Arturo Rodríguez García, Proceso 1584
SALTILLO, COAH.- El caso de los militares presos por la violación de 14 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños en junio del año pasado se acerca a su fase final: el próximo lunes 26 se realizará una reconstrucción de hechos, lo que permitirá al juez que está al frente del proceso contar con pruebas suficientes para emitir su sentencia definitiva en un plazo no mayor de tres meses.
Sin embargo, las víctimas se sienten indefensas porque, dicen, tanto ellas como las activistas que las asesoran reciben amenazas, y también les pesa la actitud del juez Hiradier Huerta, quien determinó que no existían las pruebas necesarias para culpar a uno de los soldados implicados, por lo que ordenó su puesta en libertad.
Además, las denunciantes aseguran que durante las diligencias acuden al juzgado autoridades ajenas al caso y se mantienen en contacto con la defensa de los acusados. Y para colmo el viernes 2, Wendy y Nubia, dos de las bailarinas agredidas, se desistieron de la demanda.
El de Castaños es el primer juicio que se sigue en el país fuera de los tribunales castrenses contra militares por el delito de violación. Los hechos ocurridos el 11 de julio de 2006 se consignan en 14 expedientes judiciales; cada uno consta de más de mil fojas, en las que se detallan las acciones de dos pelotones del 69 Batallón de Caballería asignados a una sede distrital del Instituto Federal Electoral (IFE) para cuidar paquetería electoral.
Ese día, de acuerdo con las indagatorias, los soldados se enteraron que dos de sus compañeros se habían emborrachado en un salón llamado El Pérsico, ubicado en la zona de tolerancia de Castaños, donde posteriormente tuvieron una riña. De inmediato la tropa abordó un vehículo Hummer para dirigirse al lugar.
Al llegar, los soldados tundieron a los policías municipales que hacían guardia en el tugurio y a quienes intentaron auxiliarlos. Dispararon al aire y obligaron a las bailarinas del local a desnudarse, las llevaron a cuartos donde las violaron y, luego, las condujeron a un terreno despoblado donde las abandonaron. Varias fueron penetradas hasta por seis uniformados, algunas quedaron inconscientes. Poco después arribó a la zona de tolerancia otro Hummer con más militares, quienes no participaron en los desmanes pero sí consumieron bebidas alcohólicas.
Los comandantes de la Sexta Zona Militar, Rubén Venzor Arellano, y de la XI Región Militar, Roberto Miranda, fueron removidos de sus puestos a raíz de estos hechos. Y cinco semanas después, el 17 de agosto de 2006, ocho de los 12 implicados en las violaciones fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Monclova, entre ellos el sargento Juan José Gaytán Santiago, identificado por las querellantes como el que daba las órdenes para que la tropa acometiera contra las bailarinas indefensas.
Los otros siete detenidos son Norberto Carlos Francisco Vargas, Ángel Antonio Hernández Niño, Roberto González Estrada, Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Casimiro Ortega Hernández y Rosendo García Jiménez.
El juez Hiradier Huerta, del Juzgado Segundo en materia penal, con sede en Monclova, integró las averiguaciones previas de manera individual y en las cuales las víctimas identificaron plenamente a sus agresores.
En el caso del soldado Héctor Méndez de la Cruz, el juez Hiradier Huerta determinó que no existían pruebas suficientes en su contra, por lo que lo dejó en libertad, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso Proceso.
SALTILLO, COAH.- El caso de los militares presos por la violación de 14 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños en junio del año pasado se acerca a su fase final: el próximo lunes 26 se realizará una reconstrucción de hechos, lo que permitirá al juez que está al frente del proceso contar con pruebas suficientes para emitir su sentencia definitiva en un plazo no mayor de tres meses.
Sin embargo, las víctimas se sienten indefensas porque, dicen, tanto ellas como las activistas que las asesoran reciben amenazas, y también les pesa la actitud del juez Hiradier Huerta, quien determinó que no existían las pruebas necesarias para culpar a uno de los soldados implicados, por lo que ordenó su puesta en libertad.
Además, las denunciantes aseguran que durante las diligencias acuden al juzgado autoridades ajenas al caso y se mantienen en contacto con la defensa de los acusados. Y para colmo el viernes 2, Wendy y Nubia, dos de las bailarinas agredidas, se desistieron de la demanda.
El de Castaños es el primer juicio que se sigue en el país fuera de los tribunales castrenses contra militares por el delito de violación. Los hechos ocurridos el 11 de julio de 2006 se consignan en 14 expedientes judiciales; cada uno consta de más de mil fojas, en las que se detallan las acciones de dos pelotones del 69 Batallón de Caballería asignados a una sede distrital del Instituto Federal Electoral (IFE) para cuidar paquetería electoral.
Ese día, de acuerdo con las indagatorias, los soldados se enteraron que dos de sus compañeros se habían emborrachado en un salón llamado El Pérsico, ubicado en la zona de tolerancia de Castaños, donde posteriormente tuvieron una riña. De inmediato la tropa abordó un vehículo Hummer para dirigirse al lugar.
Al llegar, los soldados tundieron a los policías municipales que hacían guardia en el tugurio y a quienes intentaron auxiliarlos. Dispararon al aire y obligaron a las bailarinas del local a desnudarse, las llevaron a cuartos donde las violaron y, luego, las condujeron a un terreno despoblado donde las abandonaron. Varias fueron penetradas hasta por seis uniformados, algunas quedaron inconscientes. Poco después arribó a la zona de tolerancia otro Hummer con más militares, quienes no participaron en los desmanes pero sí consumieron bebidas alcohólicas.
Los comandantes de la Sexta Zona Militar, Rubén Venzor Arellano, y de la XI Región Militar, Roberto Miranda, fueron removidos de sus puestos a raíz de estos hechos. Y cinco semanas después, el 17 de agosto de 2006, ocho de los 12 implicados en las violaciones fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Monclova, entre ellos el sargento Juan José Gaytán Santiago, identificado por las querellantes como el que daba las órdenes para que la tropa acometiera contra las bailarinas indefensas.
Los otros siete detenidos son Norberto Carlos Francisco Vargas, Ángel Antonio Hernández Niño, Roberto González Estrada, Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Casimiro Ortega Hernández y Rosendo García Jiménez.
El juez Hiradier Huerta, del Juzgado Segundo en materia penal, con sede en Monclova, integró las averiguaciones previas de manera individual y en las cuales las víctimas identificaron plenamente a sus agresores.
En el caso del soldado Héctor Méndez de la Cruz, el juez Hiradier Huerta determinó que no existían pruebas suficientes en su contra, por lo que lo dejó en libertad, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso Proceso.
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