Ernesto Villanueva, Proceso 1585
El acuerdo sobre los lineamientos para los gastos de comunicación social de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2007 no ofrece nada nuevo. Por el contrario, se repiten las mismas premisas que en el pasado inmediato: discrecionalidad, creación de conceptos al margen de la ley (como el de equiparar los medios gestionados por el gobierno federal y estatales como medios públicos sin fundamento legal alguno), promoción política personal e institucional y apoyo de gacetillas; es decir, propaganda disfrazada de aséptica información. Una revisión somera de los gastos efectuados en 2006 da cuenta particularmente de este último aspecto, donde el cinismo hace acto de presencia sin ningún pudor. Veamos.
Primero. Durante 2006, el presupuesto destinado a comunicación social se ejerció en muchos rubros al margen de los estándares internacionales de la ética y del sentido de responsabilidad y veracidad que el gobierno federal está legalmente obligado a respetar. Las gacetillas tuvieron un papel significativo en este período. Existen ejemplos concretos de lo que aquí se afirma. El 6 de septiembre de ese año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) liquidó una factura de 118 mil pesos a María Alejandra Quero Aguilar, por concepto de “11 entrevistas de seis minutos” al titular de esa dependencia. El 20 de diciembre de 2006, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, pagó al Grupo Radiodifusoras S.A. de C.V. la cantidad de 300 mil pesos por “seis entrevistas de cinco minutos” al titular de este organismo. Ocho días después, el Fondo destinó 340 mil pesos a la empresa Comercializadora de Servicios de Imagen S.A. de C.V., por el mismo concepto.
Por su parte, la empresa paraestatal Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. otorgó una iguala de 100 mil pesos al diario El Noticiero de Colima, a nombre del director de este medio, Carlos Valdez Ramírez, por concepto de “servicios prestados por difusión del puerto de Manzanillo que incluyen boletín, convocatorias y entrevistas”.
Incluso el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, apreciada como una institución políticamente correcta, no estuvo al margen de esta práctica, como lo demuestran diversas facturas pagadas a Balam Álvarez Flores por 7 mil 916 pesos por concepto de “entrevistas y menciones”. En esta primera parte se puede ver cómo el gobierno paga publicidad disfrazada de información, y algunos medios no tienen el mínimo pudor en facturar entrevistas y notas que se supone debían ser información de interés público y no representar ningún costo para el erario. Sobra decir que con este comportamiento se vulnera el derecho a saber de los mexicanos, al darles publicidad como si de información de interés público se tratara.
Segundo. Un caso sorprendente es el de la agencia de noticias gubernamental Notimex la cual, extrañamente, durante 2006 fue recipiendaria de una fuerte cantidad de recursos federales al margen de la ley. En efecto, por un lado ha vendido “cobertura informativa” al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La factura más reciente, del 8 de enero de 2007, ampara una iguala mensual de 33 mil 200 pesos. Eso no es todo. Como si se tratara de la empresa más competitiva en el mercado mundial, el 1 de noviembre de 2006 Notimex facturó al Instituto Mexicano del Seguro Social 1 millón 335 mil 937 pesos en el rubro de radiodifusoras locales, por transmisión de spots del 27 de julio al 31 de agosto de ese año. Y ese mismo día facturó al Instituto 1 millón 870 mil 312 pesos por difusión de spots del 1 de septiembre al 18 de octubre de 2006. Ya ni una agencia de categoría mundial cobraría semejante cantidad, menos Notimex que tiene problemas financieros endémicos. La ausencia de credibilidad y penetración en el mercado no fue obstáculo para que el 28 de diciembre de 2006, la Lotería Nacional le pagara a esta agencia ¡2 millones 173 mil pesos! por 18 spots de 30 segundos. A juicio de la Lotería es tan bueno el servicio de Notimex, que ese mismo día y por el mismo concepto hizo un pago de 12 mil pesos a la empresa privada México Radio S.A. de C.V. Y un día antes, el 27 de diciembre, pagó 13 mil 692 pesos a la empresa comercializadora Siete S.A. de C.V. (Radio 14.40) por el mismo servicio.
La Secretaría de Turismo también contrató a Notimex para su “cobertura” por una iguala de 43 mil 478 pesos, según dan cuenta varios pagos realizados por ese concepto durante 2006. De igual forma, el 15 de mayo de 2006, Nacional Financiera destinó a esta agencia informativa 32 mil pesos, por “cobertura fotográfica”. Por otro lado, el 29 de noviembre de ese año, la Secretaría de la Reforma Agraria le pagó a Notimex 52 mil 345 pesos, por un spot de radio de 30 segundos. El 13 de octubre, esta dependencia federal destinó la misma cantidad para pagar un spot de televisión de 20 segundos. Y así se puede documentar un largo etcétera. Son de llamar la atención los altos costos de los servicios de esta empresa gubernamental, que carece, hasta donde se tiene conocimiento, de frecuencias de radio y televisión y que no tiene empacho en vender su “cobertura informativa”, a pesar de ser una agencia que trabaja con recursos de la sociedad. Peor aún, la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano prohíbe, de manera clara, que esa empresa del gobierno cobre por informar, según prescribe su artículo 6, que a la letra dice: “Toda información que genere o transmita la Agencia por cualquier medio de comunicación, deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los Poderes de la Unión o de las Entidades Federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Los servidores públicos de la Agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.”
Tercero. Pero las cosas no se quedan ahí. El vigilante ha resultado igual o peor que el vigilado. Resulta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene la obligación legal de aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para que se observe puntualmente el principio de legalidad. Qué se podría esperar, sin embargo, si cuando Eduardo Romero era titular de esta dependencia también hizo de las suyas con cargo al erario, para su promoción política personal. En ese entonces buscó la candidatura por el PAN a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, intento que no fructificó. El 14 de noviembre de 2006, la SFP pagó 200 mil pesos a la empresa Promotora de Radio S.A. de C.V./Núcleo Radio Mil. Habrá que ver si el nuevo Secretario de la Función Pública, Germán Martínez, inicia una investigación empezando con su antecesor, que no sólo no vigiló el cumplimento de la ley sino que participó de la misma violación que se imputa aquí a distintas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
El acuerdo sobre los lineamientos para los gastos de comunicación social de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2007 no ofrece nada nuevo. Por el contrario, se repiten las mismas premisas que en el pasado inmediato: discrecionalidad, creación de conceptos al margen de la ley (como el de equiparar los medios gestionados por el gobierno federal y estatales como medios públicos sin fundamento legal alguno), promoción política personal e institucional y apoyo de gacetillas; es decir, propaganda disfrazada de aséptica información. Una revisión somera de los gastos efectuados en 2006 da cuenta particularmente de este último aspecto, donde el cinismo hace acto de presencia sin ningún pudor. Veamos.
Primero. Durante 2006, el presupuesto destinado a comunicación social se ejerció en muchos rubros al margen de los estándares internacionales de la ética y del sentido de responsabilidad y veracidad que el gobierno federal está legalmente obligado a respetar. Las gacetillas tuvieron un papel significativo en este período. Existen ejemplos concretos de lo que aquí se afirma. El 6 de septiembre de ese año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) liquidó una factura de 118 mil pesos a María Alejandra Quero Aguilar, por concepto de “11 entrevistas de seis minutos” al titular de esa dependencia. El 20 de diciembre de 2006, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, pagó al Grupo Radiodifusoras S.A. de C.V. la cantidad de 300 mil pesos por “seis entrevistas de cinco minutos” al titular de este organismo. Ocho días después, el Fondo destinó 340 mil pesos a la empresa Comercializadora de Servicios de Imagen S.A. de C.V., por el mismo concepto.
Por su parte, la empresa paraestatal Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. otorgó una iguala de 100 mil pesos al diario El Noticiero de Colima, a nombre del director de este medio, Carlos Valdez Ramírez, por concepto de “servicios prestados por difusión del puerto de Manzanillo que incluyen boletín, convocatorias y entrevistas”.
Incluso el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, apreciada como una institución políticamente correcta, no estuvo al margen de esta práctica, como lo demuestran diversas facturas pagadas a Balam Álvarez Flores por 7 mil 916 pesos por concepto de “entrevistas y menciones”. En esta primera parte se puede ver cómo el gobierno paga publicidad disfrazada de información, y algunos medios no tienen el mínimo pudor en facturar entrevistas y notas que se supone debían ser información de interés público y no representar ningún costo para el erario. Sobra decir que con este comportamiento se vulnera el derecho a saber de los mexicanos, al darles publicidad como si de información de interés público se tratara.
Segundo. Un caso sorprendente es el de la agencia de noticias gubernamental Notimex la cual, extrañamente, durante 2006 fue recipiendaria de una fuerte cantidad de recursos federales al margen de la ley. En efecto, por un lado ha vendido “cobertura informativa” al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La factura más reciente, del 8 de enero de 2007, ampara una iguala mensual de 33 mil 200 pesos. Eso no es todo. Como si se tratara de la empresa más competitiva en el mercado mundial, el 1 de noviembre de 2006 Notimex facturó al Instituto Mexicano del Seguro Social 1 millón 335 mil 937 pesos en el rubro de radiodifusoras locales, por transmisión de spots del 27 de julio al 31 de agosto de ese año. Y ese mismo día facturó al Instituto 1 millón 870 mil 312 pesos por difusión de spots del 1 de septiembre al 18 de octubre de 2006. Ya ni una agencia de categoría mundial cobraría semejante cantidad, menos Notimex que tiene problemas financieros endémicos. La ausencia de credibilidad y penetración en el mercado no fue obstáculo para que el 28 de diciembre de 2006, la Lotería Nacional le pagara a esta agencia ¡2 millones 173 mil pesos! por 18 spots de 30 segundos. A juicio de la Lotería es tan bueno el servicio de Notimex, que ese mismo día y por el mismo concepto hizo un pago de 12 mil pesos a la empresa privada México Radio S.A. de C.V. Y un día antes, el 27 de diciembre, pagó 13 mil 692 pesos a la empresa comercializadora Siete S.A. de C.V. (Radio 14.40) por el mismo servicio.
La Secretaría de Turismo también contrató a Notimex para su “cobertura” por una iguala de 43 mil 478 pesos, según dan cuenta varios pagos realizados por ese concepto durante 2006. De igual forma, el 15 de mayo de 2006, Nacional Financiera destinó a esta agencia informativa 32 mil pesos, por “cobertura fotográfica”. Por otro lado, el 29 de noviembre de ese año, la Secretaría de la Reforma Agraria le pagó a Notimex 52 mil 345 pesos, por un spot de radio de 30 segundos. El 13 de octubre, esta dependencia federal destinó la misma cantidad para pagar un spot de televisión de 20 segundos. Y así se puede documentar un largo etcétera. Son de llamar la atención los altos costos de los servicios de esta empresa gubernamental, que carece, hasta donde se tiene conocimiento, de frecuencias de radio y televisión y que no tiene empacho en vender su “cobertura informativa”, a pesar de ser una agencia que trabaja con recursos de la sociedad. Peor aún, la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano prohíbe, de manera clara, que esa empresa del gobierno cobre por informar, según prescribe su artículo 6, que a la letra dice: “Toda información que genere o transmita la Agencia por cualquier medio de comunicación, deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los Poderes de la Unión o de las Entidades Federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Los servidores públicos de la Agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.”
Tercero. Pero las cosas no se quedan ahí. El vigilante ha resultado igual o peor que el vigilado. Resulta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene la obligación legal de aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para que se observe puntualmente el principio de legalidad. Qué se podría esperar, sin embargo, si cuando Eduardo Romero era titular de esta dependencia también hizo de las suyas con cargo al erario, para su promoción política personal. En ese entonces buscó la candidatura por el PAN a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, intento que no fructificó. El 14 de noviembre de 2006, la SFP pagó 200 mil pesos a la empresa Promotora de Radio S.A. de C.V./Núcleo Radio Mil. Habrá que ver si el nuevo Secretario de la Función Pública, Germán Martínez, inicia una investigación empezando con su antecesor, que no sólo no vigiló el cumplimento de la ley sino que participó de la misma violación que se imputa aquí a distintas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
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