Erika Ramírez
Fue a principios de febrero cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa sostuvo una reunión en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional con los representantes de la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), para validar el convenio que promete brindar atención de primer nivel a 743 mil niños que nazcan anualmente durante este sexenio.
La firma del documento estuvo respaldada por los representantes de las instituciones públicas que también formarán parte del andamiaje de este programa: los secretarios de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Marina, Francisco Saynez Mendoza, respectivamente, así como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas.
Este acto, señalan legisladores de oposición, es el inicio de la privatización del sector de salud pública de nuestro país. Mientras, especialistas en la materia advierten que es la activación de los ordenamientos del Banco Mundial para descentralizar los servicios sanitarios.
Y es que de acuerdo con información de la prensa nacional, la ANHP participará en la atención médica de primer nivel a los niños que hayan nacido desde el primero de enero de 2007. Dicha asociación está conformada por hospitales y clínicas que se caracterizan por cobrar cuotas por encima de los 500 pesos por consulta.
La ANHP está conformada por “hospitales certificados” como el Centro Médico ABC, el Sanatorio Florencia, los nosocomios Santa Teresa, San José Tec de Monterrey, Dalinde INTER-HOSP, S.A., Español, Infantil Privado y el grupo Ángeles, que conforma el Hospital Mocel, Metropolitano, Ángeles de las Lomas y el de México, entre otros.
En la AMIS se destacan American National de México, S.A. de C.V.; General de Salud Compañía de Seguros, S.A.; Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.; Grupo Nacional Provincial, S.A.; HSBC Seguros, S.A. de C.V.; Médica Integral GNP, S.A. de C.V.; Metlife México, S.A.; Prudential Seguros México, S.A.; Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Seguros Inbursa, S.A.; Zurich, Compañía de Seguros, S.A.
Salud, S.A
Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que con la participación de instituciones privadas para otorgar servicios de salud “tendremos que generar una discusión de fondo en el Congreso de la Unión, porque se trata de llevar tramposamente a un régimen privado lo que es potestad del Estado mexicano”.
El legislador perredista explica que desde que el gobierno asumió los lineamientos del sistema neoliberal, en 1982, los empresarios y funcionarios del gobierno en turno no han dejado de lado las intenciones de privatizar sectores como los de energía, educación y salud.
“Actualmente, el gobierno trata de que con recursos públicos se pueda financiar el pago de servicios educativos o de salud privados, por eso hoy en día la cobertura pública no crece y el otorgamiento de los servicios se quiere crecer a través de una oferta privada con hospitales a lo largo y ancho del país”, dice.
Navarro Quintero agrega que la participación de asociaciones como la ANHP y la AMIS se explica porque “no se ha aumentado la cobertura del sistema de salud y no se ha actualizado la tecnología de acuerdo con el perfil de enfermedades que tiene el país. Es como el caso del sector energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que se deja que nuestra oferta pública entre en obsolescencia, no se le da mantenimiento y se trata a través de generadores privados”.
Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, coincide con el diputado del PRD y advierte que las iniciativas que puso en marcha el gobierno de Calderón Hinojosa corresponden a los lineamientos dictados a México por el Banco Mundial.
El académico expone que la entidad de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo dictó en el documento Una Agenda Integral de Desarrollo para La Nueva Era la descentralización de los servicios públicos a instituciones privadas.
El documento del Banco Mundial se basa en cinco ejes de acción, a saber: consolidar las ganancias en materia macroeconómica, acelerar el crecimiento a través de una mayor competitividad, reducir la pobreza a través del desarrollo del capital humano, equilibrar el crecimiento y la reducción de la pobreza con la protección de los recursos naturales, lograr todo lo anterior a través de un gobierno eficiente, responsable por sus acciones y transparente.
Para llevar a cabo estas ordenanzas, el Banco Mundial recomienda “establecer un sistema financiero sólido para estimular la inversión privada y proteger los ahorros de la población (ya sea en bancos, fondos de pensión o mercados de capitales), eliminar las barreras que obstaculizan los flujos de capital privado mediante la liberalización de los sectores actualmente dominados por monopolios públicos o cuasipúblicos (como la energía) y la aplicación de regulaciones favorables para la competencia, emprender reformas estructurales en diversos sectores, como agua y transporte y tratar casos específicos de fallas de mercado o distorsiones no intencionales (en especial en el sector rural)”.
Ahora el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, sigue puntualmente las órdenes del Banco Mundial “a través de un convenio que se encuentra oculto a la luz pública”, dice el académico de la UAM.
Complementación del sector: PAN
Ante el cúmulo de críticas, el legislador panista Efraín Arizmendi Uribe, secretario de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, niega que la participación de los hospitales particulares y aseguradoras privadas en el sistema de salud pública tenga el afán de entregar el erario público a dichas instituciones.
Arizmendi Uribe justifica: “Una de las metas médicas del presidente Felipe Calderón es lograr la cobertura universal de salud. Sin embargo, esto no se puede hacer de inmediato debido a que hacen falta condiciones de infraestructura médica en el país.
“La situación económica y financiera que vivimos no permiten que de la noche a la mañana podamos tener acceso a la salud y, actualmente, hay un sector de la población que no está cubierto –todos aquellos que no tienen derecho a la seguridad social, ya sea al IMSS, ISSSTE, las Fuerzas Armadas o Pemex– y que tienen su propio servicio médico.
El resto tiene que ver con la Secretaría de Salud, pero todavía falta mucha estructura para dar soporte para la atención de la enfermedad, la prevención o para la realización de estudios de diagnóstico, que pueden ser de laboratorio o paraclínicos, dice el diputado panista.
Con base en esto se hace ese convenio con los hospitales privados, agrega Arizmendi Uribe, para ocupar la infraestructura, los médicos. Todo ese poder de atención que tiene la medicina privada, ponerla al servicio de esta nueva generación y por supuesto tomado del presupuesto de 3 mil 200 millones de pesos asignados por el Ejecutivo federal.
“Qué bueno que se suman la iniciativa privada, los hospitales, las clínicas y no solamente a la atención, ojalá sea extensivo a todo lo del Seguro Popular, que sea el primer paso para que este sector participe y sea un complemento para la medicina pública, que no es suficiente. Éste es el camino a la complementariedad de las instituciones de salud y es uno de los pasos para la cobertura universal”, asegura.
Descontrol en el sector privado
El optimismo del legislador panista contrasta con El perfil del sistema de servicios de salud, México, documento elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, que advierte sobre las deficiencias que existen en las instituciones privadas que prestan sus servicios al sector.
El informe detalla que el sistema de servicios de salud está segmentado en tres grandes grupos, de acuerdo con la inserción laboral y la capacidad de pago de las personas; y al interior de estos el acceso de aproximadamente 50 millones de asegurados, el 80 por ciento es concentrado por el IMSS, seguido por el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Sedena, Marina y diversos seguros para trabajadores estatales.
La Secretaría de Salud se financia por el presupuesto de la Federación y de los gobiernos estatales, esencialmente, y tiene ingresos por cuotas de recuperación de quienes pueden pagar, mientras que el IMSS-Solidaridad recibe una asignación presupuestal del gobierno federal y cuenta con el apoyo administrativo del IMSS.
Mientras que lo que corresponde a la iniciativa privada, señala, funciona “en un contexto poco supervisado, brinda atención de calidad desigual, con precios variables y está bastante fragmentado. En 1999 se contabilizaron 2 mil 950 unidades médicas privadas con servicios de hospitalización, que sumaban 31 mil 241 camas, de las cuales 48 por ciento estaban en establecimientos con menos de 15 camas”, puntualiza el informe de Organización Panamericana de la Salud.
Para hablar del tema se buscó a Alejandro Alfonso Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a José Arturo Morales, presidente de la AMIS Secretaría de Salud. Todos declinaron a una entrevista con este medio.3
Fue a principios de febrero cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa sostuvo una reunión en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional con los representantes de la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), para validar el convenio que promete brindar atención de primer nivel a 743 mil niños que nazcan anualmente durante este sexenio.
La firma del documento estuvo respaldada por los representantes de las instituciones públicas que también formarán parte del andamiaje de este programa: los secretarios de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Marina, Francisco Saynez Mendoza, respectivamente, así como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas.
Este acto, señalan legisladores de oposición, es el inicio de la privatización del sector de salud pública de nuestro país. Mientras, especialistas en la materia advierten que es la activación de los ordenamientos del Banco Mundial para descentralizar los servicios sanitarios.
Y es que de acuerdo con información de la prensa nacional, la ANHP participará en la atención médica de primer nivel a los niños que hayan nacido desde el primero de enero de 2007. Dicha asociación está conformada por hospitales y clínicas que se caracterizan por cobrar cuotas por encima de los 500 pesos por consulta.
La ANHP está conformada por “hospitales certificados” como el Centro Médico ABC, el Sanatorio Florencia, los nosocomios Santa Teresa, San José Tec de Monterrey, Dalinde INTER-HOSP, S.A., Español, Infantil Privado y el grupo Ángeles, que conforma el Hospital Mocel, Metropolitano, Ángeles de las Lomas y el de México, entre otros.
En la AMIS se destacan American National de México, S.A. de C.V.; General de Salud Compañía de Seguros, S.A.; Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.; Grupo Nacional Provincial, S.A.; HSBC Seguros, S.A. de C.V.; Médica Integral GNP, S.A. de C.V.; Metlife México, S.A.; Prudential Seguros México, S.A.; Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Seguros Inbursa, S.A.; Zurich, Compañía de Seguros, S.A.
Salud, S.A
Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que con la participación de instituciones privadas para otorgar servicios de salud “tendremos que generar una discusión de fondo en el Congreso de la Unión, porque se trata de llevar tramposamente a un régimen privado lo que es potestad del Estado mexicano”.
El legislador perredista explica que desde que el gobierno asumió los lineamientos del sistema neoliberal, en 1982, los empresarios y funcionarios del gobierno en turno no han dejado de lado las intenciones de privatizar sectores como los de energía, educación y salud.
“Actualmente, el gobierno trata de que con recursos públicos se pueda financiar el pago de servicios educativos o de salud privados, por eso hoy en día la cobertura pública no crece y el otorgamiento de los servicios se quiere crecer a través de una oferta privada con hospitales a lo largo y ancho del país”, dice.
Navarro Quintero agrega que la participación de asociaciones como la ANHP y la AMIS se explica porque “no se ha aumentado la cobertura del sistema de salud y no se ha actualizado la tecnología de acuerdo con el perfil de enfermedades que tiene el país. Es como el caso del sector energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que se deja que nuestra oferta pública entre en obsolescencia, no se le da mantenimiento y se trata a través de generadores privados”.
Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, coincide con el diputado del PRD y advierte que las iniciativas que puso en marcha el gobierno de Calderón Hinojosa corresponden a los lineamientos dictados a México por el Banco Mundial.
El académico expone que la entidad de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo dictó en el documento Una Agenda Integral de Desarrollo para La Nueva Era la descentralización de los servicios públicos a instituciones privadas.
El documento del Banco Mundial se basa en cinco ejes de acción, a saber: consolidar las ganancias en materia macroeconómica, acelerar el crecimiento a través de una mayor competitividad, reducir la pobreza a través del desarrollo del capital humano, equilibrar el crecimiento y la reducción de la pobreza con la protección de los recursos naturales, lograr todo lo anterior a través de un gobierno eficiente, responsable por sus acciones y transparente.
Para llevar a cabo estas ordenanzas, el Banco Mundial recomienda “establecer un sistema financiero sólido para estimular la inversión privada y proteger los ahorros de la población (ya sea en bancos, fondos de pensión o mercados de capitales), eliminar las barreras que obstaculizan los flujos de capital privado mediante la liberalización de los sectores actualmente dominados por monopolios públicos o cuasipúblicos (como la energía) y la aplicación de regulaciones favorables para la competencia, emprender reformas estructurales en diversos sectores, como agua y transporte y tratar casos específicos de fallas de mercado o distorsiones no intencionales (en especial en el sector rural)”.
Ahora el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, sigue puntualmente las órdenes del Banco Mundial “a través de un convenio que se encuentra oculto a la luz pública”, dice el académico de la UAM.
Complementación del sector: PAN
Ante el cúmulo de críticas, el legislador panista Efraín Arizmendi Uribe, secretario de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, niega que la participación de los hospitales particulares y aseguradoras privadas en el sistema de salud pública tenga el afán de entregar el erario público a dichas instituciones.
Arizmendi Uribe justifica: “Una de las metas médicas del presidente Felipe Calderón es lograr la cobertura universal de salud. Sin embargo, esto no se puede hacer de inmediato debido a que hacen falta condiciones de infraestructura médica en el país.
“La situación económica y financiera que vivimos no permiten que de la noche a la mañana podamos tener acceso a la salud y, actualmente, hay un sector de la población que no está cubierto –todos aquellos que no tienen derecho a la seguridad social, ya sea al IMSS, ISSSTE, las Fuerzas Armadas o Pemex– y que tienen su propio servicio médico.
El resto tiene que ver con la Secretaría de Salud, pero todavía falta mucha estructura para dar soporte para la atención de la enfermedad, la prevención o para la realización de estudios de diagnóstico, que pueden ser de laboratorio o paraclínicos, dice el diputado panista.
Con base en esto se hace ese convenio con los hospitales privados, agrega Arizmendi Uribe, para ocupar la infraestructura, los médicos. Todo ese poder de atención que tiene la medicina privada, ponerla al servicio de esta nueva generación y por supuesto tomado del presupuesto de 3 mil 200 millones de pesos asignados por el Ejecutivo federal.
“Qué bueno que se suman la iniciativa privada, los hospitales, las clínicas y no solamente a la atención, ojalá sea extensivo a todo lo del Seguro Popular, que sea el primer paso para que este sector participe y sea un complemento para la medicina pública, que no es suficiente. Éste es el camino a la complementariedad de las instituciones de salud y es uno de los pasos para la cobertura universal”, asegura.
Descontrol en el sector privado
El optimismo del legislador panista contrasta con El perfil del sistema de servicios de salud, México, documento elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, que advierte sobre las deficiencias que existen en las instituciones privadas que prestan sus servicios al sector.
El informe detalla que el sistema de servicios de salud está segmentado en tres grandes grupos, de acuerdo con la inserción laboral y la capacidad de pago de las personas; y al interior de estos el acceso de aproximadamente 50 millones de asegurados, el 80 por ciento es concentrado por el IMSS, seguido por el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Sedena, Marina y diversos seguros para trabajadores estatales.
La Secretaría de Salud se financia por el presupuesto de la Federación y de los gobiernos estatales, esencialmente, y tiene ingresos por cuotas de recuperación de quienes pueden pagar, mientras que el IMSS-Solidaridad recibe una asignación presupuestal del gobierno federal y cuenta con el apoyo administrativo del IMSS.
Mientras que lo que corresponde a la iniciativa privada, señala, funciona “en un contexto poco supervisado, brinda atención de calidad desigual, con precios variables y está bastante fragmentado. En 1999 se contabilizaron 2 mil 950 unidades médicas privadas con servicios de hospitalización, que sumaban 31 mil 241 camas, de las cuales 48 por ciento estaban en establecimientos con menos de 15 camas”, puntualiza el informe de Organización Panamericana de la Salud.
Para hablar del tema se buscó a Alejandro Alfonso Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a José Arturo Morales, presidente de la AMIS Secretaría de Salud. Todos declinaron a una entrevista con este medio.3
La IP proveeduría de servicios
Previo a ser cesado del cargo en medio de acusaciones de corrupción e irregularidades administrativas, el ahora ex comisionado Nacional de Protección Social en Salud y entonces responsable de la operación de los programas Seguro Popular y Seguro Médico para una Nueva Generación, Juan Antonio Fernández Ortiz, negó que los servicios de salud pública se vayan a privatizar.
Explicó que la inclusión de la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) servirá para ampliar la cobertura de infraestructura que requiere el país.
El funcionario removido del cargo el 9 de marzo, días después de que se realizara esta entrevista, señaló que “la iniciativa privada participará como proveeduría de servicios. Los niños que ya están en la seguridad social o con la iniciativa privada no tienen problema”, enfatizó.
El también ex coordinador de campaña de los amigos de Fox en el 2000 aseguró que “cuando hicimos este ejercicio nos dimos cuenta de que por lo general (los niños que no reciben atención) están en las zonas alejadas, no hay una infraestructura completa y con este mecanismo hicimos un estudio de quién anda en su comunidad.
“Ejemplo de ello es una clínica de IMSS Oportunidades, no están los servicios de salud estatales y hacemos un convenio con el IMSS. Le decimos ‘estos niños van a nacer en esta comunidad, el único prestador de servicios eres tú, los vamos a asignar y te vamos a dar esta cantidad de dinero (4 mil 900 pesos) para que los atiendas’.
“También nos metimos en la red de privados pero no de los grandes hospitales, sino del médico de la comunidad y localidad, y con la AMIS acudimos a ver cuál era la red de médicos que tienen a nivel nacional. Con base en esto hicimos un mapa y la idea sumar a todos los prestadores de servicios que estén más cercanos a los nacimientos. Cómo van a cooperar, atendiendo un catálogo de servicios del recién nacido y por eso hay un capital que se estima en 4 mil 900 pesos al año”, explicó Fernández Ortiz.
-¿El Grupo Ángeles tendrá participación?
-Sí, ellos participarían no tanto en la atención del niño sino en lo catastrófico. Por ejemplo, está saturado el Instituto Nacional de Pediatría porque está remodelando sus quirófanos, de ahí derivaron dos niños que fueron al Hospital Inglés a hacerse un trasplante de médula ósea. Básicamente ahí nos está ayudando la infraestructura para atenderlos ya que no hubo capacidad en el Infantil, las tarifas son las mismas, y si acepta bien y si no también.
Al conocer las opiniones de legisladores y académicos, el ex encargado de operar el Seguro Popular negó que se esté desnacionalizando el sistema de salud pública.
“Estoy en contra de ese comentario. El término que utilizan es el del privatizar la salud, yo devolvería ese comentario. Hoy el 55 por ciento de las atenciones sale del bolsillo de la gente, si como sector salud te cuesta lo mismo y estás utilizando una capacidad ociosa, sin ningún sentido, para qué pierdes la oportunidad de salvar una vida.
“Hay infraestructura en el país, hay que compartirla. Como aseguradora lo que tengo que hacer es que le brinden atención a los pacientes con calidad y a un precio pactado, no andamos construyendo y promoviendo”, puntualizó.
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