciones de periódicos y estaciones de radio y televisión. Fue sustituido por otro nuevo en el cual ya no aparecía ese párrafo, pero se incluía uno nuevo que a la postre provocó más confusión.
Resulta que en el nuevo despacho informativo la Sedena manifestó que peritos especialistas “llevaron a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.
Semanas después, en una carta, la Sedena negó haber tenido muestras del líquido seminal, la prueba principal de la violación a Ernestina Ascencio.
Pero si con la Sedena no se quiso meter con el presidente Felipe Calderón, la Comisión menos. El mandatario cometió una irregularidad en una entrevista, al dar a conocer los resultados de la investigación, sin ser el Ministerio Público, para asegurar que Ernestina Ascencio había muerto de una “gastritis aguda”.
La CNDH parece atrapada en su propia red de intereses, lo cual es grave, pues en tiempos de supuesta democracia los derechos humanos están supeditados a estos mismos intereses políticos. Es por eso que el Senado de la República tiene ahora la responsabilidad de reformar la Ley de Derechos Humanos para transparentar más al ombudsman mexicano y recuperar la credibilidad perdida.
Nota de josé gil olmos, agencia apro. Que a mi gusto apro se ha vuelto un medio que cuestiona puntos claves de varios asuntos en este que se refiere al cruel asesinato de Ernestina, como mujer me identifico con el sentimiento de repudio hacia los soldados complices de esta atrocidad y barbarie ¡exigimos justicia para ernestina y a todas las mujeres muertas!
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