jorge carrasco araizaga
(apro).- Como ningún otro presidente, Felipe Calderón está dispuesto a hacer de la inseguridad un botín político. Primero fue el espectáculo de los operativos. Ahora, ha comenzado a construir una nueva verdad oficial: que como nunca antes las instituciones de seguridad del Estado mexicano están en peligro y que él mismo se ha convertido en blanco de los grupos de la delincuencia organizada.
En ese escenario de catástrofe, cualquier avance que logre será un éxito que no se le podrá regatear a su gobierno.
Engrandecer un problema de por sí grave tiene su ventaja política, pero al mismo tiempo conlleva una gran irresponsabilidad hacia el país y sus habitantes.
Los operativos contra el narcotráfico que emprendió a los pocos días de haber asumido el poder han mostrado la ineficacia que muchos advirtieron por la improvisación de la medida.
Más que una mera reacción a los operativos, como dice el gobierno federal, las imparables ejecuciones demuestran no sólo el tamaño del problema y la escasa capacidad de respuesta institucional.
No se trata sólo de movilizar soldados, marinos, agentes y policías militares, sino de una estrategia que tenga en el horizonte el acotamiento de los grupos de delincuencia organizada. Ello implica la interlocución y, por lo que se ve hasta ahora, el gobierno calderonista no ha logrado siquiera un entendimiento al interior, como lo demuestra la disputa entre la Sedena y la PGR o la PFP y la AFI por el control de los recursos del combate a la delincuencia.
El desplazamiento policial y militar, sin embargo, fue efectivo para algo: le sirvió a Calderón en su propósito de legitimación mediática.
Ahora, cuando a las dependencias encargadas de la seguridad nacional se les comienza a pedir cuentas, han articulado un argumento para ocultar los resultados de los operativos: que el problema de la delincuencia organizada en México es tan grande y la capacidad de estos grupos es tal que cualquier información sobre sus acciones puede poner en peligro a las personas que participan en ellas, las propias instituciones y hasta la relación con Estados Unidos.
Esta verdad a medias se desprende de los requerimientos de información formulados por Proceso y que son presentados en la edición de esta semana por el periodista Daniel Lizárraga.
Sin embargo, Calderón insiste que el problema es muy grave. Y como su gobierno no da detalles y el Congreso es incapaz de hacerlo informar, entonces la población tiene que creerle.
Una y otra vez, Calderón nos dice que ha emprendido una batalla y está dispuesto a darla. Su discurso hace pensar –toda proporción guardada– en la insistencia de George W. Bush de la amenaza del terrorismo. [par de bastardos].
Sus declaraciones, en el sentido de que él ya fue amenazado por los poderosos delincuentes, lo elevan a condición de héroe. [pero ni su madre le cree ni su mugre esposa ni sus chamaquitos, que doloroso será que cuando crezcan sepan la lacra de padre que tienen].
Insistir que el problema es muy grave pero sin someterse a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, no es más que hacer propaganda de un asunto que debe ser tratado con menos protagonismo.
(apro).- Como ningún otro presidente, Felipe Calderón está dispuesto a hacer de la inseguridad un botín político. Primero fue el espectáculo de los operativos. Ahora, ha comenzado a construir una nueva verdad oficial: que como nunca antes las instituciones de seguridad del Estado mexicano están en peligro y que él mismo se ha convertido en blanco de los grupos de la delincuencia organizada.
En ese escenario de catástrofe, cualquier avance que logre será un éxito que no se le podrá regatear a su gobierno.
Engrandecer un problema de por sí grave tiene su ventaja política, pero al mismo tiempo conlleva una gran irresponsabilidad hacia el país y sus habitantes.
Los operativos contra el narcotráfico que emprendió a los pocos días de haber asumido el poder han mostrado la ineficacia que muchos advirtieron por la improvisación de la medida.
Más que una mera reacción a los operativos, como dice el gobierno federal, las imparables ejecuciones demuestran no sólo el tamaño del problema y la escasa capacidad de respuesta institucional.
No se trata sólo de movilizar soldados, marinos, agentes y policías militares, sino de una estrategia que tenga en el horizonte el acotamiento de los grupos de delincuencia organizada. Ello implica la interlocución y, por lo que se ve hasta ahora, el gobierno calderonista no ha logrado siquiera un entendimiento al interior, como lo demuestra la disputa entre la Sedena y la PGR o la PFP y la AFI por el control de los recursos del combate a la delincuencia.
El desplazamiento policial y militar, sin embargo, fue efectivo para algo: le sirvió a Calderón en su propósito de legitimación mediática.
Ahora, cuando a las dependencias encargadas de la seguridad nacional se les comienza a pedir cuentas, han articulado un argumento para ocultar los resultados de los operativos: que el problema de la delincuencia organizada en México es tan grande y la capacidad de estos grupos es tal que cualquier información sobre sus acciones puede poner en peligro a las personas que participan en ellas, las propias instituciones y hasta la relación con Estados Unidos.
Esta verdad a medias se desprende de los requerimientos de información formulados por Proceso y que son presentados en la edición de esta semana por el periodista Daniel Lizárraga.
Sin embargo, Calderón insiste que el problema es muy grave. Y como su gobierno no da detalles y el Congreso es incapaz de hacerlo informar, entonces la población tiene que creerle.
Una y otra vez, Calderón nos dice que ha emprendido una batalla y está dispuesto a darla. Su discurso hace pensar –toda proporción guardada– en la insistencia de George W. Bush de la amenaza del terrorismo. [par de bastardos].
Sus declaraciones, en el sentido de que él ya fue amenazado por los poderosos delincuentes, lo elevan a condición de héroe. [pero ni su madre le cree ni su mugre esposa ni sus chamaquitos, que doloroso será que cuando crezcan sepan la lacra de padre que tienen].
Insistir que el problema es muy grave pero sin someterse a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, no es más que hacer propaganda de un asunto que debe ser tratado con menos protagonismo.
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