Cada día que pasa hacen más eco las advertencias del Sam en el aspecto de que todo apunta a ir devorando más al país, me da tristeza ver este tipo de notas porque soy mexicana como millones más y estoy viendo en mi propia cara como le roban a nuestro pueblo.
Medio centenar de diputados del Partido de la Revolución Democrática ocupó parcialmente la tribuna para repudiar el compromiso contraído por la fracción priísta, y en especial por Emilio Gamboa Patrón, con el gobierno de Felipe Calderón para aprobar la iniciativa de nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (La Jornada)
Denuncian mayoriteo de PRI y AN para aprobar nueva ley del ISSSTE
La iniciativa de nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que pretende individualizar el retiro de los trabajadores y recapitalizar el fondo de salud, generó una controversia insalvable en la Cámara de Diputados entre las cuatro fuerzas políticas que la respaldan -PRI, PAN, PVEM y Panal- y los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia).
Estos últimos advirtieron que el gobierno y los grupos que impulsan la legislación pretenden aprobarla fast track y aplicar un mayoriteo en comisiones, pues el presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño Infante, turnó el documento a las de Hacienda y de Seguridad Social, para que los partidos impulsores puedan votar el dictamen en favor y sin problemas.
Convocan sindicatos a un paro nacional
En respuesta, el sindicato del ISSSTE, el STUNAM, el del Gobierno del Distrito Federal, la CNTE y algunas secciones del SNTE, así como organizaciones gremiales afiliadas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), convocaron a un paro nacional el 27 de marzo, que incluirá el cierre de oficinas del instituto y una serie de acciones cuyo detalle se dará a conocer en los próximos días.
Al interior de la bancada del PRI -se reveló a este diario- persiste un notable malestar contra el coordinador, Emilio Gamboa Patrón, a quien algunos de sus compañeros acusaron de ''traidor'' por ''avalar un atraco a los trabajadores y estar al servicio del gobierno federal'', así como de rechazo a Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), y al diputado Samuel Aguilar, quien leyó la iniciativa ante el pleno.
Legisladores del tricolor que están inconformes dijeron: ''Se trató de una maniobra orquestada por Emilio (Gamboa); el documento nos pasó de noche, no tuvimos oportunidad de leerlo y nos sorprendieron por una candidez de nuestra parte. ¿Acaso no se dan cuenta que los grandes perdedores seremos los priístas?, porque una iniciativa tan impopular le corresponde al gobierno de Felipe Calderón, o en todo caso al PAN. ¿Se ha percatado Emilio que la negociación no está por encima de los intereses del pueblo?''
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Violadores Sistémicos
Ser india, pobre y anciana en este país del imperio de la impunidad, particularmente la que surge de la metralleta al hombro y el uniforme verde olivo, es colocarse en la indefensión casi total.
No otro es el mensaje de fondo que envía el alto mando militar con su conducta protectora de los soldados que violaron tumultuariamente a Ernestina Ascencio Rosario , de 73 años de edad, en la comunidad de Tetlacinga, Veracruz, y que le provocaron la muerte el 26 de febrero pasado.
En una primera reacción, la Secretaría de la Defensa Nacional exculpó el 2 de marzo a los soldados adscritos a la 26ª. Zona Militar porque no se han “encontrado pruebas o indicios fehacientes que señalen como probables responsables al personal militar”.
Y en el cinismo hecho costumbre, recuerdan que “en las actividades que realiza el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se respeta en todo momento los derechos humanos de las personas ( sic )”. Como si los indios, en particular las mujeres, y la sociedad en general no fueran los directamente afectados por la sistémica violación de las garantías individuales que cometen por todo el país desde el soldado raso hasta el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván , como lo han documentado puntualmente los organismos civiles de defensa de los derechos humanos, mexicanos y extranjeros, y contados medios de comunicación a partir de noviembre de 1993.
Tres días más tarde se produjo un giro de 180 grados. Con otro boletín de prensa, distribuido en Orizaba por personal de la 26ª. Zona Militar, se dio a conocer la presencia en la sierra de Zongolica de hombres con uniformes de militares ajenos al Ejército, los cuales habrían violado y asesinado a la náhuatl. El texto fue retirado bajo el argumento de que contenía errores ortográficos. Pero el boletín “corregido”, marcado también con el número 19, contenía un texto completamente distinto al primero.
La parcialidad de la cúpula castrense y la negligencia en que incurrieron la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz –al decir de Javier Pérez Pascuala , alcalde de Soledad Atzompa, y de la familia Ascencio --, están convirtiendo un caso grave de injusticia en un escándalo que ya trascendió fronteras.
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura fueron las primeras en solicitar lo elemental: remitir la averiguación ministerial a la justicia civil, pues en tribunales militares los presuntos violadores --bestias, habría que escribir sin incurrir en hipérbole-- podrían enfrentar un juicio parcial.
No hablan de oídas. Como bien recuerda Marisela Contreras Julián , autora del punto de acuerdo con el que la Cámara de Diputados “exige el esclarecimiento y castigo de esos actos reprobables e impunes”, a la violación tumultuaria de doña Ernestina le antecede una cadena de abusos contra indias en condición de pobreza extrema, campesinas y hasta trabajadoras sexuales.
Del 4 de junio de 1994 data la primera violación tumultuaria contra tres mujeres tzeltales, en Altamirano, Chiapas. Delfina Flores y Aurelia Méndez , de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron el 3 de diciembre de 1997 que cinco soldados las violaron. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recibió, en 1997, la denuncia sobre la violación de 12 mujeres por soldados en los Loxicha. Victoriana Vázquez y Francisca Santos denunciaron que fueron atacadas sexualmente por integrantes del Ejército en Tlacoachixtlahuaca, Guerrero. El 16 de febrero de 2002, en la Barranca de Bejuco, Guerrero, fue agredida sexualmente Valentina Rosendo Huerta por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería. Inés Fernández Ortega denunció que el 22 de marzo de 2002 fue violada por 11 soldados en Ayutla de los Libres, Guerrero. El 11 de julio de 2006, más de 20 elementos del Ejército Mexicano violaron en Castaño, Coahuila, a 13 mujeres sin que hasta el momento se haya sancionado a ningún responsable.
La lista podría centuplicarse si todas las violadas por elementos de “nuestro glorioso Ejército Mexicano” –como sólo a Fidel Herrera Beltrán se le ocurrió denominarlo en pleno funeral de Ascencio Rosario --, se decidieran a proceder ministerialmente bajo la asesoría o promoción de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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Se suman Ejército y Marina a resguardo de instalaciones eléctricas
Mientras el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, dialogan para evitar la huelga, elementos del Ejército, Marina, Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías estatales y municipales se encuentran ya en instalaciones eléctricas para iniciar una requisa en caso de estallar la huelga a las 12:00 del día de hoy.
Los poco más de 40 mil trabajadores activos se encuentran ya listos con las banderas rojinegras y las guardias respectivas en el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y el sur de Michoacán.
Las autoridades de la Secretaría de Energía hicieron en la madrugada un último ofrecimiento de 4% de incremento directo al salario y 1% en prestaciones.
Fernando Amescua, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas dijo que esa organización insiste en un 19%, aunque reconoció flexibilidad en esta petición.
Destacó que las negociaciones no se han roto y que en caso de estallar la huelga, será a las 12:00 en punto cuando se coloquen las banderas rojinegras.
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Denuncia SME campaña de desprestigio
México, DF. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, denunció este viernes una campaña de desprestigio contra los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) y dijo que la demanda de un aumento salarial es justificada.
El SME rechazó en la madrugada de este viernes un ofrecimiento de cuatro por ciento de incremento directo al salario y de uno por ciento en la despensa, planteado por la CLyFC, según un despacho de la agencia Notimex.
La organización solicitó un aumento de 19 por ciento y la huelga está emplazada para las 12 horas de este viernes.
Durante una entrevista telefónica difundida por la cadena Televisa, el conductor de Primero Noticias, Carlos Loret, preguntó a Esparza.
-Pero los empleados son los más consentidos, ¿no?
"Es una campaña de desprestigio que vienen haciendo los medios de comunicación en contra de los trabajadores. Somos los que levantamos la riqueza de este país. Para su conocimiento, el año pasado, el Producto Interno Bruto fue de nueve billones (de pesos) y eso es parte del esfuerzo que hacemos los trabajadores. Lo que nosotros atendemos son las necesidades de la ciudad más grande del mundo".
-¿Pero esto se paga con dinero de todos los mexicanos?
"Se paga con todas las ventas de energía. Quiero decir que lo que equivale el contrato colectivo para salarios y prestaciones en relación a las ventas apenas es un 39 por ciento. Lo demás se los lleva la Secretaría de Hacienda. Los trabajadores están debidamente justificados porque somos los que mantenemos encendida la ciudad más grande del mundo".
La CLyFC atiende las necesidades del Distrito Federal y los estado de México, Hidalgo y los municipios de Cuernavaca, Morelos, y Necaxa, Puebla.
El SME informó que ante la posibilidad de colocar banderas rojinegras comenzaron a llegar elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército mexicano a las instalaciones de LyFC para resguardar los inmuebles en el caso de que entre la requisa, la figura legal mediante la cual el gobierno asume el control de esta industria en caso de huelga.
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La CNDH protege a Ulises Ruiz, acusan legisladores
Diputados del PRD y Convergencia, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, consideraron que el informe sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, que ayer presentó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, en la Cámara de Diputados, es una "crónica ya conocida" y revela que esa institución avala la "impunidad" del gobernador Ulises Ruiz.
Ante diputados y senadores de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras, el ombudsman nacional leyó un resumen del documento (de 181 páginas), en el que hizo un breve recuento del conflicto magisterial y social, que arrojó un saldo de 20 personas fallecidas, 366 detenidas -de las cuales permanecen recluidas 56- y 381 lesionados.
En los hechos de violencia suscitados en esa entidad quedaron acreditados "los excesos de algunas personas, más allá de su derecho de manifestación y faltas a su deber ciudadano de obedecer la ley, pero también funcionarios encargados de la seguridad pública se excedieron en el uso de la fuerza pública al aprehender a varios de éstos y a personas ajenas a la manifestación; también en su traslado ante la autoridad competente hubo agravios a sus derechos fundamentales".
La CNDH constató que las autoridades federal, estatal y municipal incurrieron en violaciones a los derechos de libertad, integridad personal, a la propiedad y posesión, y a la vida. Además, hubo detenciones arbitrarias e ilegales; tortura por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la policía ministerial, y violación a la seguridad jurídica de la población por el cierre de oficinas de la procuraduría estatal, lo que generó dilación de la justicia.
También hubo incomunicación de los detenidos y una persona falleció por lesiones causadas por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la PFP.
"Los seis meses de conflicto evidenciaron la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para darle solución, lo que produjo vacíos de poder, ocupados por grupos sociales y recuperados (luego) por la autoridad con el uso de la fuerza pública", aseveró el titular de la CNDH.
Además, refirió que durante el conflicto, defensores civiles de derechos humanos fueron amenazados, perseguidos, agredidos, intimidados y difamados para impedir y limitar su labor. "Hubo violaciones a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y de información".
Responsabilidad de la PFP
En el informe, que entregó por escrito a las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores, Omeheira López y Rosario Ibarra de Piedra, respectivamente, la CNDH sostiene que la PFP generó la muerte de Alberto Jorge López Bernal, quien falleció luego de que un proyectil de gas lacrimógeno se impactara en su pecho, lo que la ONU equipara a una "ejecución arbitraria".
De igual forma, asevera que elementos de la PFP y la policía ministerial torturaron a detenidos y detuvieron indiscriminadamente a centenares de personas ajenas al conflicto.
También subraya que las dos corporaciones "hicieron uso excesivo de la fuerza, lo cual es injustificable, tanto en el primer desalojo del plantón magisterial como en las detenciones de meses posteriores y la recuperación del centro de Oaxaca".
El informe da cuenta de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado entorpecieron la labor de la CNDH al "impedir el acceso a la consulta de las actuaciones y retrasar la entrega de la información solicitada sobre el homicidio del periodista Bradley Roland Will. Cuando se entregaron los datos, se hizo de manera incompleta".
En el caso de los traslados de los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, antes La Palma, la PFP y la policía ministerial violaron sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, porque fueron detenidos con órdenes de aprehensión dictadas por un juez del orden común, y "sin la debida fundamentación y motivación jurídica" se les recluyó en un penal federal. Soberanes Fernández anunció que en 15 días emitirá la recomendación correspondiente.
"Nada nuevo en el informe"
Al término del acto, el ombudsman nacional salió a toda prisa del salón en el que se presentó el informe, debido a que unos manifestantes entraron al lugar con una gran manta en la que exigían libertad a los presos políticos.
En una conferencia de prensa posterior, diputados de PRD y Convergencia, y Rosario Ibarra de Piedra, expresaron sus opiniones sobre el informe. "Todo lo que escuchamos hoy no nos sorprende; hay toda una visión de cubrir con impunidad las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. Escuchamos un informe muy laxo, una crónica ya conocida. No hubo una sola alusión a la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz".
La CNDH "sabe muy bien quién es el brazo armado en esta represión. Tiene nombre y lo sabe la CNDH. Nos quedamos esperando las recomendaciones. Ojalá demande la liberación de todos los detenidos, es lo menos (que puede hacer). Nos decepcionó el informe. La CNDH protege a Ulises, no hubo ninguna mención sobre su responsabilidad".
Los legisladores dieron a conocer que el miércoles por la noche "fueron informados que no iba a haber sesión de preguntas y respuestas. Además, fue suspendido un viaje previsto desde ayer a Oaxaca para investigar la situación. El PAN y el PRI se pusieron de acuerdo, y el diputado Emilio Gamboa dijo que no había dinero para el viaje".
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Más de 100 mil jóvenes aspirarán a ingresar al bachillerato de la UNAM y rechazarán a 67 mil
En días pasados, se reunieron Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM y Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, con el objeto de firmar un acuerdo de colaboración en la nueva administración.
En esta reunión ambos funcionarios dieron datos atroces sobre la situación de los jóvenes de nuestro país, por ejemplo, que de cada 100 jóvenes en edad de cursar el bachillerato, sólo 58 tienen acceso a este tipo de educación.
Además, de los que logran ingresar al bachillerato, 40 de cada 100 deserta por motivos económicos, familiares o la reprobación.
Se precisó que el 10% de la población, los de mayores ingresos (decil 10), ha llegado a los 10 años en el nivel promedio de su escolaridad y está insertado en el bachillerato. En contraste, el 10% más pobre (decil 1) difícilmente llega a los cuatro años de educación.
Ante esta terrible situación, los funcionarios dicen que para que la desigualdad no siga en aumento “…debe haber un sistema educativo vigoroso…”.
Y ante el hecho de que sólo 33 mil aspirantes ingresarán al bachillerato de la UNAM, dejando fuera a 67 mil, proponen medidas que no construyen alternativas reales de bachillerato para los jóvenes. El rector de la UNAM pone a la disposición de la SEP el Bachillerato “en línea” y el sistema de “educación a distancia”. Si ya vimos que el principal problema es la falta de acceso a la educación de los estudiantes con menores recursos económicos, ¿por qué no se piensan mencanismos que resuelvan ese problema? ¿Cuántos de estos jóvenes de familias con bajos ingresos tendrán computadora con internet en su casa o los medios para estudiar “a distancia” y “en línea”?
En lugar de construir más escuelas, universidades, aumentar la matrícula en la UNAM, del IPN, estos funcionarios establecen siete puntos de colaboración centrándose en cambiar los programas de estudio, los sistemas de evaluación (¿más CENEVAL?) y desarrollar tecnología para que los alumnos estudien desde lejos. El convenio recién firmado entre De la Fuente y Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, también es en este sentido, impulsando la “educación a distancia”, que tiene serias limitaciones y deficiencias en su calidad.
Está visto que no son ellos, los funcionarios, los que va a dar alternativas a los aspirantes ni los que evitarán que haya rechazados, es el movimiento estudiantil, los universitarios y el pueblo en general los que lograremos abrir nuevas alternativas a estos jóvenes. Sin dejar de exigir nuestro derecho, y el derecho de todo el pueblo a una educación pública, gratuita y de calidad, podemos avanzar en la construcción de alternativas. Un ejemplo es la organización estudiantil que en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente de la UNAM. ha impulsado en este período un curso para alumnos de secundaria quienes se preparan para el examen de admisión (léase examen de exclusión) para el bachillerato. Este curso está organizado e implementado por estudiantes de la UNAM, tanto del propio CCH como de escuelas y facultades y le da una alternativa real, gratuita y pública a alrededor de mil estudiantes que no tienen recursos económicos para pagar un curso privado para preparase y que requieren de un apoyo académico para enfrentarse a esta desigual competencia.
Es imprescindible que juntos, los universitarios y el pueblo nos organicemos y demos la pelea por la construcción de más escuelas y aumento en la matrícula en las ya existentes. Sólo así lograremos a corto plazo que no haya rechazados en la UNAM, IPN, y demás instituciones públicas de educación.
La educación gratuita es un derecho de todo el pueblo, hagámoslo realidad.
Lea nota completa a Rebelión
Medio centenar de diputados del Partido de la Revolución Democrática ocupó parcialmente la tribuna para repudiar el compromiso contraído por la fracción priísta, y en especial por Emilio Gamboa Patrón, con el gobierno de Felipe Calderón para aprobar la iniciativa de nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (La Jornada)
Denuncian mayoriteo de PRI y AN para aprobar nueva ley del ISSSTE
La iniciativa de nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que pretende individualizar el retiro de los trabajadores y recapitalizar el fondo de salud, generó una controversia insalvable en la Cámara de Diputados entre las cuatro fuerzas políticas que la respaldan -PRI, PAN, PVEM y Panal- y los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia).
Estos últimos advirtieron que el gobierno y los grupos que impulsan la legislación pretenden aprobarla fast track y aplicar un mayoriteo en comisiones, pues el presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño Infante, turnó el documento a las de Hacienda y de Seguridad Social, para que los partidos impulsores puedan votar el dictamen en favor y sin problemas.
Convocan sindicatos a un paro nacional
En respuesta, el sindicato del ISSSTE, el STUNAM, el del Gobierno del Distrito Federal, la CNTE y algunas secciones del SNTE, así como organizaciones gremiales afiliadas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), convocaron a un paro nacional el 27 de marzo, que incluirá el cierre de oficinas del instituto y una serie de acciones cuyo detalle se dará a conocer en los próximos días.
Al interior de la bancada del PRI -se reveló a este diario- persiste un notable malestar contra el coordinador, Emilio Gamboa Patrón, a quien algunos de sus compañeros acusaron de ''traidor'' por ''avalar un atraco a los trabajadores y estar al servicio del gobierno federal'', así como de rechazo a Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), y al diputado Samuel Aguilar, quien leyó la iniciativa ante el pleno.
Legisladores del tricolor que están inconformes dijeron: ''Se trató de una maniobra orquestada por Emilio (Gamboa); el documento nos pasó de noche, no tuvimos oportunidad de leerlo y nos sorprendieron por una candidez de nuestra parte. ¿Acaso no se dan cuenta que los grandes perdedores seremos los priístas?, porque una iniciativa tan impopular le corresponde al gobierno de Felipe Calderón, o en todo caso al PAN. ¿Se ha percatado Emilio que la negociación no está por encima de los intereses del pueblo?''
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Violadores Sistémicos
Ser india, pobre y anciana en este país del imperio de la impunidad, particularmente la que surge de la metralleta al hombro y el uniforme verde olivo, es colocarse en la indefensión casi total.
No otro es el mensaje de fondo que envía el alto mando militar con su conducta protectora de los soldados que violaron tumultuariamente a Ernestina Ascencio Rosario , de 73 años de edad, en la comunidad de Tetlacinga, Veracruz, y que le provocaron la muerte el 26 de febrero pasado.
En una primera reacción, la Secretaría de la Defensa Nacional exculpó el 2 de marzo a los soldados adscritos a la 26ª. Zona Militar porque no se han “encontrado pruebas o indicios fehacientes que señalen como probables responsables al personal militar”.
Y en el cinismo hecho costumbre, recuerdan que “en las actividades que realiza el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se respeta en todo momento los derechos humanos de las personas ( sic )”. Como si los indios, en particular las mujeres, y la sociedad en general no fueran los directamente afectados por la sistémica violación de las garantías individuales que cometen por todo el país desde el soldado raso hasta el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván , como lo han documentado puntualmente los organismos civiles de defensa de los derechos humanos, mexicanos y extranjeros, y contados medios de comunicación a partir de noviembre de 1993.
Tres días más tarde se produjo un giro de 180 grados. Con otro boletín de prensa, distribuido en Orizaba por personal de la 26ª. Zona Militar, se dio a conocer la presencia en la sierra de Zongolica de hombres con uniformes de militares ajenos al Ejército, los cuales habrían violado y asesinado a la náhuatl. El texto fue retirado bajo el argumento de que contenía errores ortográficos. Pero el boletín “corregido”, marcado también con el número 19, contenía un texto completamente distinto al primero.
La parcialidad de la cúpula castrense y la negligencia en que incurrieron la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz –al decir de Javier Pérez Pascuala , alcalde de Soledad Atzompa, y de la familia Ascencio --, están convirtiendo un caso grave de injusticia en un escándalo que ya trascendió fronteras.
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura fueron las primeras en solicitar lo elemental: remitir la averiguación ministerial a la justicia civil, pues en tribunales militares los presuntos violadores --bestias, habría que escribir sin incurrir en hipérbole-- podrían enfrentar un juicio parcial.
No hablan de oídas. Como bien recuerda Marisela Contreras Julián , autora del punto de acuerdo con el que la Cámara de Diputados “exige el esclarecimiento y castigo de esos actos reprobables e impunes”, a la violación tumultuaria de doña Ernestina le antecede una cadena de abusos contra indias en condición de pobreza extrema, campesinas y hasta trabajadoras sexuales.
Del 4 de junio de 1994 data la primera violación tumultuaria contra tres mujeres tzeltales, en Altamirano, Chiapas. Delfina Flores y Aurelia Méndez , de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron el 3 de diciembre de 1997 que cinco soldados las violaron. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recibió, en 1997, la denuncia sobre la violación de 12 mujeres por soldados en los Loxicha. Victoriana Vázquez y Francisca Santos denunciaron que fueron atacadas sexualmente por integrantes del Ejército en Tlacoachixtlahuaca, Guerrero. El 16 de febrero de 2002, en la Barranca de Bejuco, Guerrero, fue agredida sexualmente Valentina Rosendo Huerta por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería. Inés Fernández Ortega denunció que el 22 de marzo de 2002 fue violada por 11 soldados en Ayutla de los Libres, Guerrero. El 11 de julio de 2006, más de 20 elementos del Ejército Mexicano violaron en Castaño, Coahuila, a 13 mujeres sin que hasta el momento se haya sancionado a ningún responsable.
La lista podría centuplicarse si todas las violadas por elementos de “nuestro glorioso Ejército Mexicano” –como sólo a Fidel Herrera Beltrán se le ocurrió denominarlo en pleno funeral de Ascencio Rosario --, se decidieran a proceder ministerialmente bajo la asesoría o promoción de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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Se suman Ejército y Marina a resguardo de instalaciones eléctricas
Mientras el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, dialogan para evitar la huelga, elementos del Ejército, Marina, Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías estatales y municipales se encuentran ya en instalaciones eléctricas para iniciar una requisa en caso de estallar la huelga a las 12:00 del día de hoy.
Los poco más de 40 mil trabajadores activos se encuentran ya listos con las banderas rojinegras y las guardias respectivas en el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y el sur de Michoacán.
Las autoridades de la Secretaría de Energía hicieron en la madrugada un último ofrecimiento de 4% de incremento directo al salario y 1% en prestaciones.
Fernando Amescua, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas dijo que esa organización insiste en un 19%, aunque reconoció flexibilidad en esta petición.
Destacó que las negociaciones no se han roto y que en caso de estallar la huelga, será a las 12:00 en punto cuando se coloquen las banderas rojinegras.
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Denuncia SME campaña de desprestigio
México, DF. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, denunció este viernes una campaña de desprestigio contra los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) y dijo que la demanda de un aumento salarial es justificada.
El SME rechazó en la madrugada de este viernes un ofrecimiento de cuatro por ciento de incremento directo al salario y de uno por ciento en la despensa, planteado por la CLyFC, según un despacho de la agencia Notimex.
La organización solicitó un aumento de 19 por ciento y la huelga está emplazada para las 12 horas de este viernes.
Durante una entrevista telefónica difundida por la cadena Televisa, el conductor de Primero Noticias, Carlos Loret, preguntó a Esparza.
-Pero los empleados son los más consentidos, ¿no?
"Es una campaña de desprestigio que vienen haciendo los medios de comunicación en contra de los trabajadores. Somos los que levantamos la riqueza de este país. Para su conocimiento, el año pasado, el Producto Interno Bruto fue de nueve billones (de pesos) y eso es parte del esfuerzo que hacemos los trabajadores. Lo que nosotros atendemos son las necesidades de la ciudad más grande del mundo".
-¿Pero esto se paga con dinero de todos los mexicanos?
"Se paga con todas las ventas de energía. Quiero decir que lo que equivale el contrato colectivo para salarios y prestaciones en relación a las ventas apenas es un 39 por ciento. Lo demás se los lleva la Secretaría de Hacienda. Los trabajadores están debidamente justificados porque somos los que mantenemos encendida la ciudad más grande del mundo".
La CLyFC atiende las necesidades del Distrito Federal y los estado de México, Hidalgo y los municipios de Cuernavaca, Morelos, y Necaxa, Puebla.
El SME informó que ante la posibilidad de colocar banderas rojinegras comenzaron a llegar elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército mexicano a las instalaciones de LyFC para resguardar los inmuebles en el caso de que entre la requisa, la figura legal mediante la cual el gobierno asume el control de esta industria en caso de huelga.
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La CNDH protege a Ulises Ruiz, acusan legisladores
Diputados del PRD y Convergencia, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, consideraron que el informe sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, que ayer presentó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, en la Cámara de Diputados, es una "crónica ya conocida" y revela que esa institución avala la "impunidad" del gobernador Ulises Ruiz.
Ante diputados y senadores de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras, el ombudsman nacional leyó un resumen del documento (de 181 páginas), en el que hizo un breve recuento del conflicto magisterial y social, que arrojó un saldo de 20 personas fallecidas, 366 detenidas -de las cuales permanecen recluidas 56- y 381 lesionados.
En los hechos de violencia suscitados en esa entidad quedaron acreditados "los excesos de algunas personas, más allá de su derecho de manifestación y faltas a su deber ciudadano de obedecer la ley, pero también funcionarios encargados de la seguridad pública se excedieron en el uso de la fuerza pública al aprehender a varios de éstos y a personas ajenas a la manifestación; también en su traslado ante la autoridad competente hubo agravios a sus derechos fundamentales".
La CNDH constató que las autoridades federal, estatal y municipal incurrieron en violaciones a los derechos de libertad, integridad personal, a la propiedad y posesión, y a la vida. Además, hubo detenciones arbitrarias e ilegales; tortura por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la policía ministerial, y violación a la seguridad jurídica de la población por el cierre de oficinas de la procuraduría estatal, lo que generó dilación de la justicia.
También hubo incomunicación de los detenidos y una persona falleció por lesiones causadas por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la PFP.
"Los seis meses de conflicto evidenciaron la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para darle solución, lo que produjo vacíos de poder, ocupados por grupos sociales y recuperados (luego) por la autoridad con el uso de la fuerza pública", aseveró el titular de la CNDH.
Además, refirió que durante el conflicto, defensores civiles de derechos humanos fueron amenazados, perseguidos, agredidos, intimidados y difamados para impedir y limitar su labor. "Hubo violaciones a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y de información".
Responsabilidad de la PFP
En el informe, que entregó por escrito a las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores, Omeheira López y Rosario Ibarra de Piedra, respectivamente, la CNDH sostiene que la PFP generó la muerte de Alberto Jorge López Bernal, quien falleció luego de que un proyectil de gas lacrimógeno se impactara en su pecho, lo que la ONU equipara a una "ejecución arbitraria".
De igual forma, asevera que elementos de la PFP y la policía ministerial torturaron a detenidos y detuvieron indiscriminadamente a centenares de personas ajenas al conflicto.
También subraya que las dos corporaciones "hicieron uso excesivo de la fuerza, lo cual es injustificable, tanto en el primer desalojo del plantón magisterial como en las detenciones de meses posteriores y la recuperación del centro de Oaxaca".
El informe da cuenta de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado entorpecieron la labor de la CNDH al "impedir el acceso a la consulta de las actuaciones y retrasar la entrega de la información solicitada sobre el homicidio del periodista Bradley Roland Will. Cuando se entregaron los datos, se hizo de manera incompleta".
En el caso de los traslados de los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, antes La Palma, la PFP y la policía ministerial violaron sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, porque fueron detenidos con órdenes de aprehensión dictadas por un juez del orden común, y "sin la debida fundamentación y motivación jurídica" se les recluyó en un penal federal. Soberanes Fernández anunció que en 15 días emitirá la recomendación correspondiente.
"Nada nuevo en el informe"
Al término del acto, el ombudsman nacional salió a toda prisa del salón en el que se presentó el informe, debido a que unos manifestantes entraron al lugar con una gran manta en la que exigían libertad a los presos políticos.
En una conferencia de prensa posterior, diputados de PRD y Convergencia, y Rosario Ibarra de Piedra, expresaron sus opiniones sobre el informe. "Todo lo que escuchamos hoy no nos sorprende; hay toda una visión de cubrir con impunidad las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. Escuchamos un informe muy laxo, una crónica ya conocida. No hubo una sola alusión a la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz".
La CNDH "sabe muy bien quién es el brazo armado en esta represión. Tiene nombre y lo sabe la CNDH. Nos quedamos esperando las recomendaciones. Ojalá demande la liberación de todos los detenidos, es lo menos (que puede hacer). Nos decepcionó el informe. La CNDH protege a Ulises, no hubo ninguna mención sobre su responsabilidad".
Los legisladores dieron a conocer que el miércoles por la noche "fueron informados que no iba a haber sesión de preguntas y respuestas. Además, fue suspendido un viaje previsto desde ayer a Oaxaca para investigar la situación. El PAN y el PRI se pusieron de acuerdo, y el diputado Emilio Gamboa dijo que no había dinero para el viaje".
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Más de 100 mil jóvenes aspirarán a ingresar al bachillerato de la UNAM y rechazarán a 67 mil
En días pasados, se reunieron Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM y Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, con el objeto de firmar un acuerdo de colaboración en la nueva administración.
En esta reunión ambos funcionarios dieron datos atroces sobre la situación de los jóvenes de nuestro país, por ejemplo, que de cada 100 jóvenes en edad de cursar el bachillerato, sólo 58 tienen acceso a este tipo de educación.
Además, de los que logran ingresar al bachillerato, 40 de cada 100 deserta por motivos económicos, familiares o la reprobación.
Se precisó que el 10% de la población, los de mayores ingresos (decil 10), ha llegado a los 10 años en el nivel promedio de su escolaridad y está insertado en el bachillerato. En contraste, el 10% más pobre (decil 1) difícilmente llega a los cuatro años de educación.
Ante esta terrible situación, los funcionarios dicen que para que la desigualdad no siga en aumento “…debe haber un sistema educativo vigoroso…”.
Y ante el hecho de que sólo 33 mil aspirantes ingresarán al bachillerato de la UNAM, dejando fuera a 67 mil, proponen medidas que no construyen alternativas reales de bachillerato para los jóvenes. El rector de la UNAM pone a la disposición de la SEP el Bachillerato “en línea” y el sistema de “educación a distancia”. Si ya vimos que el principal problema es la falta de acceso a la educación de los estudiantes con menores recursos económicos, ¿por qué no se piensan mencanismos que resuelvan ese problema? ¿Cuántos de estos jóvenes de familias con bajos ingresos tendrán computadora con internet en su casa o los medios para estudiar “a distancia” y “en línea”?
En lugar de construir más escuelas, universidades, aumentar la matrícula en la UNAM, del IPN, estos funcionarios establecen siete puntos de colaboración centrándose en cambiar los programas de estudio, los sistemas de evaluación (¿más CENEVAL?) y desarrollar tecnología para que los alumnos estudien desde lejos. El convenio recién firmado entre De la Fuente y Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, también es en este sentido, impulsando la “educación a distancia”, que tiene serias limitaciones y deficiencias en su calidad.
Está visto que no son ellos, los funcionarios, los que va a dar alternativas a los aspirantes ni los que evitarán que haya rechazados, es el movimiento estudiantil, los universitarios y el pueblo en general los que lograremos abrir nuevas alternativas a estos jóvenes. Sin dejar de exigir nuestro derecho, y el derecho de todo el pueblo a una educación pública, gratuita y de calidad, podemos avanzar en la construcción de alternativas. Un ejemplo es la organización estudiantil que en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente de la UNAM. ha impulsado en este período un curso para alumnos de secundaria quienes se preparan para el examen de admisión (léase examen de exclusión) para el bachillerato. Este curso está organizado e implementado por estudiantes de la UNAM, tanto del propio CCH como de escuelas y facultades y le da una alternativa real, gratuita y pública a alrededor de mil estudiantes que no tienen recursos económicos para pagar un curso privado para preparase y que requieren de un apoyo académico para enfrentarse a esta desigual competencia.
Es imprescindible que juntos, los universitarios y el pueblo nos organicemos y demos la pelea por la construcción de más escuelas y aumento en la matrícula en las ya existentes. Sólo así lograremos a corto plazo que no haya rechazados en la UNAM, IPN, y demás instituciones públicas de educación.
La educación gratuita es un derecho de todo el pueblo, hagámoslo realidad.
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