La alianza PRI-PAN planeaba aprobar la madrugada de este martes la ley del ISSSTE
La mayoría PRI-PAN en la Cámara de Diputados se preparaba anoche a aprobar el dictamen de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que el director de la institución, Miguel Angel Yunes, reconoció que, una vez en marcha el sistema individualizado de ahorro para el retiro, el costo de reconocer la deuda que ya existe en el sistema de pensiones será de 1.2 billones de pesos, lo cual representa 14 puntos del producto interno bruto (PIB).
''Sí, es una deuda de muchos millones, pero si no hacemos nada el costo será sustancialmente más que el de la transición'', dijo. Ante las críticas del diputado Antonio Soto, respecto de que ''huele muy mal'' la prisa con que se buscó aprobar el dictamen y por el ''vínculo estrecho del director con la señora (Elba Esther) Gordillo'', a la que se vincula con la autoría de la reforma, Yunes respondió: ''No es pecaminoso buscar acuerdos y consensos, y el hecho de que un grupo de dirigentes sindicales y funcionarios hagamos este esfuerzo, tiene el objetivo de dar certeza a los trabajadores''.
El diputado perredista Juan Guerra refirió que el costo de la reforma será superior, porque el Estado tendrá que transferir 3.25 pesos cuando los trabajadores aporten un peso de manera voluntaria para garantizar el mínimo de una pensión de dos salarios mínimos. Esto implicaría, dijo, cuando menos medio billón de pesos más, y un costo de casi 20 puntos del PIB, ''que si van a terminar en manos privadas, el riesgo de la ley es enorme''.
Adicionalmente, un análisis de la bancada del Partido del Trabajo sobre la reforma plantea que el fondo de la iniciativa tiene tres objetivos en el corto plazo: prolongar la edad de jubilación cinco años más y romper con el esquema solidario y subsidiario para pasar a uno individualizado; liberar recursos para que puedan ser manejados por el monopolio de las Afore y los bancos mediante la bursatilización de los ahorros, y después abrir Pemex a la iniciativa privada y modificar los sistemas estatales de pensiones.
Durante cuatro horas, diputados y senadores debatieron con Yunes el contenido y los alcances de la iniciativa que se presentó al pleno apenas el jueves pasado, y que pretende ser aprobada en las próximas horas. Una de las principales polémicas la desató el contenido del oficio CEFP/220/2007, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara, que fue conocido primero por Yunes y repartido posteriormente a los diputados.
Y es que para defender que la reforma no tendría ningún costo financiero, Yunes leyó ante senadores y diputados de las comisiones unidas de Hacienda y de Seguridad Social, el oficio del director general del centro, Edgar Nolasco, dirigido al presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac.
En dicho documento, el funcionario de la Cámara asegura que la iniciativa "no representa impactos presupuestarios adversos en las finanzas públicas, dado que para la determinación total del impacto presupuestario del seguro de pensiones se consideran todos los flujos generados por la propuesta, de manera que la reforma genera una disminución muy importante en la carga del Estado con el actual sistema de reparto, al disminuir el déficit sustancialmente".
Además, asegura, la generación del bono de reconocimiento del ahorro de los trabajadores que sean integrados al Pensionissste -la administradora de fondos de retiro de carácter público que se crearía con la nueva ley- "no contempla recursos adicionales, dado que éste se expide como un instrumento cupón cero que no implica mayor disposición de dinero''
Se trata de un ''estudio a modo", reprochó Antonio Soto. Sin embargo, el punto que más discusión generó fue la postura de recomendar la disposición de reasignaciones o excedentes petroleros para cubrir los fondos de préstamos personales y al seguro de salud. "Ahora resulta que tendremos que presupuestar los recursos extraordinarios, que no se pueden etiquetar. Aquí el director del ISSSTE nos presentó un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se dio una quemada enorme, porque sí habrá afectaciones presupuestarias", sostuvo.
Por su parte, el senador perredista Tomás Torres aseguró que en el costo de la transición no se ha incluido que el Estado deberá erogar las pensiones en curso, "que son adicionales".
A lo largo de la reunión de trabajo, diputados de PRI y PT también cuestionaron el hecho de que, si se prevé el éxito de la figura de Pensionissste, entonces debería aprobarse un candado y mantener en esta administradora la exclusividad del manejo de las cuentas de los trabajadores, y no abrir la transferencia al concluir los tres primeros años de vigencia de dicho mecanismo de ahorro. "Si va a funcionar tan bien como dicen, seguramente ningún trabajador querrá pasarse a otra Afore a los tres años", argumentó el diputado del PT Joaquín Vela.
Previamente, en una extensa presentación de los principales puntos de la iniciativa, Yunes refirió que para proteger los recursos de los trabajadores, la administradora pública manejará los fondos "en exclusiva por 36 meses", y después de ese plazo "cada trabajador elegirá personal y voluntariamente si continúa en el Pensionissste o traslada sus recursos a cualquier administradora".
Aun cuando al cierre de esta edición se inició una ronda de participaciones para discutir la iniciativa, antes de debatir el proyecto de dictamen, PRI y PAN advirtieron que el documento se aprobaría aun de madrugada, y que sólo se admitiría una adición propuesta por el diputado priísta José Rosas Aispuro, quien planteó que la regulación sobre el manejo exclusivo de las cuentas sea revisado cada tres años, con base en estudios actuariales y, en su caso, promover reformas o adiciones.
Durante la discusión, Juan Guerra propuso que Pensionissste no opere como una Afore privada, y que su director sea electo por la Cámara de Diputados, y convocó a no cerrar la posibilidad de modificar la iniciativa y dar más tiempo para su revisión "No somos diputados para votar a ciegas", advirtió.
Leer nota original en La Jornada
Rechaza el SME propuesta de Cárdenas sobre Pemex y CFE
(apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunciaron en contra de los diez puntos propuestos por Cuauhtémoc Cárdenas para reactivar la industria petrolera del país, que incluso prevén la participación de la iniciativa privada en el sector.
El vocero del SME, Fernando Amezcua, consideró que el trasfondo de la propuesta de Cárdenas es posicionarse de manera personal en la vida pública nacional. No obstante, reiteró que el sindicato de electricistas rechaza cualquier intento de privatización del sector.
La idea de la privatización, dijo, es un pretexto oficial para convencer a la sociedad de que carece de recursos para sostener a la industria. No obstante, destacó que si se canalizan adecuadamente los dineros del erario, entonces Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serían autosuficientes.
Sin embargo, las opiniones al interior del PRD están divididas, pues mientras el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, consideró que la idea de incorporar a la IP a un consejo de planeación de la política petrolera en México podría ser “una novedad que podría sacar a Pemex de la crisis que se encuentra”, el secretario de Comunicación, Gerardo Fernández Noroña, rechazó tajante la propuesta cardenista.
“Debería valorarse con cuidado esta iniciativa”, observó Acosta Naranjo. “Nos educaron a todos bajo la gran gesta de la expropiación petrolera, hecha por el general Lázaro Cárdenas; nos plantearon que es una de las cosas más importantes que haya hecho el Estado mexicano, y hoy nos quieren decir que eso no va así”, atajó por su parte Fernández Noroña.
Incluso las divergencias llegaron hasta la Cámara de Diputados.
Así, el legislador perredista Francisco Santos respaldó la postura de Cárdenas, al asegurar que “no podemos cerrar los ojos y rehuir un tema crucial, como es modernizar Pemex, sin que ello signifique que el Estado abandone su rectoría en el sector”.
No obstante, su similar José Antonio Almazán, exsecretario del Exterior del SME, ratificó que la postura del PRD ha sido clara en no permitir la apertura del sector a la inversión privada.
“Ni en Pemex ni en la CFE se debe permitir la participación de inversionistas privados, pues ello sólo terminará en la pérdida de rectoría del Estado mexicano” en el sector.
Cabe recordar que ayer domingo 18 de marzo, en la ceremonia del 69 aniversario de la expropiación petrolera, Cárdenas expuso diez puntos, en los que propuso la apertura del sector energético a la iniciativa privada.
Incluso exhortó a especialistas, académicos, ciudadanos y legisladores a discutir este planteamiento, para echar andar opciones de aprovechamiento de la riqueza de hidrocarburos en el país.
Leer nota original en Proceso
Aprueban en comisiones la nueva Ley del ISSSTE
Después de una reunión de más de seis horas se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de la nueva Ley del ISSSTE.
"Se aprueben comisiones unidas de Hacienda y Seguridad Social el dictamen correspondiente a la nueva Ley de ISSSTE", comentó Jorge Estefan Chidiac presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El PRD rechazó la iniciativa y decidió abandonar la discusión. Argumentó que la reunión de las comisiones unidas de Hacienda y Seguridad Social fue una farsa ya que todo estaba listo para dictaminar la ley.
"A esas farsas nosotros no vamos y asumimos el derecho y la responsabilidad de decidir lo que a nuestro juicio consideramos frente a esta farsa que se está escenificando aquí, así que allá ustedes con su dictamen", afirmó Juan Guerra, diputado del PRD.
Durante el análisis de la iniciativa el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, respondió a las dudas de los legisladores y reiteró que esta ley permitirá garantizar la viabilidad del instituto, resguardará los recursos de los trabajadores y no generará un daño en las finanzas públicas.
"Si no hacemos nada por reformar y rescatar al ISSSTE enfrentaríamos un proceso de deterioro acelerado de todos los servicios de la institución, en perjuicio de más de diez millones de trabajadores y derechohabientes", concluyó Yunes.
Además del PRD, PT y Convergencia expresaron su rechazó a la iniciativa que este martes se presentará ante el pleno en primera lectura.
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Atrae la PGR el caso de la balacera en Boca del Río
(apro).-.La Procuraduría General de la República atrajo la averiguación sobre la balacera en que fueron ultimados tres policías en Boca del Río, Veracruz, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Manuel Orozco.
Por su lado, el titular de la Procuraduría local, Emeterio López Márquez, reveló que el ataque perpetrado contra los policías estatales "fue una represalia por la detención de varios involucrados en la balacera de Villarín", congregación del puerto de Veracruz.
López Márquez consideró que este ataque "es una cadena relacionada con la balacera" registrada en una carrera de caballos, en que murieron dos supuestos integrantes de Los Zetas.
Explicó que la reciente agresión se da después que los policías de Veracruz detuvieron a delincuentes en la congregación de Villarín, los cuales fueron trasladados a México y puestos a disposición de la PGR.
Cabe recordar que a finales de febrero, en Villarín se registró un enfrentamiento a balazos durante una carrera de caballos, en que murieron dos personas, cuatro resultaron lesionadas y seis detenidas, entre ellas un agente de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Ahí murió Roberto Carlos Carmona Gasperín, originario de Tuxtepec, el que presentaba siete impactos de bala en tórax, abdomen, flanco derecho y espalda, y quien presuntamente era uno de los líderes de Los Zetas y cuyos restos fueron robados después de un panteón en Poza Rica, en que habían sido sepultados.
Luego de los hechos, policías estatales y federales detuvieron a los presuntos involucrados en la balacera: Francisco Javier Villarreal Reyna, José Francisco Mendoza Gómez, Sergio Humberto de la Garza Almanza, Eduardo Lagunes Avelar, Hugo Barola Palencia y Javier Rodríguez Dávila,
Estas seis personas, quienes inicialmente fueron recluidas en el penal “Ignacio Allende”, en el puerto de Veracruz, fueron después trasladadas por la SIEDO al Distrito Federal.
Es pertinente señalar que el comandante Gerardo Gutiérrez Monrraga, quien fue uno de los ejecutados ayer en Boca del Río, había participado en la captura de los sicarios involucrados en la balacera de Villarín, y en que se presume participaron miembros de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
Los otros policías abatidos fueron identificados como Miguel Ángel de Jesús Pengomo y Joaquín Cueto, mientras el civil respondía al nombre de José Alberto Fernández Torres.
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La mayoría PRI-PAN en la Cámara de Diputados se preparaba anoche a aprobar el dictamen de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que el director de la institución, Miguel Angel Yunes, reconoció que, una vez en marcha el sistema individualizado de ahorro para el retiro, el costo de reconocer la deuda que ya existe en el sistema de pensiones será de 1.2 billones de pesos, lo cual representa 14 puntos del producto interno bruto (PIB).
''Sí, es una deuda de muchos millones, pero si no hacemos nada el costo será sustancialmente más que el de la transición'', dijo. Ante las críticas del diputado Antonio Soto, respecto de que ''huele muy mal'' la prisa con que se buscó aprobar el dictamen y por el ''vínculo estrecho del director con la señora (Elba Esther) Gordillo'', a la que se vincula con la autoría de la reforma, Yunes respondió: ''No es pecaminoso buscar acuerdos y consensos, y el hecho de que un grupo de dirigentes sindicales y funcionarios hagamos este esfuerzo, tiene el objetivo de dar certeza a los trabajadores''.
El diputado perredista Juan Guerra refirió que el costo de la reforma será superior, porque el Estado tendrá que transferir 3.25 pesos cuando los trabajadores aporten un peso de manera voluntaria para garantizar el mínimo de una pensión de dos salarios mínimos. Esto implicaría, dijo, cuando menos medio billón de pesos más, y un costo de casi 20 puntos del PIB, ''que si van a terminar en manos privadas, el riesgo de la ley es enorme''.
Adicionalmente, un análisis de la bancada del Partido del Trabajo sobre la reforma plantea que el fondo de la iniciativa tiene tres objetivos en el corto plazo: prolongar la edad de jubilación cinco años más y romper con el esquema solidario y subsidiario para pasar a uno individualizado; liberar recursos para que puedan ser manejados por el monopolio de las Afore y los bancos mediante la bursatilización de los ahorros, y después abrir Pemex a la iniciativa privada y modificar los sistemas estatales de pensiones.
Durante cuatro horas, diputados y senadores debatieron con Yunes el contenido y los alcances de la iniciativa que se presentó al pleno apenas el jueves pasado, y que pretende ser aprobada en las próximas horas. Una de las principales polémicas la desató el contenido del oficio CEFP/220/2007, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara, que fue conocido primero por Yunes y repartido posteriormente a los diputados.
Y es que para defender que la reforma no tendría ningún costo financiero, Yunes leyó ante senadores y diputados de las comisiones unidas de Hacienda y de Seguridad Social, el oficio del director general del centro, Edgar Nolasco, dirigido al presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac.
En dicho documento, el funcionario de la Cámara asegura que la iniciativa "no representa impactos presupuestarios adversos en las finanzas públicas, dado que para la determinación total del impacto presupuestario del seguro de pensiones se consideran todos los flujos generados por la propuesta, de manera que la reforma genera una disminución muy importante en la carga del Estado con el actual sistema de reparto, al disminuir el déficit sustancialmente".
Además, asegura, la generación del bono de reconocimiento del ahorro de los trabajadores que sean integrados al Pensionissste -la administradora de fondos de retiro de carácter público que se crearía con la nueva ley- "no contempla recursos adicionales, dado que éste se expide como un instrumento cupón cero que no implica mayor disposición de dinero''
Se trata de un ''estudio a modo", reprochó Antonio Soto. Sin embargo, el punto que más discusión generó fue la postura de recomendar la disposición de reasignaciones o excedentes petroleros para cubrir los fondos de préstamos personales y al seguro de salud. "Ahora resulta que tendremos que presupuestar los recursos extraordinarios, que no se pueden etiquetar. Aquí el director del ISSSTE nos presentó un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se dio una quemada enorme, porque sí habrá afectaciones presupuestarias", sostuvo.
Por su parte, el senador perredista Tomás Torres aseguró que en el costo de la transición no se ha incluido que el Estado deberá erogar las pensiones en curso, "que son adicionales".
A lo largo de la reunión de trabajo, diputados de PRI y PT también cuestionaron el hecho de que, si se prevé el éxito de la figura de Pensionissste, entonces debería aprobarse un candado y mantener en esta administradora la exclusividad del manejo de las cuentas de los trabajadores, y no abrir la transferencia al concluir los tres primeros años de vigencia de dicho mecanismo de ahorro. "Si va a funcionar tan bien como dicen, seguramente ningún trabajador querrá pasarse a otra Afore a los tres años", argumentó el diputado del PT Joaquín Vela.
Previamente, en una extensa presentación de los principales puntos de la iniciativa, Yunes refirió que para proteger los recursos de los trabajadores, la administradora pública manejará los fondos "en exclusiva por 36 meses", y después de ese plazo "cada trabajador elegirá personal y voluntariamente si continúa en el Pensionissste o traslada sus recursos a cualquier administradora".
Aun cuando al cierre de esta edición se inició una ronda de participaciones para discutir la iniciativa, antes de debatir el proyecto de dictamen, PRI y PAN advirtieron que el documento se aprobaría aun de madrugada, y que sólo se admitiría una adición propuesta por el diputado priísta José Rosas Aispuro, quien planteó que la regulación sobre el manejo exclusivo de las cuentas sea revisado cada tres años, con base en estudios actuariales y, en su caso, promover reformas o adiciones.
Durante la discusión, Juan Guerra propuso que Pensionissste no opere como una Afore privada, y que su director sea electo por la Cámara de Diputados, y convocó a no cerrar la posibilidad de modificar la iniciativa y dar más tiempo para su revisión "No somos diputados para votar a ciegas", advirtió.
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Rechaza el SME propuesta de Cárdenas sobre Pemex y CFE
(apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunciaron en contra de los diez puntos propuestos por Cuauhtémoc Cárdenas para reactivar la industria petrolera del país, que incluso prevén la participación de la iniciativa privada en el sector.
El vocero del SME, Fernando Amezcua, consideró que el trasfondo de la propuesta de Cárdenas es posicionarse de manera personal en la vida pública nacional. No obstante, reiteró que el sindicato de electricistas rechaza cualquier intento de privatización del sector.
La idea de la privatización, dijo, es un pretexto oficial para convencer a la sociedad de que carece de recursos para sostener a la industria. No obstante, destacó que si se canalizan adecuadamente los dineros del erario, entonces Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serían autosuficientes.
Sin embargo, las opiniones al interior del PRD están divididas, pues mientras el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, consideró que la idea de incorporar a la IP a un consejo de planeación de la política petrolera en México podría ser “una novedad que podría sacar a Pemex de la crisis que se encuentra”, el secretario de Comunicación, Gerardo Fernández Noroña, rechazó tajante la propuesta cardenista.
“Debería valorarse con cuidado esta iniciativa”, observó Acosta Naranjo. “Nos educaron a todos bajo la gran gesta de la expropiación petrolera, hecha por el general Lázaro Cárdenas; nos plantearon que es una de las cosas más importantes que haya hecho el Estado mexicano, y hoy nos quieren decir que eso no va así”, atajó por su parte Fernández Noroña.
Incluso las divergencias llegaron hasta la Cámara de Diputados.
Así, el legislador perredista Francisco Santos respaldó la postura de Cárdenas, al asegurar que “no podemos cerrar los ojos y rehuir un tema crucial, como es modernizar Pemex, sin que ello signifique que el Estado abandone su rectoría en el sector”.
No obstante, su similar José Antonio Almazán, exsecretario del Exterior del SME, ratificó que la postura del PRD ha sido clara en no permitir la apertura del sector a la inversión privada.
“Ni en Pemex ni en la CFE se debe permitir la participación de inversionistas privados, pues ello sólo terminará en la pérdida de rectoría del Estado mexicano” en el sector.
Cabe recordar que ayer domingo 18 de marzo, en la ceremonia del 69 aniversario de la expropiación petrolera, Cárdenas expuso diez puntos, en los que propuso la apertura del sector energético a la iniciativa privada.
Incluso exhortó a especialistas, académicos, ciudadanos y legisladores a discutir este planteamiento, para echar andar opciones de aprovechamiento de la riqueza de hidrocarburos en el país.
Leer nota original en Proceso
Aprueban en comisiones la nueva Ley del ISSSTE
Después de una reunión de más de seis horas se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de la nueva Ley del ISSSTE.
"Se aprueben comisiones unidas de Hacienda y Seguridad Social el dictamen correspondiente a la nueva Ley de ISSSTE", comentó Jorge Estefan Chidiac presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El PRD rechazó la iniciativa y decidió abandonar la discusión. Argumentó que la reunión de las comisiones unidas de Hacienda y Seguridad Social fue una farsa ya que todo estaba listo para dictaminar la ley.
"A esas farsas nosotros no vamos y asumimos el derecho y la responsabilidad de decidir lo que a nuestro juicio consideramos frente a esta farsa que se está escenificando aquí, así que allá ustedes con su dictamen", afirmó Juan Guerra, diputado del PRD.
Durante el análisis de la iniciativa el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, respondió a las dudas de los legisladores y reiteró que esta ley permitirá garantizar la viabilidad del instituto, resguardará los recursos de los trabajadores y no generará un daño en las finanzas públicas.
"Si no hacemos nada por reformar y rescatar al ISSSTE enfrentaríamos un proceso de deterioro acelerado de todos los servicios de la institución, en perjuicio de más de diez millones de trabajadores y derechohabientes", concluyó Yunes.
Además del PRD, PT y Convergencia expresaron su rechazó a la iniciativa que este martes se presentará ante el pleno en primera lectura.
Leer nota original de Once TV
Atrae la PGR el caso de la balacera en Boca del Río
(apro).-.La Procuraduría General de la República atrajo la averiguación sobre la balacera en que fueron ultimados tres policías en Boca del Río, Veracruz, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Manuel Orozco.
Por su lado, el titular de la Procuraduría local, Emeterio López Márquez, reveló que el ataque perpetrado contra los policías estatales "fue una represalia por la detención de varios involucrados en la balacera de Villarín", congregación del puerto de Veracruz.
López Márquez consideró que este ataque "es una cadena relacionada con la balacera" registrada en una carrera de caballos, en que murieron dos supuestos integrantes de Los Zetas.
Explicó que la reciente agresión se da después que los policías de Veracruz detuvieron a delincuentes en la congregación de Villarín, los cuales fueron trasladados a México y puestos a disposición de la PGR.
Cabe recordar que a finales de febrero, en Villarín se registró un enfrentamiento a balazos durante una carrera de caballos, en que murieron dos personas, cuatro resultaron lesionadas y seis detenidas, entre ellas un agente de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Ahí murió Roberto Carlos Carmona Gasperín, originario de Tuxtepec, el que presentaba siete impactos de bala en tórax, abdomen, flanco derecho y espalda, y quien presuntamente era uno de los líderes de Los Zetas y cuyos restos fueron robados después de un panteón en Poza Rica, en que habían sido sepultados.
Luego de los hechos, policías estatales y federales detuvieron a los presuntos involucrados en la balacera: Francisco Javier Villarreal Reyna, José Francisco Mendoza Gómez, Sergio Humberto de la Garza Almanza, Eduardo Lagunes Avelar, Hugo Barola Palencia y Javier Rodríguez Dávila,
Estas seis personas, quienes inicialmente fueron recluidas en el penal “Ignacio Allende”, en el puerto de Veracruz, fueron después trasladadas por la SIEDO al Distrito Federal.
Es pertinente señalar que el comandante Gerardo Gutiérrez Monrraga, quien fue uno de los ejecutados ayer en Boca del Río, había participado en la captura de los sicarios involucrados en la balacera de Villarín, y en que se presume participaron miembros de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
Los otros policías abatidos fueron identificados como Miguel Ángel de Jesús Pengomo y Joaquín Cueto, mientras el civil respondía al nombre de José Alberto Fernández Torres.
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