Armando Guzmán, Proceso 1584
VILLAHERMOSA, TAB.- Un día después de asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, el general Francisco Fernández Solís –quien fue víctima de un atentado el pasado martes 6– ya era espiado en sus propias oficinas de esta ciudad.
El 2 de enero de 2007, un grupo de contrainsurgencia militar descubrió que los teléfonos de su despacho estaban intervenidos, y que varias cámaras de video y micrófonos se hallaban estratégicamente dispuestos en los plafones.
Fernández Solís solicitó entonces al gobierno estatal investigar el espionaje, pero hasta ahora no ha habido resultados. Dos días antes del hallazgo, su antecesor en el cargo, Juan Cano Torres, le había entregado el mando y las oficinas.
Cano Torres fue el principal implicado en la detención ilegal y tortura de ocho militantes del PRD enviados a Tabasco por el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido para apoyar al candidato a la gubernatura César Raúl Ojeda Zubieta, en las elecciones del año pasado.
El 29 de diciembre –dos días antes de que el gobernador Manuel Andrade Díaz dejara el cargo–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 46/2006 al gobierno estatal para que investigara el caso de los perredistas, quienes habían sido torturados por policías de Seguridad Pública para que, cuatro días antes de los comicios del 15 de octubre, dijeran ante la prensa que llegaron a Tabasco para “quemar urnas” y “desestabilizar” el proceso electoral.
El nuevo gobernador, Andrés Rafael Granier Melo, ofreció acatar la recomendación de la CNDH porque, dijo, “no habrá impunidad”, y aseguró que había ordenado a la Procuraduría General de Justicia del estado investigar los hechos, aunque al exsecretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres, lo designó coordinador de la Comisión Especial de Transferencia de Servicios Públicos del Estado.
El pasado 8 de noviembre, agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR catearon el “Pegasso Ranch” de Cano Torres –de unas 100 hectáreas–, ubicado en Tulijá, Macuspana, en busca de una supuesta “narcofosa” mencionada por un testigo “protegido”.
Cano Torres, quien de acuerdo con la prensa local posee otras residencias, departamentos y casas de playa, denunció que los agentes de la Procuraduría General de la República se introdujeron violentamente en su rancho, causaron destrozos y sustrajeron herramientas. Anunció además, y así lo hizo, que presentaría una demanda en contra de la dependencia por abuso de autoridad.
Una semana después la PGR pidió disculpas al jefe policiaco por la irrupción en su racho y aseguró que su testigo protegido había mentido.
Cuando el general Fernández Solís asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, encontró que Cano Torres no le entregó un informe detallado del manejo administrativo, de personal, de armas y vehículos, entre otros aspectos, por lo que solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría para deslindar responsabilidades, además de anunciar una “limpia” en la corporación para combatir la delincuencia “con toda la fuerza de la ley”.
El atentado
General de división diplomado de Estado Mayor, con más de 48 años en el Ejército Mexicano, Francisco Fernández Solís fue director de la Escuela Militar en Puebla; agregado militar adjunto en las embajadas de México en Washington y Panamá; comandante de la 30 Zona Militar en Tabasco; comandante de la Fuerza de Tarea Marte encargada del combate al narcotráfico en Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como director de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México (1998 a 1999).
El pasado 20 de febrero, policías de Seguridad Pública bajo su mando capturaron a Juan de Dios Saucedo Rodríguez cuando, ebrio, escandalizaba y causaba destrozos en una habitación del motel Costa Azul de Villahermosa.
El detenido se identificó como adiestrador de perros, pero se le encontraron dos credenciales apócrifas de la PGR de los años 2005 y 2006 que lo acreditaban como miembro de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La prensa local reseñó que, durante su estancia en Seguridad Pública, Saucedo Rodríguez confesó, alcoholizado, que era un “Z-9” y que formaba parte de un grupo armado que operaba en Tabasco.
Posteriormente fue llevado a las instalaciones de la PGR, donde quedó libre mediante el pago de una fianza porque, se informó, no pudieron fincarle cargos de delincuencia organizada, sino solamente los de daño en propiedad ajena y portación de documentos falsos.
El día del atentado en su contra, el martes 5 de marzo, Fernández Solís salió temprano de su habitación 385 del hotel Calinda Viva –donde se hospeda desde diciembre– para hacer ejercicio en el Parque Tomás Garrido Canabal, acompañado del teniente Alonso Altamirano Luna.
Al regresar, se dio un regaderazo y desayunó en el hotel con su asesor, el general Héctor Rivas Valenzuela, y con el capitán Adrián de Jesús Gutiérrez, subsecretario de Prevención y Readaptación Social y quien, después del atentado, asumió de manera interina la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
En posterior entrevista de televisión, el general Francisco Fernández Solís manifestó que había salvado la vida protegido “por la mano de Dios” y relató que, después del desayuno referido, salió del hotel, abordó su camioneta Chevrolet Roja y ordenó a uno de sus ayudantes buscar a uno de sus colaboradores cercanos...
“En ese lapso abordé la camioneta y le comenté a mi chofer (y custodio, José de la Luz Pérez Mayo) que se había parado una camioneta exactamente enfrente de nosotros. No se lo estaba yo acabando de decir, cuando vi a dos individuos que descendieron y dispararon, aunque probablemente había otros en la unidad.
“Al sentir los primeros impactos, mi instinto me hizo agacharme. Me agaché a la altura del tablero y saqué la pistola que tenía en la guantera, y el chofer también jaló por su arma, pero tuvo la mala fortuna de bajarse del vehículo, y por eso lo hirieron de muerte.
“Yo hice unos 10 disparos. De hecho, algunos de los impactos los observarán dentro de la unidad, pero esa reacción rápida para repeler el ataque quizás me permitió salvar la vida.”
Su chofer, José de la Luz Pérez Mayo, sargento primero retirado que el viernes 9 cumpliría 45 años de edad, cayó abatido a un costado de la camioneta del general, que recibió 103 impactos de balas de fusiles R-15.
En las paredes del hotel Calinda Viva, propiedad del empresario Ignacio Cobo González –acusado por el PRD de haber aportado 500 millones de pesos para apoyar la campaña electoral de Granier Melo–, quedaron los impactos de 43 balas.
Fernández Solís recibió rozones de bala en un ojo, un hombro y una pierna. Su auxiliar, el sargento retirado Leobardo Acosta, recibió un balazo en la pierna derecha.
Testigos del atentado –entre ellos agentes de seguridad del hotel– refirieron que los agresores eran entre cinco y seis y conducían una camioneta Suburban plateada.
Por la noche, el gobernador Granier Melo calificó el ataque como “un reto de la delincuencia organizada” a su gobierno por las acciones “que hemos emprendido para combatirla”
VILLAHERMOSA, TAB.- Un día después de asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, el general Francisco Fernández Solís –quien fue víctima de un atentado el pasado martes 6– ya era espiado en sus propias oficinas de esta ciudad.
El 2 de enero de 2007, un grupo de contrainsurgencia militar descubrió que los teléfonos de su despacho estaban intervenidos, y que varias cámaras de video y micrófonos se hallaban estratégicamente dispuestos en los plafones.
Fernández Solís solicitó entonces al gobierno estatal investigar el espionaje, pero hasta ahora no ha habido resultados. Dos días antes del hallazgo, su antecesor en el cargo, Juan Cano Torres, le había entregado el mando y las oficinas.
Cano Torres fue el principal implicado en la detención ilegal y tortura de ocho militantes del PRD enviados a Tabasco por el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido para apoyar al candidato a la gubernatura César Raúl Ojeda Zubieta, en las elecciones del año pasado.
El 29 de diciembre –dos días antes de que el gobernador Manuel Andrade Díaz dejara el cargo–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 46/2006 al gobierno estatal para que investigara el caso de los perredistas, quienes habían sido torturados por policías de Seguridad Pública para que, cuatro días antes de los comicios del 15 de octubre, dijeran ante la prensa que llegaron a Tabasco para “quemar urnas” y “desestabilizar” el proceso electoral.
El nuevo gobernador, Andrés Rafael Granier Melo, ofreció acatar la recomendación de la CNDH porque, dijo, “no habrá impunidad”, y aseguró que había ordenado a la Procuraduría General de Justicia del estado investigar los hechos, aunque al exsecretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres, lo designó coordinador de la Comisión Especial de Transferencia de Servicios Públicos del Estado.
El pasado 8 de noviembre, agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR catearon el “Pegasso Ranch” de Cano Torres –de unas 100 hectáreas–, ubicado en Tulijá, Macuspana, en busca de una supuesta “narcofosa” mencionada por un testigo “protegido”.
Cano Torres, quien de acuerdo con la prensa local posee otras residencias, departamentos y casas de playa, denunció que los agentes de la Procuraduría General de la República se introdujeron violentamente en su rancho, causaron destrozos y sustrajeron herramientas. Anunció además, y así lo hizo, que presentaría una demanda en contra de la dependencia por abuso de autoridad.
Una semana después la PGR pidió disculpas al jefe policiaco por la irrupción en su racho y aseguró que su testigo protegido había mentido.
Cuando el general Fernández Solís asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, encontró que Cano Torres no le entregó un informe detallado del manejo administrativo, de personal, de armas y vehículos, entre otros aspectos, por lo que solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría para deslindar responsabilidades, además de anunciar una “limpia” en la corporación para combatir la delincuencia “con toda la fuerza de la ley”.
El atentado
General de división diplomado de Estado Mayor, con más de 48 años en el Ejército Mexicano, Francisco Fernández Solís fue director de la Escuela Militar en Puebla; agregado militar adjunto en las embajadas de México en Washington y Panamá; comandante de la 30 Zona Militar en Tabasco; comandante de la Fuerza de Tarea Marte encargada del combate al narcotráfico en Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como director de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México (1998 a 1999).
El pasado 20 de febrero, policías de Seguridad Pública bajo su mando capturaron a Juan de Dios Saucedo Rodríguez cuando, ebrio, escandalizaba y causaba destrozos en una habitación del motel Costa Azul de Villahermosa.
El detenido se identificó como adiestrador de perros, pero se le encontraron dos credenciales apócrifas de la PGR de los años 2005 y 2006 que lo acreditaban como miembro de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La prensa local reseñó que, durante su estancia en Seguridad Pública, Saucedo Rodríguez confesó, alcoholizado, que era un “Z-9” y que formaba parte de un grupo armado que operaba en Tabasco.
Posteriormente fue llevado a las instalaciones de la PGR, donde quedó libre mediante el pago de una fianza porque, se informó, no pudieron fincarle cargos de delincuencia organizada, sino solamente los de daño en propiedad ajena y portación de documentos falsos.
El día del atentado en su contra, el martes 5 de marzo, Fernández Solís salió temprano de su habitación 385 del hotel Calinda Viva –donde se hospeda desde diciembre– para hacer ejercicio en el Parque Tomás Garrido Canabal, acompañado del teniente Alonso Altamirano Luna.
Al regresar, se dio un regaderazo y desayunó en el hotel con su asesor, el general Héctor Rivas Valenzuela, y con el capitán Adrián de Jesús Gutiérrez, subsecretario de Prevención y Readaptación Social y quien, después del atentado, asumió de manera interina la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
En posterior entrevista de televisión, el general Francisco Fernández Solís manifestó que había salvado la vida protegido “por la mano de Dios” y relató que, después del desayuno referido, salió del hotel, abordó su camioneta Chevrolet Roja y ordenó a uno de sus ayudantes buscar a uno de sus colaboradores cercanos...
“En ese lapso abordé la camioneta y le comenté a mi chofer (y custodio, José de la Luz Pérez Mayo) que se había parado una camioneta exactamente enfrente de nosotros. No se lo estaba yo acabando de decir, cuando vi a dos individuos que descendieron y dispararon, aunque probablemente había otros en la unidad.
“Al sentir los primeros impactos, mi instinto me hizo agacharme. Me agaché a la altura del tablero y saqué la pistola que tenía en la guantera, y el chofer también jaló por su arma, pero tuvo la mala fortuna de bajarse del vehículo, y por eso lo hirieron de muerte.
“Yo hice unos 10 disparos. De hecho, algunos de los impactos los observarán dentro de la unidad, pero esa reacción rápida para repeler el ataque quizás me permitió salvar la vida.”
Su chofer, José de la Luz Pérez Mayo, sargento primero retirado que el viernes 9 cumpliría 45 años de edad, cayó abatido a un costado de la camioneta del general, que recibió 103 impactos de balas de fusiles R-15.
En las paredes del hotel Calinda Viva, propiedad del empresario Ignacio Cobo González –acusado por el PRD de haber aportado 500 millones de pesos para apoyar la campaña electoral de Granier Melo–, quedaron los impactos de 43 balas.
Fernández Solís recibió rozones de bala en un ojo, un hombro y una pierna. Su auxiliar, el sargento retirado Leobardo Acosta, recibió un balazo en la pierna derecha.
Testigos del atentado –entre ellos agentes de seguridad del hotel– refirieron que los agresores eran entre cinco y seis y conducían una camioneta Suburban plateada.
Por la noche, el gobernador Granier Melo calificó el ataque como “un reto de la delincuencia organizada” a su gobierno por las acciones “que hemos emprendido para combatirla”
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