Es falso que exista un derecho natural. La ley y la moral son frutos de las relaciones sociales, forman parte de la conciencia social de cada época y están condicionadas por realidades socioeconómicas e intereses de clase. En las sociedades de clases, enriquecerse explotando trabajo ajeno, no es inmoral ni ilegal; tampoco en Estados Unidos no son punibles la agresión ni la conquista y la mentira es criticada sólo bajo juramento.
En caso de prosperar las gestiones para el impeachement, George Bush sería el tercer presidente norteamericano sometido a juicio político, procedimiento incoado ante el Senado, que puede conducir a la destitución y que sólo se han hecho efectivo contra Andrew Johnson y Bill Clinton.
En ambos casos se ha tratado de asuntos domésticos, más o menos triviales en las que los encartados han entrado en contradicción con reglas consideradas importantes para la elite política.
A Andrew Johnson, que sucedió a Lincoln, muerto a manos de un racista fanático durante una función de teatro y, de ninguna manera preparado para calzar sus zapatos, se le acusó de ser excesivamente complaciente con los estados sureños; mientras Clinton fue juzgado por mentir bajo juramento en torno al affaire de Monica Lewinsky. Richard Nixon estuvo a punto de ser el tercero, pero anuló el procedimiento al renunciar a su cargo.
La renuncia al cargo, convirtió a Nixon en un ciudadano que, como otro cualquiera, podía ser encausado, juzgado y condenado, mal rato del que lo liberó su vicepresidente y sustituto Gerald Ford, que aplicó el perdón presidencial, creando un precedente judicial de profundas implicaciones.
Nunca un presidente norteamericano ha respondido ante el Senado ni ante el pueblo por aprobar leyes injustas, expulsar a los indios de sus tierras, exterminarlos o recluirlos en reservaciones, practicar la esclavitud, apoyar la segregación, declarar una guerra, intervenir en una Nación, derrocar a un gobierno extranjero, asesinar a un jefe de Estado, aplicar practicas comerciales desleales y fraudulentas, declarar bloqueos o embargos o exonerar de culpas a un allegado.
Los presidentes norteamericanos son criaturas dotadas de facultades omnímodas, sustentadas por el inmenso poderío económico y militar del país y legitimadas por el voto popular.
Andrew Jackson, auspició el extermino de los indios y creó las reservaciones; nunca fue acusado de genocidio, por el contrario, fue reelecto. Truman se convirtió en el presidente más popular por haber bombardeado Hiroshima y Nagasaki. Las dudas respecto al asesinato de JFK, los descalabros y las masacres en Vietnam no llevaron a Lyndon Johnson ante la justicia sino a la reelección, lo mismo que a Nixon: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en lugar de impugnar a George W Bush, le otorgó una presidencia fraudulenta.
Muchos desearían ver a Bush comparecer ante tribunales penales para responder por sus crímenes, cosa imposible por los llamados privilegios ejecutivos, que sostienen las inmunidades y la protección legal con que cuenta un presidente norteamericano en su país y en el extranjero.
La única acción legal que puede ser emprendida contra un mandatario en ejercicio es el impeachement o juicio político, que aunque carece de implicaciones penales, debe preceder a cualquier otra acción jurídica.
Entre la abrumadora cantidad de críticas que recibe desde todos los sectores de la sociedad norteamericana, no se perciben claramente las que puedan ser convertidas en cargos que avalen el nombramiento de un fiscal especial, que lleve a Bush ante el Senado, única instancia habilitada para tal procedimiento.
Es difícil imaginar un escenario en el que la elite política norteamericana para la cual la preservación del sistema es vital para su propia supervivencia, juzgue a su cabecilla más prominente, sobre todo cuando se trata de acciones y de políticas con las cuales se encuentra profundamente comprometida.
El 11/S sirvió a esa elite de pretexto para aplicar una agenda agresiva y ultraconservadora que le permitió conculcar derechos de los ciudadanos que parecían sagrados, violar reglas que aseguraban la independencia del poder judicial y en el plano internacional, invadir, ocupar y matar sin contención ni limites.
Fuente: Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)
En caso de prosperar las gestiones para el impeachement, George Bush sería el tercer presidente norteamericano sometido a juicio político, procedimiento incoado ante el Senado, que puede conducir a la destitución y que sólo se han hecho efectivo contra Andrew Johnson y Bill Clinton.
En ambos casos se ha tratado de asuntos domésticos, más o menos triviales en las que los encartados han entrado en contradicción con reglas consideradas importantes para la elite política.
A Andrew Johnson, que sucedió a Lincoln, muerto a manos de un racista fanático durante una función de teatro y, de ninguna manera preparado para calzar sus zapatos, se le acusó de ser excesivamente complaciente con los estados sureños; mientras Clinton fue juzgado por mentir bajo juramento en torno al affaire de Monica Lewinsky. Richard Nixon estuvo a punto de ser el tercero, pero anuló el procedimiento al renunciar a su cargo.
La renuncia al cargo, convirtió a Nixon en un ciudadano que, como otro cualquiera, podía ser encausado, juzgado y condenado, mal rato del que lo liberó su vicepresidente y sustituto Gerald Ford, que aplicó el perdón presidencial, creando un precedente judicial de profundas implicaciones.
Nunca un presidente norteamericano ha respondido ante el Senado ni ante el pueblo por aprobar leyes injustas, expulsar a los indios de sus tierras, exterminarlos o recluirlos en reservaciones, practicar la esclavitud, apoyar la segregación, declarar una guerra, intervenir en una Nación, derrocar a un gobierno extranjero, asesinar a un jefe de Estado, aplicar practicas comerciales desleales y fraudulentas, declarar bloqueos o embargos o exonerar de culpas a un allegado.
Los presidentes norteamericanos son criaturas dotadas de facultades omnímodas, sustentadas por el inmenso poderío económico y militar del país y legitimadas por el voto popular.
Andrew Jackson, auspició el extermino de los indios y creó las reservaciones; nunca fue acusado de genocidio, por el contrario, fue reelecto. Truman se convirtió en el presidente más popular por haber bombardeado Hiroshima y Nagasaki. Las dudas respecto al asesinato de JFK, los descalabros y las masacres en Vietnam no llevaron a Lyndon Johnson ante la justicia sino a la reelección, lo mismo que a Nixon: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en lugar de impugnar a George W Bush, le otorgó una presidencia fraudulenta.
Muchos desearían ver a Bush comparecer ante tribunales penales para responder por sus crímenes, cosa imposible por los llamados privilegios ejecutivos, que sostienen las inmunidades y la protección legal con que cuenta un presidente norteamericano en su país y en el extranjero.
La única acción legal que puede ser emprendida contra un mandatario en ejercicio es el impeachement o juicio político, que aunque carece de implicaciones penales, debe preceder a cualquier otra acción jurídica.
Entre la abrumadora cantidad de críticas que recibe desde todos los sectores de la sociedad norteamericana, no se perciben claramente las que puedan ser convertidas en cargos que avalen el nombramiento de un fiscal especial, que lleve a Bush ante el Senado, única instancia habilitada para tal procedimiento.
Es difícil imaginar un escenario en el que la elite política norteamericana para la cual la preservación del sistema es vital para su propia supervivencia, juzgue a su cabecilla más prominente, sobre todo cuando se trata de acciones y de políticas con las cuales se encuentra profundamente comprometida.
El 11/S sirvió a esa elite de pretexto para aplicar una agenda agresiva y ultraconservadora que le permitió conculcar derechos de los ciudadanos que parecían sagrados, violar reglas que aseguraban la independencia del poder judicial y en el plano internacional, invadir, ocupar y matar sin contención ni limites.
Fuente: Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)
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