Es indudable que forma es fondo. Si es repudiable, de principio a fin, el procedimiento mediante el cual la iniciativa de (contra) reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue impuesta, por el ala más conservadora de la anodina partidocracia reaccionaria (PAN, PRI, PVEM y PANAL), mayoría automática de incondicionales suyos al dogma neoliberal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado miércoles 21 de marzo.
Habría que agregar que, el propio contenido de la iniciativa que ahora tendrá que ser ratificado el próximo jueves 29, en la Cámara de Senadores, en mayor medida resulta repudiable y controvertible por el robo descarado que supone para el patrimonio de los pensionados del ISSSTE.
Como en el caso del atraco a los pensionados del IMSS, perpetrado con impunidad por el gobierno foxista del sexenio pasado, ahora, el gobierno calderonista hace lo propio con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, en medio de gran inquietud de los burócratas mexicanos, quienes mortificados por sus pésimas condiciones de trabajo, ahora perciben cómo, el contenido esencial de la iniciativa que tanto ha aplaudido el impopular régimen protofascista de Felipe Calderón, como “la más importante reforma estructural en una década”, prácticamente observan –si no se movilizan con celeridad e impugnan con energía el nuevo despojo- la virtual y real desaparición de la jubilación para sus agremiados y el jineteo privatizador que ahora amenaza con ser cabalgado por la banca desnacionalizada a favor de la voracidad de los grandes banqueros, que sólo en el presente año alcanzaron estratosféricas ganancias por su crematística función especulativa en contra del interés público y social de los mexicanos.
Es de llamar la atención, además, que el eje central de la iniciativa que ahora tratará de ser aprobada por el Senado, a sangre y fuego, en una (semi) República que hoy ofrece un paisaje de devastación tras 25 años de políticas neoliberales, no es la elevación de la calidad de los servicios médicos, que sus afiliados perciben cómo se han venido precipitando en contra de la calidad de vida de quienes cotizan en un ISSSTE convertido en botín de unos cuantos, sino que la contrareforma lo que persigue, esencialmente, es la especuladora gestión de las cuotas de sus derechohabientes y, en específico, de sus raquíticas pensiones.
De manera que no sorprende, la subterránea mano en el diseño de la impopular contrareforma, por parte de ese bicho ponzoñoso que se llama Elba Esther Gordillo, aliada principal del gobierno federal y quien se apura en seguir cabildeando la medida y cobrando facturas por su apoyo en el fraude electoral del 2 de julio, como en el caso de la reciente colocación de su yerno e hija, en puestos claves de la SEP, para desgracia de la educación de los niños mexicanos.
De hecho, por donde quiera que se mire la impopular contrareforma, es perfectamente claro que lo que persigue, estriba en la eliminación, de facto, de la responsabilidad estatal en el cumplimiento de la seguridad social y la salud, así como de los derechos sociales de los trabajadores al servicio del Estado.
Escandaliza la euforia del gobierno, sin duda, en la medida en que la contrareforma de marras persigue socializar los elevados costos que traerá consigo para el nulificado patrimonio de sus derechohabientes con la neoliberal medida, mientras los beneficios serán privatizados por una pandilla de delincuentes que no han escatimado, ni un ápice, en sacar adelante una contrareforma frente a la cual, ahora, será preciso revertirla cuesta arriba, ante la política de hechos consumados practicada por el régimen y la inefable alianza del PRIAN y sus acompañantes.
En términos generales, la iniciativa del régimen, por la cual habría incluso que fincarle responsabilidades judiciales al charrísimo Joel Ayala, es improcedente para el interés del ISSSTE mismo y sus afiliados, por seis primeros motivos que aumentarán con un análisis más cuidadoso: en primer lugar, el nuevo sistema de pensiones, ni siquiera será capaz de garantizar pensiones dignas; pero en segundo lugar, porque la nueva “ley” –en realidad un atraco descarado- no resuelve los principales problemas de la postrada seguridad social en México, como tampoco lo hizo el malhadado “Seguro Popular” del otrora (des) gobierno foxista; además, en tercer lugar, se trata de una contrareforma que será sumamente costosa para el país, en virtud a que prácticamente duplica los montos de las cotizaciones al ISSSTE, mientras la propia calidad de los servicios médicos, seguramente seguirán cayendo; pero, en cuarto lugar, la propia iniciativa del régimen, está inspirada en una “filosofía” bajo la cual se reforma la ley del Instituto, no para rescatarla de la quiebra deliberada que artificialmente se preparó en contra suya desde el mismo enfoque neoliberal, sino para preparar la ulterior privatización del ISSSTE; en quinto lugar, resulta perfectamente nítido que la iniciativa persigue soterradamente cancelar los derechos de los trabajadores, al tiempo que endurece los requisitos para formar parte de los derechohabientes del Instituto; y al final, bien vista la cosa, la contrareforma se impuso sin consenso de los trabajadores y sus organizaciones, sino que fue “consensuada” por las cúpulas burocratizadas que desnaturalizan la esencia de cualquier sindicalismo democrático.
Lo irónico de éste nuevo despojo, dimana en que ha sido instrumentado, por el mismo gobierno atorrante e histérico que llama a “defender la vida”, ante la pertinente iniciativa de la ALDF por despenalizar el aborto, como problema de salud pública, y no de moral o creencias religiosas, como pregonan los derechistas.
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